El Gobierno Urkullu lanzó ayer todo un órdago a la oposición al aprobar una ley de medidas urgentes que palían en cierta manera el 'roto' ... que provocó la prórroga presupuestaria. En esta ocasión el Ejecutivo de jeltzales y socialistas vuelve a necesitar al menos de una abstención de alguno de los tres partidos de la oposición. En el aire están nada más y nada menos que 250 millones de subida salarial para la función pública y para la RGI. Pero la llave del éxito o del fracaso de esta iniciativa la tiene la oposición. Una responsabilidad que le endosa el Gobierno a EH Bildu, Podemos y PP con la presión de estar a escasos meses de una cita electoral. Después de que se vivieran en diciembre semanas de tira y afloja entre PNV y EH Bildu en torno al frustrado proyecto presupuestario, el horizonte se veía poco menos que casi despejado para sacar una posterior ley que activase las subidas salariales que quedaban en la nevera. Sin embargo, aquella confiada previsión de que alguien acompañaría al Gobierno para materializar unas medidas económicas que beneficiarían a más de 100.000 ciudadanos vascos podría ser un espejismo porque, según pasan los días, y más tras el anunciado portazo del PP vasco, al gabinete Urkullu se le puede complicar su hasta ahora bucólica estabilidad.
Sin plan B a la ley conocida ya como '3 en 1', en el hipotético caso de que sea tumbada en el Parlamento Vasco en el pleno del 14 de febrero, el Gobierno Vasco se lo juega todo a una carta. Y eso tiene su riesgo. Queda tiempo, pero el apuro para el gabinete Urkullu es indisimulado, sobre todo después de haber apostado por aglutinar tres medidas en una sola ley y no haberlas separado. Pese a que los populares parecían volver a la senda del entendimiento con el Gobierno Vasco, todo apunta a que la formación de Alonso ha vuelto a la casilla de inicio tras la moción de censura de Rajoy. Quizá la inevitable ascendencia de Casado en el PP vasco pueda tener que ver en esta endurecida posición de los populares -no admiten que la RGI tenga más subida que los sueldos de los funcionarios- ante esta iniciativa gubernamental. EH Bildu podría tener la última palabra.
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