Un informe del Memorial revela que en 2019 se duplicó el número de seguidores de Al Qaeda capturados en España

Según los datos del Centro Memorial, los servicios policiales han intensificado en los últimos tres años las investigaciones contra las redes de financiación del yihadismo. De ese trabajo se desprende que si en 2017, un 7,8% de los arrestados estaban implicados en actividades de financiación del yihadismo, al año siguiente eran el 10,3% de los detenidos y en 2019 se elevaron hasta el 24%.

Muchas veces, en el pasado, se ha actuado contra individuos que realizaban actuaciones de micro financiación, de envío de pequeñas cantidades de dinero a terroristas que estaban operando en Siria o en Irak. En los dos últimos años, sin embargo, se ha ido mucho más allá y se han descubierto estructuras empresariales utilizadas para canalizar importantes recursos económicos destinados no ya a individuos, sino a alguna de las organizaciones terroristas más importantes como el Daesh o Al Qaeda. En 2018 se puso al descubierto, por un lado, el tráfico de antigüedades procedentes de países en guerra que servían para financiar al Estado Islámico y, por otro, una red empresarial con barcos utilizada para todo tipo de contrabandos ilícitos que también contribuía con sus beneficios a engrosar las arcas del mismo grupo.

De todas las actuaciones llevadas a cabo en 2019 destaca la Operación Wamor, desarrollada por el Cuerpo Nacional de Policía, que condujo a desmantelar «una sólida estructura empresarial que, presuntamente, canalizaba recursos para Al Qaeda», expone esta investigación. Diez personas fueron detenidas y acusadas de formar parte de esta importante célula y otras doce fueron investigadas e interrogadas, aunque no se llegara a proceder a su detención. Nueve de los detenidos en esa ocasión tenían nacionalidad española, pero eran de origen sirio. Se trata de descendientes de ciudadanos sirios que abandonaron su país a principios de los años ochenta huyendo de la represión del régimen de Hafez el Assad -padre del actual presidente de Siria- contra los Hermanos Musulmanes.

El trabajo del Centro Memorial desvela que las investigaciones sobre el terrorismo yihadista realizadas por los cuerpos de seguridad condujeron en 2019 a la detención de 58 sospechosos en territorio español, el doble que los registrados el año anterior. Las investigaciones con servicios extranjeros dieron lugar al arresto de otras diez personas en terceros países. En total, hay que contabilizar 68 detenidos por su presunta implicación en actividades terroristas, siete más que en 2018.

En 2019, Madrid desplazó a Cataluña como la comunidad en la que se llevó a cabo un mayor número de detenciones. «Los dos territorios representan las comunidades en las que los focos de radicalización proyihadista suelen ser más relevantes a juzgar por el número de detenciones que tienen lugar se producen en ellos», detalla el estudio.

El pasado año en la Comunidad de Madrid se contabilizaron 23 detenciones de presuntos implicados en actividades yihadistas. La cifra representó el 39,6% del total de arrestos practicados en España. Cataluña se situó en segundo lugar con ocho detenidos que representan el 13,8% de todos los arrestos. Barcelona, con siete detenidos, acaparó la mayor parte de las operaciones, mientras que en Tarragona se registró el octavo arresto. Tras esas dos comunidades se situaron la Comunidad Valenciana y Andalucía, con seis capturas en cada una de ellas que suponen el 10,34%. En quinto lugar, se situó Canarias, con cuatro detenciones (el 6,8%), seguida de Euskadi, con tres (5,17%), y Melilla, con dos (3,4%). Otras seis comunidades y ciudades autónomas (Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia, Navarra, Aragón y Ceuta) contabilizaron una detención cada una de ellas.

Por primera vez en los últimos años, el mayor número de detenidos se dio entre los ciudadanos españoles que desplazaron a los de Marruecos que han sido tradicionalmente los que encabezaban las cifras de los arrestados en las investigaciones por yihadismo. Los arrestados de nacionalidad española ascendieron a 26, que representan nada menos que un 44,82% del total. Entre los españoles detenidos había siete personas que eran de origen marroquí, nueve de origen sirio y uno más de origen iraquí.

Los ciudadanos marroquíes detenidos fueron 22 (el 37,93% del total). El resto de los detenidos procedían de otros siete países: Argelia (tres detenidos), Siria (dos), Libia, Irak, Francia, Mauritania y Túnez, con uno cada uno.

Al menos treinta de los 58 detenidos el pasado año, lo que supone algo más de la mitad, un 51,7%, fueron acusados de vinculación con el Daesh, en línea con lo que ha ocurrido en los últimos años en los que la gran mayoría de los sospechosos estaban alineados con el Estado Islámico. Sin embargo, en 2019 hubo diez detenidos (un 17,24%) que trabajaban en favor de Al Qaeda, cifra que duplica la que se registró durante el ejercicio anterior. En el resto de los detenidos no constan simpatías específicas por un grupo u otro o mostraban afinidad a los dos.

En 2019, las FSE volvieron a realizar una operación contra reclusos que realizaban actividades de radicalización y reclutamiento dentro de las cárceles. El año anterior la Guardia Civil, en la Operación Escribano, actuó contra 25 reclusos distribuidos en 17 cárceles. El pasado ejercicio fue la Policía Nacional la que, en la Operación Kafig, llevó a cabo la captura e interrogatorio de cinco reclusos y otras tres personas que estaban en libertad acusadas de formar una célula dedicada a la radicalización de otros presos.

Las operaciones Escribano y Kafig «ponen de manifiesto que también en España se plantea el problema que ya han tenido que afrontar otros países vecinos, particularmente Francia, como es el peligro de que la convivencia en las cárceles de presos yihadistas con reclusos condenados por delitos comunes sea utilizada por los primeros para radicalizar a los segundos y atraerlos hacia el terrorismo», apunta el trabajo del Centro Memorial.

La publicación de este trabajo del Centro Memorial incluye un prólogo del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el que recuerda a los tres españoles asesinados en 2019, el sacerdote Antonio César Fernández, en Burkina Faso, y la pareja de novios formada por María González Vicente y Alberto Chaves Gómez, muertos en Sri Lanka. El ministro, además, expresa «el reconocimiento del Gobierno» a las tropas españolas desplegadas en Mali, que sufrieron atentados que no causaron víctimas.