Los tribunales ponen en jaque las decisiones de los gobiernos

El último ejemplo: Uber se acaba de sumar un tanto después de ganar la contienda judicial que mantenía abierta contra el Gobierno Vasco y los taxis tras el aval del TSJPV. Pero este choque no es aislado. La Diputación de Gipuzkoa y los camioneros han librado una batalla judicial por el cobro en los peajes de la N-1 y la A-15. Y los pisos turísticos en Donostia o la OPE en Irun para ocupar un puesto de Policía local también se han visto envueltos en un embrollo que, de alguna manera, han menoscabado la facultad decisoria de los gobiernos municipales. Junto a ello, Iñigo Urkullu ha visto cómo el TSJPV tumbaba sus medidas antipandemia hasta en cuatro ocasiones.

Fuentes judiciales descartan que exista un pulso y engloban estos casos en la lógica del equilibrio entre poderes. Aunque sí reconocen que el criterio de la Sala de lo Contencioso del TSJPV -cuya función es el control de decisiones institucionales- es «más restrictivo» que el de los servicios jurídicos del Gobierno cuando, por ejemplo, están en juego derechos básicos como el de la libertad de empresa (caso Uber).

Además, las mismas fuentes apuntan a un cambio de tendencia en los pleitos que se dirimen. Antes, estos 'tropezones' derivaban de problemas competenciales y, ahora, de nuevos contenciosos que tienen que ver con la reglamentación autonómica de normativas estatales. Lo que aporta más incertidumbre cuando se evalúa la letra pequeña. Entonces, ¿a qué se deben estos encontronazos? Alberto López Basaguren e Iñaki Lasagabaster arrojan luz.

¿Existe realmente un pulso? Alberto López Basaguren distingue dos casuísticas dispares, aunque con una base común, para argumentar su 'no'. La primera, cuando hay una interpretación muy consolidada de las normas y los gobiernos se empeñan en intentar forzar las circunstancias, o cuando la situación jurídica no está tan clara, como por ejemplo ha ocurrido con la pandemia. «En este caso -dice- las leyes han sido superadas por la realidad, y todavía no se ha terminado de aclarar judicialmente qué es lo que pueden hacer o no los poderes públicos».

El catedrático en Derecho Constitucional no aprecia un «empecinamiento» por parte de los diferentes ejecutivos. «El problema se plantea si los poderes públicos insisten en una vía que ya los tribunales han dejado clara. Ahí sí habría un pulso», precisa. Además, López Basaguren considera que este tipo de portazos judiciales no son extraños: «En el ámbito jurídico, la discrepancia de interpretaciones y que al final sean los tribunales los que resuelven en contra de lo que una Administración ha hecho es algo que se asume con bastante más naturalidad de la que lo toma la gente común», sostiene. Eso sí, el catedrático de la UPV reconoce un aspecto «llamativo». «En el ámbito político hay veces que se transmite, por parte de los gobiernos, un desagradado especialmente mal llevado o mal digerido con una decisión de un tribunal que es contraria a lo que pretendían. Pero el sistema judicial tiene sus procedimientos de depuración de esa interpretación y, guste o no, la interpretación final que en su caso establezca el Tribunal Supremo (en un recurso de casación) es la que tiene efectos legales. Esas son las reglas de juego», zanja.

La pregunta entonces es: ¿Por qué se dan estos fallos cuando los gobiernos cuentan con servicios jurídicos que les asesoran? «Muchas veces -explica López Basaguren- la decisión política es previa y luego a los servicios jurídicos se les obliga a defenderla, sabiendo en muchos casos que no tiene una sólida defensa. Y también hay servicios jurídicos a la orden de quien manda», resume.

En todo caso, dice, «hay momentos en que los tribunales, y ese puede ser el caso de la OPE de Irun, tardan en tener la oportunidad de establecer la legalidad de algunas normas administrativas como el decreto de perfiles lingüísticos en las Administraciones». Por eso, argumenta que puede existir por parte de los tribunales una interpretación que «no es siempre coherente hasta que finalmente aclaran su doctrina».

Antes de dar voz a su opinión, Iñaki Lasagabaster quiere dejar claro que hablar del Poder Judicial requiere «rigor», especialmente cuando se trata de comentar una sentencia. Eso sí, apunta a la necesidad de que, para evitar choques como los expuestos en estas páginas, los magistrados sean «respetuosos con su obligación de motivar las sentencias debidamente». «La crítica que les podamos hacer se situará precisamente en el análisis de lo que dicen», sostiene el catedrático de Derecho Administrativo que, ante este escenario, considera que hay «carencias importantes» a la hora de realizar críticas a las actuaciones judiciales de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJPV. Por este motivo, pone un ejemplo: «Si se tiene esa opinión sobre la epidemiología -dice en alusión al comentario del juez Garrido, que sostuvo que «el epidemiólogo es un médico de cabecera que ha hecho un cursillo»- lógicamente será muy difícil que se valoren positivamente las decisiones de los poderes públicos vascos en relación con la pandemia».

Precisamente, el último revés judicial que sufrió Urkullu a cuenta de la pandemia -un auto «desafortunado» fechado el 7 de mayo, dice-, incluía la siguiente frase: «Solo por ley del Estado pueden establecerse limitaciones al ejercicio de los derechos fundamentales». Una teoría que, según el profesor de la UPV, sería «jurídicamente catastrófica» para el autogobierno vasco, ya que «todo el ordenamiento jurídico vasco sería inconstitucional». «Esta afirmación es frontalmente contraria a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que ya en 1981 se pronunció sobre esta cuestión, diciendo lo contrario, y nadie lo ha puesto en cuestión», lamenta. Además, pone el acento en que «solo los tribunales superiores del País Vasco, Aragón y Madrid son los que han echado para atrás las medidas antipandemia».

Y resume: «Ante resoluciones judiciales de este tipo es difícil llevar una acción de Gobierno; producen demasiada inseguridad por su imprevisibilidad y su escasa e inadecuada motivación». «Y la reciente resolución sobre los perfiles lingüísticos en Irun creo que tampoco favorece el optimismo», continúa. Por eso Lasagabaster no cree que la Justicia actual «esté a la altura de los acontecimientos y de las necesidades de la ciudadanía». Y adelanta que desde la Universidad «hemos comenzado un trabajo de análisis de las jurisprudencia de las resoluciones del Tribunal Superior, con la voluntad de aportar lo que podamos para la mejora de esta situación».

Y resume: «Ante resoluciones judiciales de este tipo es difícil llevar una acción de Gobierno; producen demasiada inseguridad por su imprevisibilidad y su escasa e inadecuada motivación». «Y la reciente resolución sobre los perfiles lingüísticos en Irun creo que tampoco favorece el optimismo», continúa. Por eso Lasagabaster no cree que la Justicia actual «esté a la altura de los acontecimientos y de las necesidades de la ciudadanía». Y adelanta que desde la Universidad «hemos comenzado un trabajo de análisis de las jurisprudencia de las resoluciones del Tribunal Superior, con la voluntad de aportar lo que podamos para la mejora de esta situación».