El PNV aprieta a Sánchez con el Estatuto ante el riesgo de colapso tras la condena al fiscal general

Esteban expresó ayer su extrañeza por el fallo del Supremo. Se mostró «perplejo» por la condena al fiscal general mientras Alberto González Amador, «un defraudador confeso, parece salir indemne». A la vez, el líder del EBB admitió que probablemente no habrá Presupuestos Generales del Estado, aunque reconoció que es muy posible que su grupo llegue a un acuerdo sobre este asunto con el Ejecutivo. En su opinión, la falta de mayoría en este momento alrededor del presidente es elocuente y va a impedir que salga al final aprobado en el Congreso.

El PNV tiene, en la práctica, la llave de la situación para evitar el descarrilamiento definitivo de la legislatura. Es consciente de que en este momento existe en el Congreso 'una mayoría negativa' que, tras la ruptura de Junts y de Podemos, impedirá sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado al Ejecutivo de coalición PSOE-Sumar. Pero, a la vez, tampoco está dispuesto a sumar sus votos al PP y Vox para forzar una moción de censura que desbanque a Sánchez del poder. El que tiene la manija para disolver las Cortes Generales y adelantar las elecciones ante este bloqueo es, insisten los jeltzales, únicamente el presidente del Gobierno.

Esta semana el presidente del EBB llamó por teléfono a Sánchez para mostrar su inquietud por la lentitud en el cumplimiento del Estatuto, sobre todo ante nuevas objeciones técnicas y políticas. El compromiso para completar las transferencias pendientes finaliza el 31 de diciembre. Esteban considera que un «incumplimiento» generaría una «situación muy grave».

Los jeltzales viven una situación paradójica y, a la vez, decisiva. Siempre han considerado que la línea roja para dejar de apoyar expresamente al Gobierno central sería la existencia de una sentencia que reconozca que los últimos escándalos de corrupción están detrás de una supuesta financiación ilegal del PSOE. Un extremo que, por ahora, no ven. Es la diferencia, al menos hasta el momento, con el fallo del caso Gürtel del PP que precipitó la moción de censura en mayo de 2018 que provocó la salida del poder de Mariano Rajoy.

A la vez, los jeltzales tampoco cierran filas de forma muy clara con Sánchez, si bien su rechazo al PP es superior, más aún si su regreso al poder va a depender del concurso de una Vox muy crecida en las encuestas de intención de voto. El PNV, además, ve al PP detrás del último informe de la UCOde la Guardia Civil que ha robustecido los indicios contra Cerdán y su entorno personal y detectan una maniobra para implicar a los nacionalistas en la red de mordidas, en la que se investiga al empresario Antxon Alonso, aunque sea indirectamente.

El incumplimiento del Estatuto, según el PNV, no es solo una cuestión simbólica, sino una exigencia política de peso que le permite justificar su alineamiento actual con el Gobierno de centroizquierda. A pesar de los avances en el traspaso de competencias, los nacionalistas vascos consideran que el Gobierno de Sánchez ha ralentizado la implementación de algunos aspectos fundamentales del Estatuto, especialmente en áreas como el control de las políticas de infraestructuras. Y van a dar la batalla hasta el último momento.

Sánchez confía en que, a pesar del alto voltaje, la sangre no llegue al río. Parte del íntimo convencimiento de que los populares no van a aflojar en su presión, pero que los nacionalistas vascos tampoco pueden respaldar su estrategia de presión. En esa línea, el PNV necesita escenificar que toda su apuesta de marcaje tiene un sentido ante el incumplimiento de los plazos establecidos para dar luz verde a las últimas transferencias.

Sin embargo, la última garantía para no colapsar de lleno la legislatura, para el presidente del Gobierno, es la manifiesta hostilidad entre el PP y el PNV, que se han cruzado agrios mensajes públicos en los últimos días.

La hostilidad mutua es manifiesta y es un factor que enreda la madeja al límite. El discurso crítico del PP con el PNV, sumada a sus maniobras en las instituciones europeas contra del reconocimiento al euskera, catalán y gallego, y las insinuaciones sobre corrupción irritan al máximo a los peneuvistas.