Una reforma «demasiado» exprés

Imagen del Congreso, donde se podría llegar a debatir la propuesta del Gobierno sobre los aforamientos. / S. BARRENECHEA / EFE
Imagen del Congreso, donde se podría llegar a debatir la propuesta del Gobierno sobre los aforamientos. / S. BARRENECHEA / EFE

El Gobierno, que ha confiado al Consejo de Estado la reforma de este régimen, mantiene que la desprotección se limite a delitos que no se cometan en el ejercicio del cargo | El Gobierno, que ha confiado al Consejo de Estado la reforma de este régimen, mantiene que la desprotección se limite a delitos que no se cometan en el ejercicio del cargo

AINHOA MUÑOZSAN SEBASTIÁN.

Lo que pretendía ser una medida estrella del Gobierno de Pedro Sánchez, ha acabado por volverse en su contra. O al menos criticada por muchos matices. Y es que poner en marcha una reforma exprés de la Constitución para delimitar los aforamientos de diputados, senadores y miembros del Ejecutivo central no ha sido, precisamente, una propuesta que haya suscitado el consenso del resto de grupos parlamentarios. Sobre todo teniendo en cuenta que la idea inicial del PSOE era suprimir este régimen jurídico especial solo para todos aquellos delitos que no se hayan cometido en el ejercicio estricto del cargo, es decir, alcoholemias, homicidios, asesinatos, desobediencias de tráfico, denegación de auxilio... todo aquello que no tuviera relación directa con la función que desempeñan.

Fueron muchos entonces los que se hicieron la misma pregunta: ¿Y qué pasa con la corrupción? En la primera propuesta del Gobierno, los delitos de prevaricación, cohecho o malversación de fondos sí quedarían amparados por este fuero especial. Y aunque, hoy por hoy, la intención del Gobierno socialista es mantener el aforamiento para los delitos que se cometan en el «estricto ejercicio de las funciones del cargo público», la portavoz del Gobierno Isabel Celaá salió el viernes al paso asegurando que su «voluntad política» es que la corrupción quede fuera del aforamiento. Toda una declaración de intenciones que, sin embargo, ya no está en sus manos, ya que la pelota está ahora en el tejado del Consejo de Estado, a quien el Gobierno le ha encomendado la tarea de hacer la propuesta formal para restringir los aforamientos.

En cualquier caso, todo este vaivén de ideas e iniciativas pone de manifiesto, según los expertos, que la reforma planteada por el Gobierno no se ha estudiado de manera sosegada. Y son muchos los 'peros' que Alberto López Basaguren, Juan José Solozábal, Joaquín Giménez y Eduardo Vírgala ponen encima la mesa.

Alberto López Basaguren | Catedrático de Derecho Constitucional de la UPV/EHU «La propuesta se ha hecho deprisa y corriendo»

«Ni el propio Gobierno sabe con precisión en qué consiste su propuesta». Con esta contundencia habla Alberto López Basaguren sobre la intención de Pedro Sánchez de poner en marcha una reforma de la Constitución para poner coto a los aforamientos. «Plantear una propuesta con estas características pone de manifiesto las prisas con las que se ha hecho», sentencia el catedrático de Derecho Constitucional de la UPV/EHU, que cree «a todas luces» que la intentona del Ejecutivo socialista viene precedida por «intereses partidistas a corto plazo».

El hecho de que Isabel Celaá anunciase que «su voluntad política» es que los delitos de corrupción no queden amparados por este fuero especial pone en evidencia, a ojos de Basaguren, que la propuesta del Gobierno del PSOE «no está madurada». «Se ha hecho deprisa y corriendo, de manera precipitada, sin hablar previamente con el resto de partidos, y si se quiere llegar a un consenso, las conversaciones con los partidos se tendrían que haber hecho antes», sostiene. Además, el experto constitucionalista avisa de que el proyecto de reforma planteado «no tiene viabilidad procedimental». Es decir, que Basaguren ve la medida con pocos visos de prosperar en tanto en cuanto no existe a día de hoy «consenso» en el Congreso.

Aun así, Basaguren lanza un argumento para contradecir a todos aquellos que creen que el aforamiento es un privilegio de la clase política. «Ser aforado tiene su aspecto negativo, y es que mientras los ciudadanos tienen derecho a que todos sus pleitos sean juzgados en su totalidad dos veces -es decir, que se puede recurrir en segunda instancia-, a los aforados se les reduce a solo un juicio». La única ventaja que Basaguren observa ante este hecho es que a los cargos públicos les juzga en primera y única instancia un tribunal, el Supremo, que «se supone que es de más categoría profesional» y, por tanto, «tienen menos riesgo de incurrir en error».

Juan José Solozábal | Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid «Se pone en tela de juicio la labor del Supremo»

El Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid tiene también una opinión crítica sobre la supresión de los aforamientos, pero no precisamente por la intención del Gobierno de Pedro Sánchez de limitar este régimen jurídico especial que muchos tildan de privilegio. Si no todo lo contrario. Juan José Solozábal es de los que opina que la figura del aforado no es, en ningún caso, una concesión ventajosa para los cargos públicos que se enfrentan a un proceso judicial, si no una «prerrogativa» por el puesto que ocupan.

A su juicio, que un político goce del aforamiento -es decir, que sea el Tribunal Supremo el que juzgue el delito en primera y única instancia- «no supone que haya un mayor riesgo de impunidad». «No creo que la persecución de un delito cometido por un cargo público esté dificultada porque sea el Supremo quien lleve la causa», argumenta. El razonamiento que esgrime Solozábal para rechazar la propuesta del Gobierno central es que el Alto Tribunal está formado «por los mejores jueces». Solozábal considera, además, que el hecho de que sea solo el Supremo quien tenga la función de juzgar los supuestos delitos cometidos por los cargos públicos no supone una «desprotección de los ciudadanos» ni les «limita sus derechos». «El aforamiento es perfectamente compatible con la igualdad de los españoles ante la ley», insiste.

Por eso, no cree necesaria la propuesta del Ejecutivo socialista de limitar los aforamientos al «estricto ejercicio de las funciones del cargo público». Esta medida, a ojos de Solozábal, es un «ataque» al Tribunal Supremo por sembrar dudas sobre su labor: «Se pone en tela de juicio que el Supremo es más influenciable políticamente que los demás, y eso está por ver», sentencia.

«No estoy de acuerdo en absoluto con lo planteado por el Gobierno, porque una reforma constitucional es muy seria, hay que hacerla con tiempo y debería hacerse con un consenso mayor», manifiesta. Además, zanja Solozábal, «veo muy difícil poder sacarlo adelante, porque no se puede sacar algo así de la noche a la mañana».

Joaquín Giménez | Magistrado emérito del Tribunal Supremo «Transfieren a los jueces un problema político»

Que el Gobierno central haya decidido encargar al Consejo de Estado la propuesta de reforma constitucional para reducir el aforamiento de los diputados, senadores y miembros del Ejecutivo no ha gustado nada a Joaquín Giménez, magistrado emérito y exmiembro a su vez de la Sala Segunda -la de lo Penal- del Supremo que juzga a aforados. «Han querido transferir a los jueces un problema político», critica.

En su opinión, el Ejecutivo central debería ser más «riguroso» y no hacer una distinción de delitos a la hora de delimitar cuáles deberían seguir siendo juzgados por el Supremo y cuáles no. «Si quieren hacer desaparecer los aforamientos, que se haga de verdad, del todo», asegura. E insiste: «La verdadera desaparición de los aforamientos sería decir que desaparece el artículo 71 de la Constitución sin poner excepciones». Si no se hace así, asegura Giménez, todo supondrá una reforma «tímida», «a medias», un «café con leche», enumera el magistrado.

Él, que durante su carrera profesional ha visto desfilar por los pasillos del alto tribunal algún que otro caso protagonizado por políticos, cree que el aforamiento es un «privilegio que no tiene ningún sentido». «El aforamiento convierte a la sala segunda en el oscuro objeto de deseo para controlarla por cualquier gobierno», confiesa sin tapujos. Aunque matiza: «No se pone en duda la separación de poderes, pero se desconfía porque no les corresponde (a los políticos) un tribunal que corresponde al resto de los mortales».

Eduardo Vírgala | Catedrático de Derecho Constitucional de la UPV/EHU «Si algún delito se queda fuera, no tendría sentido»

Eduardo Vírgala cree que la supresión -o delimitación en el caso de la propuesta de Pedro Sánchez- de los aforamientos responde a un sentir popular de que los políticos tienen determinados privilegios. Por eso, opina que si la reforma de la Constitución se plantea en los términos de mantener este fuero especial para el «estricto ejercicio de las funciones del cargo público, no tendría sentido ni respondería a ese ansia o descontento entre los ciudadanos frente a la actitud de los políticos».

Vírgala, catedrático de Derecho Constitucional de la UPV/EHU, tiene una posición muy clara sobre la supresión de los aforamientos, y es que su extinción se debería extender más allá del ámbito parlamentario, es decir, abolir esta figura también para jueces, fiscales y miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado. «Estamos en una situación absolutamente excepcional», critica.

En la misma línea que Giménez, Vírgala también cree que eliminar el aforamiento de diputados, senadores y miembros del Gobierno central «solo tiene sentido si se suprime todo». Es decir, que no se haga distinción entre los delitos.

Y más allá de que ahora será el turno del Consejo de Estado de elaborar la propuesta formal, Vírgala considera que, según las palabras dadas desde la presidencia del Gobierno, «la reforma sería muy mínima porque se dejaría a salvo otros privilegios de los políticos, como la inmunidad». «Todo está por ver, pero parece que no se tocarían otros apartados de la Constitución como la inmunidad parlamentaria». Además, añade, «tampoco hay ninguna seguridad de qué pasaría con aquellos políticos que estuvieran ya en el Tribunal Supremo o a punto de estarlo».

Vírgala, que opina que hay otros apartados de la Constitución que son más necesarios de reformar antes que la cuestión de los aforados, entiende que, sea cual sea la intención del Gobierno, una reforma de la Constitución «hay que hacerla con tranquilidad». Sin prisas.

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