López Basaguren: «Una injerencia del TC en la votación del Congreso habría sido muy grave»
«La introducción de las enmiendas de PSOE y Podemos ha sido inconstitucional, pero ahora no era el momento para resolver la cuestión»
Alberto López Basaguren, catedrático de Derecho Constitucional en la UPV, afirma que una suspensión por parte del Tribunal Constitucional (TC) de la votación en el ... Congreso hubiera sido «la guinda en el pastel del deterioro institucional». Basaguren estima que las enmiendas presentadas por PSOE y Podemos para cambiar el método de renovación de los magistrados es inconstitucional, pero añade que la intervención del TC si se presentan recursos debe realizarse sobre la ley ya aprobada y no el proceso previo de tramitación.
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– El TC finalmente no suspendió la votación en el Congreso. ¿La decisión ha sido correcta?
– Interferir en el procedimiento legislativo a través de un recurso de amparo habría sido muy grave. La naturaleza del Constitucional hubiera quedado desvirtuada. Este tribunal realiza un control con posterioridad a la vigencia de las normas mediante los recursos de inconstitucionalidad. En principio, la actividad de las Cámaras tienen un principio de constitucionalidad, de manera que interferir con carácter preventivo en un trámite legislativo hubiera supuesto entrar como un elefante en una cacharrería en el funcionamiento del Parlamento.
«Hubiera sido como entrar en el funcionamiento del Parlamento como un elefante en una cacharrería»
– ¿Existen precedentes de que el TC haya suspendido votaciones en sede parlamentaria?
– En el Congreso no. La única vía por la que el TC comenzó a entrar por este camino fue cuando se tramitaron en el Parlamento de Cataluña algunas cuestiones relativas al procés. Ahí se abrió parcialmente esa puerta en un momento excepcional y, como algunos preveíamos, luego ha sido utilizada para transitar otros caminos muy peligrosos. Esto es lo que ha intentado ahora el PP con la solicitud de medidas cautelarísimas en un juicio previo al propio análisis del caso. Esto hubiera supuesto la guinda en un pastel de deterioro institucional de unos niveles inimaginables hace unos pocos años.
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– De hecho, el TC se negó a paralizar la tramitación del Plan Ibarretxe antes de que fuera aprobado en el Parlamento Vasco.
– Sí, siguiendo el funcionamiento tradicional, una senda que comenzó a desviarse con el procés. El Constitucional solo abre esa puerta cuando hay una vulneración de un derecho fundamental. Ese no es el caso que nos ocupa porque el procedimiento parlamentario continúa. Otra cosa es si la maniobra de los partidos del Gobierno es correcta o no. Pero no es este el momento para resolverlo.
«O se rompe el reparto por cuotas de partidos o nuestro sistema institucional tiene un futuro muy negro»
– ¿La manera en la que se han presentado las enmiendas es inconstitucional?
– Introducir enmiendas sobre el CGPJ en una ley penal que no tiene nada que ver con esta cuestión es inconstitucional.
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– El PP ya ha anunciado que presentará un recurso, por tanto, ¿todo está abierto?
– Sí claro
– En el meollo de las modificaciones aprobadas ayer se encuentra que el Gobierno pueda nombrar a sus dos magistrados sin esperar a que el CGPJ también lo haga con los otros dos que le corresponden. ¿Es un cambio ajustado a derecho?
– Sí, el Gobierno tiene razón, aunque la reforma la ha realizado con mucha torpeza, de prisa y corriendo y sin un procedimiento parlamentario normalizado. Ahora bien, el cambio que propone es adecuado porque no se puede dar el poder de bloquear la renovación de magistrados del TC a la parte que fuerza el bloqueo, amparándose en una interpretación literal de lo que dice la Constitución acerca de la reforma por tercios. Con este argumento se impide a quien sí quiere cumplir la Constitución a que lo haga.
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- ¿El hecho de que los candidatos del Gobierno sean el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y el ex alto cargo de Moncloa Laura Díaz no ahonda en la percepción de que la Justicia dista de ser independiente?
– No afecta al conjunto del sistema judicial, pero es verdad que no es lo que habría que esperar del Gobierno. Esta actitud pone de manifiesto que los partidos, no solo el que ahora está en el Gobierno, porque el PP también lo ha hecho de forma reiterada, solo se fían de su círculo más inmediato. Solo quieren personas obedientes en el TC. Es algo que viene de lejos, quizá en mayor grado con el PP que con el PSOE, pero en cualquier caso con los dos. Ahora bien, el error del Gobierno con esa elección no justifica la actitud de bloqueo absolutamente inaceptable del PP bien de manera directa a través del CGPJ o indirectamente a través del sector conservador existente en esa institución.
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– ¿Qué escenario se abre ahora para la renovación del CGPJ?
– El bloqueo lo mantiene el PP y la solución solo está en su mano, salvo que se aprueben estas reformas legales. En ese caso habrá renovación del Consejo.
– Sería un CGPJ con mayoría progresista.
– En todos los países de nuestro entorno los nombramientos en órganos semejantes se ven influidos por las mayorías existentes en cada momento. El problema no está ahí, sino en qué tipo de personas nombran los partidos, es decir, si optan por profesionales de prestigio dentro de su ámbito ideológico y que serán independientes en el ejercicio del cargo o simplemente por personas obedientes. Los países que tienen un sistema institucional reconocido no se libran de estos vaivenes ideológicos. Lo solventan nombrando a profesionales intachables que, aunque sean afines ideológicamente a la mayoría gobernante, no se juegan su independencia porque quieren mantener su prestigio.
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– ¿La cuestión de fondo es la crisis institucional que refleja el bloqueo de los órganos judiciales?
– Sí, porque se está consolidación el reparto por cuotas, es decir, cada partido acepta que el otro elija a quien quiera. O se rompe esa dinámica o nuestro sistema institucional tiene un futuro muy negro.
– No obstante, la decisión del TC se ha aplazado al lunes, una vez aprobada la modificación por el Congreso. ¿Qué se puede esperar de esa reunión?
– La adopción de medidas cautelares o no. Lo razonable sería que tramitara el recurso de amparo en los términos en los que lo ha hecho tradicionalmente, es decir, dejar que la ley entre en vigor y que el PP o quien sea presente un recurso.
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