La UCO revela que el PNV pidió mantener en el Gobierno a un cargo clave para los negocios de Cerdán y los jeltzales lo niegan

El informe policial reproduce un escrito del entonces secretario de Organización del PSOE en el que se menciona la continuidad de Javier Cachón al frente de la Dirección de Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, así como dos referencias genéricas a «un puesto importante» en Adif y otro en INI o SEPI.

Según destacan los investigadores, la figura de Cachón cobra relevancia por su participación posterior en la tramitación del proyecto minero de Mina Muga, uno de los elementos analizados dentro del caso que salpica a Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García.

Según recoge la investigación de la UCO, a la que ha tenido acceso este periódico, en junio de 2018 Cerdán transmitió a través de Koldo García al recién nombrado ministro de Fomento y todopoderoso secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, una serie de solicitudes para nombrar a cargos en varios departamentos gubernamentales. Uno de esos documentos, un archivo digital titulado 'Peticones (sic.) nombramientos PNV', incluye tres puntos: un puesto «importante» en Adif (administrador de infraestructuras ferroviarias) y otro en la SEPI (sociedad de participaciones industriales que sustituyó al INI).

Ninguno de esos dos recoge un nombre propio, aunque un apunte posterior añade que las identidades se las dirían unos días después: «Vienen del PNV el lunes por la tarde para decirme y explicarme». La solicitud restante, en cambio, sí es explícita. Algún representante de los nacionalistas vascos habría pedido expresamente mantener en la Dirección de Evaluación Ambiental a Javier Cachón, del que se recordaba que, pese a haber tenido esa responsabilidad en el Gobierno de Rajoy, «fue nombrado por Zapatero» y «es muy buen profesional».

Cachón era, en concreto, el director general de Biodiversidad y Calidad Ambiental durante la etapa de Isabel García Tejerina (PP) como ministra de Medio Ambiente. Los autores del informe de la UCO destacan la relevancia de que el PNV solicitara mantener a este cargo una vez que el Gobierno pasó a manos del PSOE tras la moción de censura. A partir de ese relevo, Teresa Ribera se puso al frente del departamento, renombrado como Ministerio para la Transición Ecológica, y Cachón continuó en su puesto.

El cargo en cuestión fue el encargado de dar después el visto bueno (firmó la Declaración de Impacto Ambiental) a la actuación en Mina Muga, en Navarra, que fue el «primer proyecto conjunto entre Acciona Construcción y Servinabar», la empresa de la que era socio el propio Santos Cerdán, «siendo por tanto el origen de las relaciones entre ambas sociedades». En concreto, Cachón aprobó el proyecto el 3 de mayo de 2019, casi un año después de la investidura de Sánchez.

Mina Muga se trata de un proyecto para la extracción de potasa cerca de Sangüesa, en la frontera de Navarra con Aragón. La Guardia Civil ya la situó en un informe anterior como el origen de la trama. Ahí es donde se establecen los contactos entre Cerdán, Koldo y Fernando Merino, responsable de Acciona en la zona y que el pasado mes de junio fue despedido por la empresa.

El proyecto, ahora paralizado por la Justicia, fue promovido en 2015 por una filial de una minera australiana, que adjudicó a la UTE de Acciona y Servinabar la elaboración del proyecto por 56,9 millones. Se da la circunstancia de que en ese momento quien gobernaba Navarra era Uxue Barkos, de Geroa Bai, mientras que el PSN estaba en la oposición.

En un informe anterior de la UCO, hay constantes referencias al interés que muestran Koldo y Cerdán por este proyecto y el papel de Antxon Alonso (socio de Cerdán) y Servinabar. Una nota del exchófer de Ábalos es significativa. Fechada el día 29 de mayo de 2017, iba acompañada en el apartado de 'Detalles' de los asuntos a tratar durante la reunión bajo el título de 'Temas con Antxón'. Entre los temas, debe destacarse la anotación: «Si consigo obras cuanto se me paga por conseguir y como se me paga».

El PNV afirmó desconocer completamente esas supuestas solicitudes. La dirección del partido sostiene que no reconoce como propios los movimientos recogidos en el informe y que no tiene constancia de ningún tipo de intervención en procesos de designación de cargos de la Administración General del Estado.

Asimismo, el partido niega que esas supuestas solicitudes tuvieran conexión alguna con el proceso político que desembocó en la moción de censura a Mariano Rajoy.

En su posicionamiento, el PNV insiste en que no tiene ninguna vinculación con la trama descrita por la Guardia Civil, ni con las personas implicadas, ni con las decisiones administrativas que ahora se encuentran bajo análisis judicial.