Los jeltzales proponen el derecho a decidir «pactado» y eliminar en la Constitución la inviolabilidad del Rey

El PNV ha sacado sus históricas reivindicaciones nacionalistas a la hora de presentar enmiendas al proceso de reforma constitucional desencadenado por la revisión del artículo 49 de la Constitución Española que se encuentra en discusión en el Congreso a partir de la apuesta del Gobierno de Pedro Sánchez de sustituir el término 'disminuidos' de esta redacción. De entrada, los jeltzales han aprovechado este viaje para exhibir sus apuestas clásicas de profundo significado político sin ocultar cierto malestar por las 'prisas' del Ejecutivo al plantear la discusión con un plazo que finalizaba ayer a las seis de la tarde. Los nacionalistas son conscientes de que son reivindicaciones que no disponen de una relación de fuerzas favorable en el Estado español, pero sostienen que contribuirían a mejorar la calidad democrática.

Los jeltzales vuelven a envolverse en la bandera del derecho a decidir «pactado», lo que excluye la vía unilateral por la secesión. En ese sentido, piden que se suprima la función que el artículo 8 de la Constitución reserva al Ejército, al señalar que las Fuerzas Armadas «tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional».

El PNV quiere potenciar, en todo caso, esa vía de los derechos históricos mediante la creación de una Sala Foral en el Tribunal Constitucional, también proponen eliminar el articulo 155 de la Constitución, utilizado por el Estado en caso de que las comunidades autónomas hagan caso omiso a las instituciones estatales; y también plantean la supresión de la figura de la inviolabilidad del Rey en la carta Magna.

El proceso de reforma constitucional arranca del compromiso del Gobierno por sustituir el término 'disminuidos' del artículo 49. El nuevo artículo lo sustituiría por el de «personas con discapacidad» para reflejar el enfoque de derechos y de inclusión al que España se comprometió cuando ratificó la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.