El PSOE lleva al Constitucional el bloqueo de PP y Ciudadanos a la ley de estabilidad

Rafael Simancas enseña a la prensa en el COngreso el recurso del PSOE al Constitucional. /Efe
Rafael Simancas enseña a la prensa en el COngreso el recurso del PSOE al Constitucional. / Efe

Critican las maniobras «tramposas» e «inconstitucionales» de las dos formaciones para no tramitar la reforma que retiraría al Senado su capacidad de veto

María Eugenia Alonso
MARÍA EUGENIA ALONSOMadrid

El PSOE ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra el acuerdo de la Mesa del Congreso que rechazó tramitar de forma exprés su proposición de ley para reformar la ley de estabilidad financiera y eliminar la capacidad de veto del Senado sobre la senda de déficit.

Así lo ha anunciado este jueves el portavoz adjunto del grupo socialista, Rafael Simancas, quien ha asegurado que lo hacen «para defender el derecho de la mayoría de los españoles y las españolas representadas en el Pleno a tramitar leyes que beneficien al bienestar del conjunto». El diputado del PSOE ha criticado las maniobras «arteras», «tramposas» e «inconstitucionales» de PP y Ciudadanos para bloquear en la Cámara baja su iniciativa.

Un bloqueo que, en opinión de los socialistas, contraviene el artículo 23 de la Constitución y el 150 del reglamento de la Cámara baja. Según Simancas, el ordenamiento constitucional solo otorga a la Mesa facultades «de orden técnico y procedimental, no políticas». Por este motivo, indicó que los populares y liberales actúan con «oportunismo político» para impedir que el Gobierno de Pedro Sánchez saque adelante los Presupuestos Generales del Estado para 2019.

Los socialistas hacen público su recurso ante el Constitucional el mismo día en que el partido de Pablo Casado prevé estrenar precisamente su mayoría absoluta en el Senado para tumbar los objetivos de déficit y deuda que consiguió sacar adelante la semana pasada en el Congreso con el respaldo del bloque de la moción de censura.

La senda prevista por Sánchez para el próximo año da un margen de endeudamiento del 1,8% a las administraciones públicas frente al 1,3% que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy. Esas cinco décimas suponen unos 6.000 millones de euros que se distribuirían de manera desigual: 1.000 millones para el Estado, 2.500 millones para la Seguridad Social y otros 2.500 millones para las comunidades autónomas.

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