Torra, a un paso de sentarse en el banquillo por los lazos amarillos

El presidente de la Generalitat, Quim Torra. / EFE

El juez instructor ve indicios de desobediencia del presidente catalán a la Junta Electoral

CRISTIAN REINOBarcelona

Quim Torra está a un paso de sentarse en banquillo de los acusados para ser juzgado por un delito de desobediencia, que podría implicar su inhabilitación como jefe del Ejecutivo catalán, cuando apenas lleva un año en el cargo.

El magistrado instructor de la causa abierta en la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra el presidente de la Generalitat dictó ayer un auto, según el cual da por finalizada la investigación, descarta archivar el caso como había pedido el abogado de Torra y propone juzgar al dirigente nacionalista por un delito de desobediencia. El juez considera que la investigación que ha dirigido ha deparado los suficientes indicios de delito como para llevar a juicio al jefe del Ejecutivo catalán.

De ser condenado, Torra sería el segundo de los tres últimos presidentes de la Generalitat, inhabilitado por un tribunal de justicia. Mas fue condenado por el 9-N (su inhabilitación expira en 2020) y además Puigdemont está procesado por un delito de rebelión por los hechos de octubre de 2017.

El presidente de la Generalitat está acusado de no haber atendido la orden que le hizo la Junta Electoral para que retirara la simbología soberanista (lazos amarillos, 'estelades' y pancartas a favor de los presos) de los edificios de la Generalitat durante el periodo electoral. Lo primero que hizo Torra nada más llegar al Palau de la Generalitat fue colgar una pancarta a favor de los presos con un lazo amarillo. La Junta Electoral, a partir de una denuncia de Ciudadanos, le obligó a retirar la pancarta, pero se negó. Al final acabó acatando, pero lo hizo dos días después de la orden de la Junta Electoral y cuando este organismo requirió a los Mossos para que procedieran a retirar la simbología.

Lo hizo además tras haber intentado burlar a la Junta Electoral, ya que sobre la pancarta con el lazo amarillo, el dirigente nacionalista colocó un segundo cartel, en este caso con un lazo blanco. A la Junta Electoral no le pareció suficiente y le obligó a retirar toda la simbología. El pasado 27 de mayo, una vez concluido el periodo electoral, Torra volvió a colgar la pancarta. Según el auto del juez instructor, en periodo electoral todos los poderes públicos estaban obligados a actuar con «estricta objetividad y neutralidad para hacer efectivo el derecho de los ciudadanos al sufragio igualitario». Por ello, el juez recuerda que, entre otras prohibiciones, «no les estaba permitido lucir o exhibir símbolos, emblemas o lemas ideológicos partidistas».

Querella de la Fiscalía

La instrucción se inició a partir de una querella presentada por la Fiscalía. El juez determina que los hechos investigados «podrían ser constitutivos de un delito de desobediencia» o, «subsidiariamente, de denegación de auxilio a la autoridad». El magistrado abre un trámite de diez días para que las partes presenten petición de apertura de juicio oral o sobreseimiento.

El Gobierno catalán y Torra evitaron ayer mención alguna al auto de procesamiento. El president suspendió toda su agenda oficial para poder asistir in situ a las operaciones de extinción del incendio de Tarragona. El jefe del Ejecutivo catalán declaró ante el juez el pasado 15 de mayo. Alegó que la Junta Electoral no puede considerarse una autoridad superior y que el presidente de la Generalitat no puede quedar subordinado a sus decisiones. También adujo que la orden de la Junta Electoral era imprecisa e imposible de cumplir. Y apeló a la libertad de expresión. En el auto, el magistrado responde que «no puede invocarse una pretendida autonomía del presidente de la Generalitat como autoridad del Estado, frente a la administración electoral y menos aún, durante el periodo electoral». Hasta la fecha, Torra ha amagado con cruzar la línea roja de la legalidad. Ha amenazado con hacer efectiva la república e hizo suyo el aviso que lanzó Cuixart en el juicio de que lo «volverán a hacer».