Un informe de Puertos del Estado se opone a descatalogar Pasaia por su valor «estratégico»

El estudio elaborado por abogados del Estado y que obra ya en manos del Ministerio de Política Territorial desvela algunos de los argumentos que emplearán en la reunión que esta semana mantendrán en Madrid con la delegación encabezada por la consejera de Gobernanza del Ejecutivo de Imanol Pradales, la jeltzale Maria Ubarretxena. Una cita correspondiente a la Comisión Mixta de Transferencias, donde ambas administraciones negocian las transferencias pendientes para completar el Estatuto de Gernika.

El Gobierno central contraataca así a otro informe jurídico externo que tiene ultimado Lakua, que defenderá –tal y como adelantó DV– que el traspaso de la competencia no afectaría a las rutas marítimas internacionales de Pasaia. Algo así como la madre del cordero para sostener que la infraestructura seguirá siendo siendo competitiva. La batalla está servida. El duelo continúa.

A menos de mes y medio de que finalice el año, este asunto sobre el que Lakua y Madrid discuten en público –que incluso ha alcanzado al Gobierno foral con posturas diametralmente opuestas entre PNV y PSE– es uno de los que está sobre la mesa en el marco de la mesa bilateral, donde siguen pendientes asuntos relevantes de traspaso competencial. En ese calendario de reuniones se inscribe ahora el choque de informes sobre la dársena guipuzcoana, después de que el Ejecutivo autonómico defienda su desclasificación para ser más competitivo y Puertos del Estado apueste por mantenerla bajo el paraguas estatal por considerar que cumple los requisitos de interés general.

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Puertos del Estado mantiene una posición «contraria a la pérdida de la condición de interés general del puerto de Pasaia». El informe elaborado por el organismo, de catorce páginas y firmado por sus servicios jurídicos, concluye que la dársena «cumple con las cinco características para ser clasificada como puerto de interés general del Estado».

Este puñado de requisitos, resumidos de forma gráfica y precisa, son los siguientes: tener una actividad comercial internacional, influencia interterritorial, importancia estratégica para la economía nacional, volumen significativo de tráfico y cumplir con una función dentro del sistema portuario estatal.

No es la primera ocasión en la que el muelle pasaitarra es objeto de disputa entre ambos Ejecutivos. En tiempos en los que Arantxa Tapia pilotaba la consejería de Desarrollo Económico y Competitividad, desde Euskadi también se pidió su titularidad y gestión. Un deseo al que Madrid no cedió, tal y como recuerda Puertos del Estado. «La postura no ha cambiado», agregan.

Las mismas fuentes precisan que la ley exige que un puerto cumpla al menos uno de los cinco criterios para recibir la consideración de interés general y que, en el caso de Pasaia, el organismo estatal concluye que concurren todos. En el ámbito comercial, destaca que la dársena movió «3,5 millones de toneladas en 2023», se situó como «el segundo puerto con más incremento de tráfico de la zona norte» y consolidó sus movimientos en 2024 con tráficos de productos siderúrgicos, agroalimentarios, papel y automóviles, con origen o destino en países europeos y también en otros continentes.

Puertos del Estado sostiene además que la instalación tiene influencia sobre territorios más allá de Gipuzkoa y cita a Navarra, Aragón y Castilla y León como zonas vinculadas a su operativa, especialmente en el tráfico de vehículos. Por ello, defiende que este segmento resulta estratégico, dado que «asegura la competitividad de fábricas y marcas de vehículos» y se integra en un sector que representa «el 10% del PIB nacional» y «el 18% de las exportaciones españolas».

El informe también pone el acento en la evolución del volumen total, que supera los tres millones y medio de toneladas. Señala la transición del puerto desde una actividad pesquera e industrial hacia una mayor diversificación y valora sus expectativas de recuperación del tráfico de contenedores. «Es un puerto muy valorado dentro de la red», apunta.

Más allá de los datos del informe, el principal límite de la instalación que se ubica entre los términos municipales de Pasaia, Lezo y Errenteria, se encuentra en su configuración física, con «una bocana que es la que es», pero insiste en que la dársena «funciona bien» y presenta indicadores sólidos de actividad.

Ante la posibilidad de transferir la titularidad al Gobierno Vasco, la tesis gubernamental es clara y asevera que la clave jurídica reside en que los puertos de interés general son competencia exclusiva del Estado. No es que no se quiera, es que no puede, por lo que dice la ley, concluye.

Más allá de esta materia, que viene enfrentando a ambas administraciones desde que Ubarretxena abriera la espita el pasado 9 de octubre, el tiempo avanza y aún quedan varios traspasos por cerrar. El propio lehendakari ya advirtió la pasada semana en Madrid que la negociación «no avanzaba como debiera», como medida de presión para provocar una reacción en el otro lado.

En este contexto, el informe de Puertos del Estado no solo marca una línea roja en las aspiraciones competenciales del Gobierno Vasco, sino que reabre un viejo debate sobre el alcance del autogobierno y los límites de la descentralización económica. Mientras Lakua insiste en que la gestión directa del puerto sería una palanca para reforzar la competitividad y el tejido industrial de Gipuzkoa, Madrid reivindica el principio de cohesión estatal en las infraestructuras clave.