Torra, dispuesto a pagar el precio que haga falta por la independencia

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, a su llegada al TSJC. / EP

El presidente de la Generalitat declara en el TSJC como investigado por desobediencia por no retirar a tiempo los lazos amarillos

CRISTIAN REINOBarcelona

El presidente de la Generalitat aprovechó este miércoles su comparecencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para poner su imputación como prueba de que está dispuesto a llegar hasta el final para alcanzar la independencia y para cargar contra el Estado español, quien a su juicio ha orquestado una «maniobra» política para sentarle en el banquillo.

Un día después de cumplir un año al frente del Gobierno catalán, Torra se valió de su declaración ante el juez acusado de desobediencia para sacar pecho, frente a los sectores más radicales del independentismo que le acusan de no cruzar la línea roja del desacato y de no dar pasos hacia la secesión. «Pagaré el precio que haga falta» y «asumiré las consecuencias necesarias» en defensa de la libertad, afirmó.

Torra quería un baño de masas, como el que se dio Artur Mas cuando declaró como investigado por el 9-N en 2015 (fue acompañado por 400 alcaldes), pero en el caso del actual presidente de la Generalitat la parroquia independentista no respondió. Intentó la foto de una multitud arropándole al pie de las escalinatas del palacio de justicia y apenas dos centenares de personas acudieron a dar su apoyo al jefe del Ejecutivo catalán.

Eso sí, su gobierno en pleno y representantes de todas las fuerzas secesionistas y de las plataformas sociales. Como siempre, el independentismo buscó la escenografía simbólica: recorrido desde el arco del triunfo hasta el TSJC. Pero en esta ocasión la falta de público deslució la protesta.

Torra declaró por espacio de tres cuartos de hora. Ante el juez, apeló a la libertad de expresión como argumento para no retirar los lazos amarillos de la fachada del Palau de la Generalitat como así le ordenó la Junta Electoral Central el pasado mes de marzo. Además, en su comparecencia, en la que respondió al fiscal pero no a la acusación popular de Vox, aseguró que la Junta Electoral no tenía competencias para obligarle a retirar los lazos y afirmó que la orden era imprecisa.

Tras su paso por el juzgado, el presidente de la Generalitat ofreció una rueda de prensa desde el Palau de la Generalitat, donde cargó contra la Junta Electoral por actuar «con parcialidad manifiesta y clara intencionalidad política». Hemos pasado, dijo, «de la Fiscalía te lo afina, a la Junta Electoral te lo afina». A su juicio, la orden que este organismo le dictó y que le obligaba a descolgar los lazos amarillos y las pancartas a favor de los presos de la fachadas de los edificios de la administración catalana fue «injusta e ilegal». Y en consecuencia, «no se puede obedecer una orden que conculque derechos fundamentales».

El presidente de la Generalitat acabó retirando la simbología soberanista de los edificios del Gobierno autonómico, pero lo hizo tarde, dos días después del plazo y tras un intento de burlar la orden de la Junta Electoral, ya que cuando le pidió que descolgara la pancarta con el lazo amarillo, la tapó con otra que llevaba un lazo blanco. Finalmente, acabó retirando todas.

Los tres últimos presidentes de la Generalitat han sido imputados o procesados por delitos relacionados con el proceso secesionista. Mas fue condenado a un año de inhabilitación por un delito de desobediencia por organizar la consulta ilegal del 9-N. Puigdemont, por su parte, está procesado por un delito de rebelión por los hechos de octubre. Torra, mientras, está imputado por desobediencia. Podría ser inhabilitado dos años si es condenado.