Médicos y abogados de presos de ETA exigen la libertad condicional de un centenar de reclusos

Un informe asegura que 24 de los 280 internos de le organización terrorista presentan enfermedades graves e incurables

J. ARTOLA SAN SEBASTIÁN.

Médicos y abogados de presos de ETA exigieron ayer la «inmediata» puesta en libertad de un centenar de reclusos «aplicando las vías que la legislación penitenciaria y penal recoge» para los presos con enfermedades graves e incurables, los que cumplen los 70 años de edad durante la condena y los que tienen cumplidas tres cuartas partes de la condena, según informó Europa Press.

Asimismo, reclamaron el traslado a un centro penitenciario cercano al domicilio familiar y la progresión a una clasificación de grado «acorde a la situación personal y penitenciaria» de reclusos con trastornos psicológicos, mayores de 60 años, con más de la mitad de la condena cumplida, mujeres que se encuentran solas, y madres y padres con hijos menores de edad.

En una comparecencia en Bilbao, las médicos Mati Iturralde y Miren Arana, y los abogados Haizea Ziluaga e Iñaki Zugadi, presentaron un informe sobre las condiciones de cumplimiento de condena de los 280 presos de ETA, que cifra en 24 los reclusos que presentan diagnósticos graves e incurables. De ellos, dos se encuentran en sus domicilios con prisión atenuada y tres en centros penitenciarios vascos en segundo grado.

Según los dos abogados, la legislación en relación a personas con enfermedades graves e incurables «es clara» y recoge que «deben salir de prisión». A pesar de ello, indicaron que las solicitudes de libertad fueron rechazadas en más de la mitad de los casos y «en otros estamos esperando respuesta». En algunos casos, manifestaron, con una demora de más de un año.

Entre estos 24 presos, existen media docena de casos «alarmantes», sin que se hayan visto «solucionados» ni «agilizados», según los letrados. En este sentido, denunciaron la «inacción» de la Administración penitenciaria ya que, criticaron, debería «actuar de oficio» en casos de presos enfermos.

Por otro lado, Arana e Iturralde alertaron de que un 20% de los presos siguen en terapia psicológica y se dan casos de «trastornos relacionados con la prisonización». En función de los datos que aportaron, continúan en prisión tres reclusos mayores de 70 años, otros trece mayores de 65 y 19 mayores de 60, para los que consideran que se deberían adoptar «medidas alternativas al cumplimiento íntegro de la pena».

En este sentido, los abogados indicaron que el Código Penal contempla que «los presos septuagenarios pueden ser progresados a tercer grado por motivos humanitarios, y por su escasa peligrosidad» y también «se les podrá conceder la libertad provisional». El informe señala, además, que 155 reclusos sobrepasan los 15 años de encarcelamiento y 224 cumplen «entre la mitad y la casi totalidad de las condenas». En concreto, 98 cumplen las tres cuartas partes y por ello, aseguraron que no se les debería «poner traba alguna para acceder a la libertad condicional».

La lectura «más restrictiva»

Ziluaga y Zugadi censuraron que «la práctica totalidad de los presos vascos llega a la extinción de las tres cuartas partes de la condena clasificados en primer grado» y, mediante esa «artimaña» que supone «el bloqueo» de progresión de grado, «se impide de hecho a todos cumplir con uno de los requisitos exigibles para obtener la libertad condicional, estar en tercer grado».

«Haciendo la más restrictiva de las lecturas posibles del Código Penal, se les condena a un cumplimiento íntegro y total de la condena, sean cuales sean sus condiciones personales, edad, enfermedad, su conducta en prisión y aunque sea constatable la nula posibilidad de reincidencia», lamentaron.

Finalmente, el informe alude a la situación de las presas, de las que doce están «encarceladas en soledad, sin ninguna compañera», ocho son madres de hijos menores de 18 años y cuatro conviven con sus hijos menores de tres años en prisión.

Preguntados sobre el posible acercamiento de presos por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, eludieron pronunciarse. «Nosotros exigimos a Instituciones Penitenciarias y al Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria que cumplan con la ley», indicó Zugadi.

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