El Gobierno Vasco pide aplicar el nuevo protocolo de presos enfermos «sin excepciones»

El secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del Gobierno Vasco, Jonan Fernández/
El secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del Gobierno Vasco, Jonan Fernández

Jonan Fernández aplaude la decisión del ministro Marlaska y recuerda que el criterio debe regirse por los principios de «igualdad y no discriminación»

Miguel Villameriel
MIGUEL VILLAMERIEL

El secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del Gobierno Vasco, Jonan Fernández, ha reclamado este lunes que el nuevo protocolo del Ministerio de Interior para presos enfermos sea aplicado «sin excepciones, bajo el principio de igualdad y no discriminación». Fernández se ha pronunciado de esta forma tras conocerse la decisión del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, de establecer un nuevo protocolo que objetiva el elemento de la humanidad en el cumplimiento de las penas privativas de libertad, pero siempre con un control judicial.

«El principio humanitario es uno de los principios en que se ha de basar una política penitenciaria democrática», ha recordado Fernández, quien ha asegurado que el Gobierno Vasco apoya el cambio de criterio que representa el nuevo protocolo en relación con la excarcelación de presos enfermos graves.

En opinión del representante del Ejecutivo vasco, la nueva directriz «viene a corregir una instrucción anterior que nunca se debía haber producido por su manifiesta inhumanidad», en referencia al protocolo dictado en 2017 por el Gobierno de Mariano Rajoy, que solo permitía la puesta en libertad de presos en estado terminal.

Fernández ha indicado que ahora el Gobierno Vasco «espera y reclama que este criterio humanitario sea aplicado sin excepciones, bajo el principio de igualdad y no discriminación».

El ministro del Interior ha insistido este lunes que se ha establecido un nuevo protocolo que objetiva el elemento de la humanidad en el cumplimiento de las penas privativas de libertad, pero siempre con un control judicial. Lo ha hecho en una entrevista en RNE, cuando se le ha preguntado sobre la situación del exministro Eduardo Zaplana, en prisión provisional e ingresado en el hospital por complicaciones en su estado de salud a raíz de la leucemia que padece.

En el caso de Zaplana, el ministro ha explicado que será la juez de instrucción competente en la investigación de los hechos imputados quien debe resolver sobre su situación.

Postura de PNV y Sare

La presidenta del PNV de Bizkaia, Itxaso Atuxa, ha señalado que la excarcelación de presos enfermos muy graves es una «cuestión de derechos humanos» y «tiene que abarcar a cualquier tipo de presos».

En una entrevista en Radio Euskadi, Atutxa ha señalado que el protocolo adoptado por el Ministerio del Interior «se acerca más a directrices internacionales que había que cumplir y que gobiernos anteriores no lo habían hecho». Ha indicado que sí «lo hicieron los socialistas en su momento con políticas penitenciarias concretas dentro de la misma legislación y con el mismo marco legislativo que tuvo el PP y que no lo hizo».

Atutxa ha señalado que el caso de Eduardo Zaplana es «el más mediático» estos días «pero hay muchos presos en situaciones graves de salud o preocupantes». Ha defendido que «lo más normal es que esa época de su vida la puedan pasar con los suyos. Si se llama Eduardo Zaplana, se llama Eduardo Zaplana», ha concluido la dirigente del PNV.

Por su parte, la red de apoyo a los presos de ETA Sare ha pedido que la derogación del protocolo dictado en 2017 por el PP, «que solo permitía la puesta en libertad de presos en estado terminal», no sirva «únicamente» para atender «las demandas» de Eduardo Zaplana «sino que se aplique al resto de presos».

Sare ha remarcado que valora «todos los pasos» que se den para solucionar la situación que padecen los presos gravemente enfermos, «entre ellos 21 de ETA», pero ha indicado que espera que «no quede en un simple enunciado del Gobierno» como ha ocurrido, a su juicio, con el anuncio del fin de la política de alejamiento.

Respecto al contenido del protocolo, considera que tiene «lagunas» como que «continúa limitando derechos con una Instrucción que no tiene ningún carácter legal y que deberían formar parte del Código Penal».

A su juicio, una instrucción «puede servir para regular horarios de comedores escolares o piscinas, pero no para algo tan importante y fundamental y un bien constitucional protegido, como es el derecho a la vida». Asimismo considera que «es difícilmente entendible» que «entre a valorar estados de salud», algo que, agrega, «debe ser una función exclusiva de los profesionales de la salud».