Sare confía en que el traslado de presos de ETA a Euskadi culmine en Navidad

La red ciudadana Sare aprecia una evolución «lenta, pero positiva» en el acercamiento de presos de ETA durante el último año y espera que «en los próximos meses se llegue al kilómetro cero», de manera que una parte «importante» de estos reclusos «se encuentren ya ubicados» en centros penitenciarios vascos. Sare hace un balance «claro oscuro», reconoce que el acercamiento de 22 reclusos en las últimas dos semanas a cárceles de Euskadi supone un paso adelante «en aras a la normalización», pero, al mismo tiempo, remarca que 47 presos, el 28% del total, todavía se encuentran encarcelados en prisiones «fuera de casa».

La plataforma ciudadana denunció ayer en San Sebastián las «interferencias» de los diferentes órganos judiciales en la aplicación de la legislación ordinaria que permitiría «la vuelta a casa» de todos los presos de ETA. Los portavoces de Sare, Joseba Azkarraga y Bego Atxa, criticaron la aplicación de «la política de excepción» que, a su juicio, no atiende a razones jurídicas «después de 11 años desde la desaparición de la actividad de ETA». Consideró que responde a criterios «políticos y de venganza» y, en ningún caso, «al sentir de la sociedad vasca».

En una rueda de prensa, Azkarraga afirmó que la Audiencia Nacional y los demás instancias jurídicas del Estado actúan como «órganos de extrema derecha» que ejercen una «posición de bloqueo» en la aplicación de la legislación ordinaria de los presos que, les permitiría la obtención de terceros grados o la redención de penas.

La «cerrazón», citaron, procede de instancias judiciales «situadas a 400 kilómetros de Euskal Herria» y está en manos de personas que «no conocen este país» y «desoyen» las recomendaciones y propuestas de las Juntas de Tratamiento, las direcciones de las cárceles, los técnicos y funcionarios que conocen la evolución de los presos.

Los portavoces de Sare criticaron la actuación de la Fiscalía al recurrir las decisiones que toman «quienes están más cerca en el día a día». Una actitud que se caracteriza por su «crueldad e ilegalidad», aseguraron durante la comparecencia. A este respecto quisieron destacar que se «hagan esfuerzos para evitar las nefastas consecuencias de la legislación de excepción».

Sare volvió a reclamar el reconocimiento de los derechos fundamentales de los presos: su derecho cumplir condena cerca del domicilio habitual, a disfrutar de su vida familiar, a la vida, en especial a los presos enfermos, a cumplir condenas no perpetuas y el fin de la «legislación de excepción». «Cada cual tiene su responsabilidad, y nosotros asumimos la nuestra, esto es, recordar, mediante la denuncia y la movilización, que la existencia de casi 200 presos no tiene justificación ninguna», aseguró el exconsejero de Justicia del Gobierno Vasco.

El balance de la organización revela que «la calidad democrática de un país tiene un índice de caracterización por la forma en que trata a las personas en prisión» y denuncia que el Estado español «no puede dar lecciones de calidad democrática en ese ámbito».

Según el análisis de Sare, «son aproximadamente 80 los presos que podrían estar en tercer grado, pero no son más de 20 los que lo han alcanzado». El documento arroja datos sobre la distancia a recorrer por las familias de los presos teniendo como referencia de origen Vitoria. De los 47 presos que se encuentran en cárceles repartidas por el Estado, el más cercano se encuentran a 115 km y el más lejano a 380 km.

En este sentido, la red de apoyo a presos mencionó a los 20 presos encarcelados en centros penitenciarios del Estado francés donde agradeció la labor de denuncia que lleva a cabo Bake Bidean y Artesanos de la Paz en Iparralde. A juicio de Sare, el avance llega tarde y considera que «debería de haberse producido hace tiempo». Azkarraga destacó el agravante que supone la actual situación «de excepcionalidad» de los reclusos, «sobre todo si se tiene en cuenta que hablamos de personas que, en algunos casos, han pagado hasta más de 30 años de prisión sometidos a una política penitenciaria vulneradora de muchos de sus derechos».

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