Miles de personas urgen a Sánchez a acabar con la «política antiterrorista disfrazada de reparación»

Como no podía ser de otra forma, la tradicional marcha que cada enero organiza Sare en Bilbao ha tenido que adecuarse también al envite del Covid-19. La red ciudadana de apoyo a los presos de ETA se vio obligada a adaptarse al escenario de crisis para seguir dando cabida a una misma reivindicación: poner fin a la dispersión de los reclusos de la organización armada y, en general, acabar con «una política antiterrorista nostálgica y disfrazada de reparación».

Con este objetivo bajo el brazo, Sare encabezó por la mañana un acto en el Palacio Euskalduna donde Joseba Azkarraga y Arantza Aldezaba -portavoces del colectivo- dieron lectura a un manifiesto frente a 70 representantes del mundo político, social y sindical. Un aperitivo previo a las movilizaciones que se llevaron a cabo por la tarde en 238 localidades repartidas por Euskadi (160), Navarra (77) y Baiona que reunieron a miles de personas que clamaron por los derechos de los presos bajo el lema 'Bidea gara' (Somos el camino). Y aunque la crisis sociosanitaria impidió fotografiar una única imagen en la capital vizcaína, la demanda de acabar con el alejamiento de los reos de ETA siguió siendo la consigna protagonista de la jornada.

Previamente, durante el acto celebrado por la mañana, Azkarraga reconoció que hoy se viven «tiempos de esperanza» en lo relativo a la situación de los reclusos de la banda ya disuelta. «Algo se está moviendo en política penitenciaria», reconoció en alusión a la decena de acercamientos a cárceles próximas a Euskadi que se están produciendo desde que Pedro Sánchez llegó a la presidencia del Gobierno central. Exactamente, han sido 144 los traslados de presos de ETA autorizados desde su llegada a la Moncloa en 2018. De ellos, el 80% se han llevado a cabo durante el 2020. Un escenario que, a ojos de Sare, «muestra un cambio de postura».

«Se están produciendo algunos traslados a cárceles más próximas a sus familias. Y ello es un alivio», admitió el representante de Sare. Y aunque se apreció un cambio de tono en el discurso, acto seguido puntualizó que el escenario actual sigue siendo «inaceptable». «La forma en la que aún se está procediendo a las progresiones de grado es tan limitada que todavía un 65% de estos presos se encuentran en primer grado penitenciario», denunció. Por ello, reconoció que aun siendo esperanzadores los movimientos que se están produciendo en el ámbito penitenciario desde el ministerio del Interior, «el panorama dista de ser tranquilizador».

A este respecto, Azkarraga lanzó una serie de cifras para contextualizar su denuncia. Así, aseguró que hay 218 presos de ETA, «la mayor parte -dijo- dispersa por 36 cárceles españolas, mientras que otras treinta se encuentran ubicadas en cárceles francesas». Además, apuntó que alrededor de 80 niños han recorrido durante la crisis «casi 2.000 kilómetros» para visitar en prisión a su aita, ama o ambos. Igualmente, Azkarraga recordó que hay seis presos de más de setenta años y 60 reclusos que han cumplido dos tercios de su condena, que otros ocho lo harán en el transcurso de este año y que son 17 los presos que presentan enfermedades «graves e incurables».

Fueron estos datos la base de las reivindicaciones que Sare demandó: el fin «real» del alejamiento; la excarcelación de presos con enfermedades graves; la progresión de grados para que «puedan hacer el proceso de reinserción»; los permisos penitenciarios; y abordar la ley Orgánica 7/2003. Porque, según insistió, con ETA ya disuelta «no tiene ningún sentido una política antiterrorista nostálgica y disfrazada de reparación». De ahí que reclamara dar pasos y «acelerar» el proceso como senda para favorecer la convivencia en Euskadi y que el Gobierno «sea audaz en sus decisiones de poner fin a esta política penitenciaria». «Estamos ante un nuevo tiempo de esperanza, pero solo se materializará si empujamos, tenaz y unánimemente, en esa dirección», insistió.

El representante de la red ciudadana quiso además dedicar unas palabras a las víctimas de ETA y manifestó que el hecho de que el colectivo reivindique los derechos de los reclusos de la banda terrorista «no nos impide comprender y solidarizarnos con los sufrimientos que han tenido aquellas personas a las que la violencia les ocasionó un daño irreversible y afectó profundamente a su vida personal y familiar». «Les debemos respeto y comprensión en su dolor», recalcó. Durante las marchas por la tarde se leyó un comunicado que exigió «poner fin a la política penitenciaria de excepción».