Sanción al Gobierno Vasco por hacer de menos a un ertzaina víctima de ETA

Sanción al Gobierno Vasco por hacer de menos a un ertzaina víctima de ETA

La Agencia de Protección de Datos impone una falta grave al Ejecutivo por no mencionar los méritos del agente en un acto en el que le dieron una medalla al valor por orden judicial

DAVID S. OLABARRI

La Agencia Vasca de Protección de Datos ha sancionado al Departamento vasco de Seguridad con una falta «grave» por el tratamiento que dispensó a un exagente víctima de ETA que fue reconocido con una medalla con distintivo rojo en un acto que se celebró en junio de 2017 en la comisaría de Erandio, donde se homenajeó a 13 ertzainas en presencia de las principales autoridades de Euskadi. El organismo censura que el Ejecutivo autonómico desvelase en público datos personales del exertzaina –como que estuvo de baja laboral por las amenazas de la banda terrorista– y no se refiriese a sus «méritos y cualidades» después de 15 años luchando contra ETA en unidades especializadas. Un comportamiento que –añade– supuso una notable «injerencia» en el «derecho fundamental a la privacidad» del funcionario. «Me he sentido humillado», denuncia Guillermo, que tiene previsto ahora reclamar una indemnización por daños y perjuicios.

Lo cierto es que el Departamento de Seguridad reconoció la labor del ertzaina por orden judicial. El Ejecutivo entendía que su incapacidad no derivaba de una «actuación concreta», sino «del modo» en que le afectó saberse objetivo de ETA. Para él, en cambio, se trataba de algo básico, de una cuestión de justicia. «Cuando te dicen que estás entre los principales objetivos de ETA es como si te comunican que tienes cáncer. Piensas que tarde o temprano te van a matar».

El Gobierno Vasco se vio obligado a condecorar al funcionario después de que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 6 de Bilbao estableciese que el ertzaina cumplía los requisitos para que su trabajo fuese reconocido con una medalla con distintivo rojo, una de las máximas condecoraciones posibles a nivel policial. Los problemas llegaron durante el acto de homenaje. El presentador se refirió a Guillermo de la siguiente forma: «Su identificación apareció» en poder de ETA, «en concreto en un dossier encontrado en Francia el 9 de mayo de 2003, cuando pertenecía al grupo especial de Adjunto a la Viceconsejería de Seguridad». «A consecuencia de ello, pasó por distintas bajas laborales y finalmente se le reconoció una incapacidad permanente total para el ejercicio de su profesión. Incapacidad calificada inicialmente como contingencia común, recurrida esta calificación, la concesión de hoy responde al cumplimiento de una sentencia», de la que derivó la «declaración de incapacidad permanente total por accidente de trabajo. Zorionak».

«Cuando te dicen que estás entre los objetivos de ETA es como si te dicen que tienes cáncer»

Descripción «imprescindible»

Guillermo se sintió ultrajado. Uno de sus familiares escuchó a unos asistentes preguntarse si le habían dado una medalla porque había «estado de baja». A él le dolió especialmente que no se valorase su labor en las unidades contra ETA ni los problemas que sufrió –tanto él como su familia– por la amenaza terrorista. El agente pidió explicaciones al Departamento de Seguridad, pero no recibió contestación. En realidad –puntualiza–, no han respondido a ninguno de sus correos en los últimos dos años. Fue entonces cuando se puso en contacto con la dirección de Víctimas del Terrorismo del Gobierno central y con la dirección de Paz y Convivencia del Gobierno vasco. De forma paralela, pidió amparo a la Agencia de Protección de Datos. En sus alegaciones, el Ejecutivo autonómico se justificó asegurando que aquella descripción pública de sus «méritos» resultaba «imprescindible para explicar sucintamente la razón de ser de la entrega de la medalla».

La Agencia de Protección de Datos, sin embargo, niega la mayor e insiste en que hubiese bastado una lectura del fundamento cuarto de la sentencia de la jueza Ana María Martínez Navas. En este párrafo, la magistrada señala que el agente sufrió de forma «coercitiva» durante años «amenazas y miedo» con la «consiguiente restricción de su libertad personal». Y apuntó que su actuación a lo largo de los años «lo fue en beneficio de la seguridad de toda la colectividad».