PNV, EH Bildu y Podemos respaldan que el derecho a decidir sea un eje central del nuevo estatus vasco

Por el momento, los cinco grupos parlamentarios que participan en la ponencia se limitaron a darse un mes para buscar puntos en común en sus respectivas propuestas sobre el futuro del autogobierno vasco. Transcurrido ese tiempo, el 13 de diciembre, volverán a reunirse para visualizar los hipotéticos acuerdos a dos o más bandas, cuyo objetivo es que los textos de cada uno de los grupos vayan compendiándose para ser el germen de un borrador de mínimos. En la reunión de ayer no se decidieron los siguientes pasos que dará la ponencia, aunque la propuesta del PNV apunta a que sea la coordinadora de este órgano, la parlamentaria jeltzale Jone Berriozabal, la que redacte un borrador con las bases y principios consensuados en parte por la ponencia para que, posteriormente, «un grupo de expertos» o «una institución de reconocido prestigio» elabore el borrador del nuevo estatus en un plazo de ocho meses. Por ahora es solo la propuesta del PNV, pero la posición final de la ponencia podría decantarse por un camino similar.

Desde la creación de la ponencia de autogobierno la anterior legislatura, se sabía que el llamado derecho a decidir iba a ser uno de los puntos de mayor discordia a la hora de abordar el nuevo estatus, por lo que el debate que se produjo ayer no sorprendió a nadie. Tampoco lo hizo la posición defendida por PNV, EH Bildu y Elkarrekin Podemos, formaciones que siempre se han mostrado partidarias de reconocer el derecho a decidir, aunque cada una con sus matices. En lo que coinciden es en que no se puede hurtar a la ponencia este debate, razón por la rechazaron la propuesta de PSE y PP de avanzar en otros aspectos en los que es más previsible el acuerdo, dejando al margen cuestiones más polémicas como el derecho a decidir.

Las reuniones de la ponencia se celebran a puerta cerrada y ayer no estaba previsto que los representantes de los grupos hicieran declaraciones a los medios, aunque Pello Urizar (EH Bildu) decidió comparecer para destacar lo que calificó como «un buen punto de partida» para esta nueva fase: «Los tres partidos mayoritarios en el Parlamento vemos el derecho a decidir como uno de los ejes del nuevo estatus», y este asunto se mantendrá en la «centralidad» del debate en la ponencia.

Horas después, el PSE emitió un comunicado en el que señaló que «son posibles grandes acuerdos sobre autogobierno sin conducir a Euskadi a la frustración». Los socialistas, que comparten gobierno con el PNV en las principales instituciones vascas, recordaron también que el acuerdo parlamentario que puso en marcha la ponencia el pasado enero apelaba a lograr «el máximo consenso» entre los grupos y condicionaba el resultado de los trabajos al «respeto al ordenamiento jurídico». En este sentido, el partido de Idoia Mendia aseguró que «el debate sobre el derecho a decidir no tiene cabida si lo que se busca es un texto articulado que responda al ordenamiento jurídico vigente», ya que «el derecho a decidir la independencia» que proponen algunos grupos «no cabe en el marco constitucional».

Para evitar que las diferentes visiones sobre el derecho a decidir puedan complicar en su momento los trabajos de la ponencia, el PSE hizo suya una propuesta recogida en el texto de Elkarrekin Podemos para que aquello que pueda no ajustarse al actual ordenamiento jurídico sea debatido en paralelo, sin condicionar de esta forma el trabajo global sobre el futuro del autogobierno. Esta posibilidad se tratará en la próxima reunión de la ponencia, prevista para el 13 de diciembre.

En el próximo mes, los grupos buscarán propuestas coincidentes en sus respectivas propuestas sobre autogobierno de cara a incorporarlas a un borrador para el nuevo estatus. Para ello, representantes de los grupos mantendrán contactos bilaterales o multilaterales para buscar puntos de acuerdo que les permitan presentar textos comunes en la próxima reunión de la ponencia. No hay una metodología establecida para esas reuniones, que se celebrarán a iniciativa de los grupos y no tienen por qué ser públicas.

Una vez que los partidos logren consensuar (o no) partes de cada uno de sus textos, el 13 de diciembre entregarán sus nuevas propuestas en la ponencia, que deberá decidir entonces el nuevo calendario para que de ahí salga un primer borrador.