El juez justifica las revocaciones de los terceros grados en que los presos no acreditan suficiente arrepentimiento

El juez de Vigilancia Penitenciaria entiende que los internos, a pesar de haber dado pasos en su alejamiento de la violencia, no acreditan de forma suficiente el arrepentimiento respecto a su pasada actividad terrorista, en algunos casos tampoco han manifestado de forma explícita su perdón a las víctimas.

En este caso, en los expedientes que resuelven las Juntas de Tratamiento, y que luego da luz verde el Gobierno Vasco, no existe un único modelo estandarizado para que los presos expresen su desvinculación del pasado o su compromiso en no reincidir en las vías violentas. Puede haber diferentes fórmulas, todas ellas manuscritas y personales, en la que los presos reconocen el daño causado. En algunos casos, incluso los internos manifiestan su deseo a acogerse a programas de Justicia restaurativa, que pueden culminar con encuentros personales con las propias víctimas. Además, las Juntas tienen en cuenta la actividad de los penados en los centros, su evolución y su implicación en talleres u otras actividades de formación.

El juez aprecia que los pasos que se han dado en estos casos no resultan suficientes. Y es la razón fundamental por la que ordena la vuelta a prisión de los condenados, que ya se encuentran en la fase final de la condena. La media de prisión de los acogidos a este mecanismo penitenciario es de 23 años.

Desde el Gobierno Vasco se prefiere mantener la máxima discreción. En este momento hay progresiones de grado que no han sido recurridas, y que han posibilitado que los reclusos pasen a la libertad condicional o que salgan de la cárcel; hay recursos de la Fiscalía que aún están pendientes de la decisión del juez y hay incluso otros terceros grados que aún pueden ser recurridos ante la Fiscalía. Las decisiones del juez de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro, pueden ser recurridas en última instancia ante la Sala de la Audiencia Nacional, que tiene la última palabra.

Los casos de Esnaola, San Argimiro y Atristain, integrados en el EPPK, no son aislados. El colectivo Etxerat denunciaba esta semana que en este momento existen otros siete recursos del Ministerio Público que piden revocar las concesiones de terceros grados.

Desde Etxerat no ocultan su profundo malestar por estas decisiones judiciales y, sobre todo, por la decisión de la Fiscalía. «Queremos mostrar nuestro rechazo y desazón porque los derechos del preso donostiarra han sido vulnerados, pero, sobre todo, porque el injusto bloqueo que mantiene la justicia española frente a los derechos de los presos se sitúa en una dirección contraria al deseo de la sociedad vasca», indicaron después del anuncio sobre San Argimiro.

Lo ocurrido en los últimos días ya ha pasado con otros condenados en otro momento. En su día, el mismo juez José Luis de Castro también revocó los terceros grados de los internos Gorka Martínez Ahedo y José Ignacio Bilbao Gaubeka. El magistrado argumentó que su decisión se debía a que no había habido un perdón expreso a las víctimas de sus delitos.

En su momento, el colectivo que agrupa a los presos vascos –EPPK– que ha dado luz verde a la aceptación de la legalidad penitenciaria y los beneficios por parte de los reclusos de ETA, realizó un pronunciamiento que recogía un reconocimiento del daño causado. Desde el mundo de los presos se aceptó que esas declaraciones fueran más explícitas, con la excepción de una veintena de reclusos que no se acogió a esa vía más autocrítica. El EPPK, no obstante, ha trazado dos líneas rojas a no traspasar en este debate: una de ellas es la no delación, es decir, la no colaboración con la Justicia a la hora de esclarecer los crímenes terroristas aún sin resolver. El otro es excluir el concepto 'arrepentimiento'. Un término estigmatizado en el discurso histórico del mundo de los presos de ETA desde que la izquierda abertzale oficial rechazaba la «reinserción» y la consideraba como una 'rendición'. Es una disputa semántica pero con una profunda vertiente simbólica y política.

Según datos de la AVT, el Gobierno Vasco ha progresado al tercer grado a 29 etarras desde que asumió la competencia penitenciaria hace un año. La Fiscalía del tribunal ha recurrido al menos 16 de esas concesiones. El Ejecutivo autónomo ha concedido estas progresiones de segundo a tercer grado a partir de las propuestas de resolución elaboradas por las Juntas de Tratamiento Penitenciaria. En total, 500 casos, que abarca a todo tipo de delitos, no solo a los condenados por terrorismo, que no superan el 5% del total de la población reclusa.

Desde EH Bildu se expresó ayer la preocupación por lo que entiende que es «un impulso político» para condicionar «desde la excepcionalidad» la política penitenciaria, más allá de asumir que los acercamientos estarán ya terminados para fin de año. En la actualidad queda menos de una treintena de etarras fuera de Euskadi y Navarra. Sin entrar a valorar el contenido de los autos con precisión, desde Etxerat se cree que, cuando menos, determinadas apreciaciones sobre el arrepentimiento son «juicios de valor muy subjetivos».