El Supremo admite a trámite el recurso del SUP contra la ley vasca de abusos policiales

Concentración contra la ley vasca de abusos policiales./
Concentración contra la ley vasca de abusos policiales.

El sindicato considera que la normativa pretende someter a los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado a una «justicia paralela»

EL DIARIO VASCO

El Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso planteado por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) contra la ley de abusos policiales aprobada por el Parlamento Vasco, según ha informado este sindicato.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) interpuso un recurso ante el Supremo contra un auto del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), que desestimó otro recurso anterior planteado por el sindicato policial contra la citada norma.

La ley, que pretende «reconocer y reparar» a las víctimas de excesos de la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Ertzaintza entre 1978 y 1999, fue aprobada por primera vez hace tres años por el Parlamento autonómico, pero ni siquiera llegó a entrar en vigor. El Gobierno Rajoy presentó de inmediato un recurso al considerar que se arrogaba competencias exclusivas del Poder Judicial. Entre otros asuntos, que se iba a crear una comisión de expertos para determinar e investigara posibles casos de torturas.

La moción de censura dio un vuelco a la situación. Nada más llegar a La Moncloa, Pedro Sánchez pactó con Urkullu la retirada del recurso a cambio de que la norma se matizara. Sobre todo en lo referido a la comisión de valoración y el alcance de sus trabajos.

En un comunicado, el SUP entiende que esta ley vasca pretende someter a los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado a una «justicia paralela», en lo que es «una burla hacia las únicas víctimas del terrorismo, las asesinadas por ETA».

El SUP se ha reunido esta semana con representantes de PSE, PP, Ciudadanos y Vox para hacerles llegar su rechazo frontal a esta ley. Además, durante esas reuniones el SUP ha trasladado a estos partidos la necesidad de incentivar la permanencia de los policías nacionales «en aquellas comunidades autónomas en las que los movimientos independentistas representan una amenaza para la estabilidad del Estado».