El caso De Miguel para por vacaciones

Los procesados por el caso De Miguel volverán a declarar en el tribunal después del verano. / R.C.
Los procesados por el caso De Miguel volverán a declarar en el tribunal después del verano. / R.C.

Los 26 procesados en el mayor sumario por corrupción de Euskadi declararán a partir de septiembre |

ANDER CARAZO VITORIA.

Han pasado 170 testigos en cuarenta sesiones desde aquel frío 7 de enero en que Alfredo de Miguel, diputado foral de Administración Local en Álava hasta su detención en marzo de 2010, y las otras 25 personas procesadas en el caso 'bautizado' con el apellido del principal acusado -en su mayoría cargos y militantes del PNV- se sentaron juntos por primera vez en el banquillo del Palacio de Justicia de Vitoria. En los seis meses transcurridos, con mayor o menor grado de detalle, los citados han desenmarañado en sus declaraciones una compleja red supuestamente urdida por el antiguo burukide y que habría cobrado comisiones irregulares a cambio de la adjudicación de contratos 'a dedo' por parte de las instituciones controladas por los jeltzales. Otros, a su vez, han negado este extremo y han justificado que sus negocios siempre quedaban dentro de lo legal.

Ahora toca un 'impás' de dos meses, en el que los jueces Jaime Tapia, Elena Cabero -la ponente- y Raúl Aztiria intercalarán juicios pendientes (como el correspondiente al asesinato en Vitoria de un bebé que fue lanzado por la ventana por la pareja de su madre), hasta que a mediados de septiembre se retome el 'macroproceso' con la declaración de los 26 imputados. El primer citado es el propio De Miguel. La previsión es que el juicio concluya a finales de noviembre.

Argumento de la defensa

Críticas a la investigación de la Ertzaintza

La defensa del antiguo 'número dos' del PNV alavés (delfín del soberanista Iñaki Generabarrena) ha criticado desde la primera jornada del juicio la actuación realizada por la Ertzaintza al considerar que se realizaron unos registros «indiscriminados» e incluso llegó a afirmar que se habían manipulado pruebas. El tribunal no dará a conocer su decisión al respecto hasta la publicación definitiva del fallo, que probablemente llegará en la antesala de las elecciones municipales y forales de mayo de 2019. El pasado miércoles, en la última jornada del 'macroproceso' antes del parón, un perito favorable a 'Txitxo' (como todo el mundo conoce al antiguo burukide) volvió a acusar a la Policía autónoma de haber realizado un trabajo «sesgado y erróneo».

Presiones para cobrar

«Tu hija me va a meter en un lío»

La abogada urbanista Ainhoa Alberdi, cuya denuncia había destapado este caso, ratificó en sala que la trama le había exigido «pasar por caja». Le habrían reclamado 100.000 euros a través de diversos medios, incluida la cuenta de email institucional que tenía De Miguel como miembro del Gobierno foral de Álava o con presiones a su padre. «Tu hija me va a meter en un lío», llegó a decir 'Txitxo' a Juan Antonio Alberdi, un reconocido militante nacionalista que en su declaración -eso sí- quiso descartar que esa cantidad fuese «para el partido». «Si esto era tan fácil de hacer no sería la única a la que se le había reclamado», insinuó la letrada en una de las vistas antes de desvelar cómo un político le avisó de que la denuncia le cerraría las puertas para la contratación con las administraciones vascas durante «muchos años».

Chalet cerca de la playa

El constructor que le 'regaló' una obra en Gorliz

Cuando a un decorador le indicaron en 2008 que para recuperar los 44.000 euros que había invertido en la reforma de la vivienda particular de Alfredo de Miguel y su esposa, Ainhoa Bilbao, en el municipio vizcaíno de Gorliz tenía que justificarlo como una obra en una oficina-txoko de Vitoria y que la factura tenía que aparecer a nombre de la constructora Bidegana, no se lo pensó dos veces. No creía que, diez años después, iba a tener que declarar sobre este tema ante un tribunal. Y es que, previamente, Prudencio Hierro (de Bidegana) había logrado varios contratos para levantar pabellones por parte de instituciones públicas. «No se olviden, lo que aquí se enjuicia es que una empresa que recibía adjudicaciones le hiciese una reforma en su casa particular», apuntó Izaguirre.

Nunca en primera fila

De Miguel, 'oculto' tras su esposa y amigos

De Miguel nunca quiso aparecer en la primera fila. Al frente de Kataia Consulting -que el juez instructor y la Fiscalía consideran una empresa pantalla- colocó a su esposa y a las mujeres de sus amigos Aitor Tellería (exconcejal de Vitoria) y Koldo Ochandiano (que fue miembro del Araba buru batzar). También lo hizo con Eskalmelo, una sociedad que se había fundado para la gestión de unos terrenos en las localidades de Kripán y Elvillar, que sobre el papel estaba dirigida por su amigo Eduardo Pérez. 'Txitxo' no quería constar como su responsable, y así se lo exigió a un notario de Amurrio por correo electrónico. Sin embargo, Pérez aseguró que en ningún momento llegó a tener conocimiento sobre los movimientos de las cuentas, los pagos y las facturas. «Cuanto menos sepa, mejor», reiteró durante la vista oral.

Unos sellos en duda

El desmarque de un viceconsejero

La mayoría de las defensa han mantenido una estrategia coral. Sólo el representante legal de Gurutz Larrañaga, viceconsejero de Cultura y Juventud bajo el Gobierno de Juan José Ibarretxe, se ha desmarcado en el juicio intentando demostrar que su cliente desconocía que se hubiesen firmado contratos con empresas de la 'trama De Miguel' que, como han asegurado varios testigos, carecían de cualquier tipo de experiencia en la materia. Su estrategia ha sido cargar todas las culpas sobre Xabier Sánchez Robles, director del Departamento vasco de Juventud. En Lakua no existía hasta ahora constancia sobre la existencia de los trabajos, pero el letrado de Sánchez Robles presentó unas carátulas selladas para intentar justificarlos. Sin embargo, éstas llamaron la atención del fiscal Josu Izaguirre al no ser coincidentes con las oficiales y carecer de cualquier registro de entrada.

En Zambrana

Presiones a funcionarios para dar un 'pelotazo'

Pese a contar con sendos informes en contra del Departamento vasco de Medio Ambiente y de la Diputación de Álava, nada iba a frenar el 'macropelotazo' previsto desde 2004 para instalar un polígono industrial en el pueblo de Zambrana. Sólo la salida de Ibarretxe de Ajuria Enea y la llegada de Patxi López llevó al traste esta operación. El antiguo jefe foral de Urbanismo relató en el juicio que le tocó defender esta operación -por la que De Miguel había mostrado un «interés especial»- pese a no estar «de acuerdo», ya que la recalificación que afectaba a cerca de cien hectáreas de suelo agrario le parecía totalmente «desmesurada» y contaba con unos cálculos que eran «totalmente endebles».

Diputación de Bizkaia

Empresas pantalla para defraudar a Hacienda

La Diputación de Bizkaia, por su parte, detectó dos sociedades de la 'trama De Miguel' (Sidepur y Zerulur) que habrían movido importantes cantidades de dinero entre los años 2005 y 2009, pese a carecer de estructura alguna. La inspección de finanzas de la institución foral consideró que ofrecían «todos los elementos» que apuntaban su uso fraudulento. «¿Cómo es posible que una persona que no tiene nada que ver con el mundo de las energías renovables pegue un 'pelotazo' así?», cuestionó un funcionario de la Administración de Bizkaia sobre una compraventa de acciones entre varias firmas investigadas que, en pocos meses, registraron una revalorización de las participaciones de 400.000 a 800.000 euros.

Empresas sin trabajadores

Sueldo de 15.800 euros por cuidar de los nietos

Kataia Consulting contaba con tres empleadas fijas. La hermana, la prima y la suegra de Alfredo de Miguel. Si bien el cometido de las dos primeras -en teoría- estaba claro (la administración y la elaboración de informes de calidad), en el caso de la tercera la investigación ha determinado que se encargaba del cuidado de sus nietos. Algo que ella ni confirmó ni desmintió durante su comparecencia judicial. Por ello tenía fijado un sueldo de 15.806 euros anuales. En total habría ingresado 34.000 euros, según su declaración de la renta, algo que el abogado del antiguo burukide intentó desmentir y afirmó que se le dejaron de pagar 21.000 euros en concepto de salario.

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