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J. A.
San Sebastián
Lunes, 17 de marzo 2025, 01:00
El PP quiere que el Ministerio de Interior compruebe si Bildu cumple con el requisito de rechazo a la violencia que se exige para ... poder cobrar subvenciones del Estado después de que en las listas municipales de mayo de 2023 incluyese a candidatos que habían cumplido condena por delitos de terrorismo. La controversia se suscitó a finales de febrero en el seno del Tribunal de Cuentas cuando el pleno discutía la aprobación del informe de fiscalización de las elecciones locales de mayo de 2023.
Cuatro de los consejeros del organismo, propuestos en su día por el PP, recordaron que en esos comicios Bildu incluyó a 23 candidatos que habían cumplido condenas por delitos de terrorismo y remarcaron que el artículo 127.4 de la Ley Electoral prohíbe dar subvenciones a formaciones que integren a condenados por terrorismo, salvo que hubieran «rechazado públicamente los fines y los medios utilizados».
En un voto particular, estos consejeros argumentaban que el Tribunal de Cuentas tenía que bloquear el abono de las subvenciones electorales a Bildu hasta asegurarse de que sus candidatos condenados ratificaban su rechazo a la violencia. Durante el debate en el pleno se impuso el criterio de la mayoría, que considera que la certificación del rechazo al terrorismo no es una tarea del fiscalizador, sino de quien abona las subvenciones, que es la Dirección de Política Interior del Ministerio que encabeza Fernando Grande-Marlaska.
El PP ha pedido la comparecencia en el Congreso de la subsecretaria de Interior para que aclare qué medidas han adoptado en relación con los 1,3 millones de euros que pedía Bildu.
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