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Agosto ha sido políticamente frenético, aunque no lo haya parecido. Idoia Mendia tenía muy claro que sus vacaciones de verano, que desde hace años disfruta ... en Cataluña, se iban a ver muy condicionadas. No ya por el Covid, que también, sino por la negociación del nuevo Gobierno de coalición.
Unas conversaciones que ha podido desarrollar Mendia -y sus colaboradores- también por teléfono y correo electrónico con Andoni Ortuzar, con quien tiene hace tiempo una relación fluida y de confianza. Con el lehendakari Urkullu el trato es más institucional. La sintonía personal en este caso ha facilitado las cosas. A veces con momentos de tensión y dureza. Pero con la idea clara de que no había ninguna alternativa seria al acuerdo.
El intercambio de borradores y watshaps ha sido una constante. Los interlocutores se conocen y ese dato ayuda. La ventaja ha sido el pacto de discreción que se ha cumplido a rajatabla, pese a alguna declaración al comienzo que originó cierto revuelo. La Moncloa no ha participado en la negociación, que ha pilotado Mendia al frente del PSE. Eso sí, en la Presidencia del Gobierno -que tiene sus hilos de comunicación con los negociadores- se han conocido desde el primer momento los aspectos más relevantes de la operación.
PNV y PSE han puesto el turbo y el acento en lo que les une en este momento de emergencia histórica. Un programa de claro corte social, de choque, que responde a las urgencias de la coyuntura. Las medidas obedecen a una crisis sanitaria, social y económica que no tiene precedentes y fuerzan, como dice el texto de las bases del pacto, a un «cambio de paradigma». El objetivo, la reconstrucción de «una Euskadi más cohesionada» en la que la brecha de la desigualdad no sea mayor.
Los socialistas habían pedido desde un primer momento un mayor sesgo social que les ayudara a implicarse de nuevo en la coalición. Es cierto que el futuro no está escrito y que se atisba una cierta fatiga por el entendimiento con el PNV. Pero en este momento pesan mucho más el factor de la estabilidad, la gravedad de la crisis y la dependencia de Sánchez del apoyo jeltzale que la inquietud que puede aflorar por el papel del PSE en el espacio cada vez más competido de la izquierda vasca. En ningún momento ha habido oposición al acuerdo.
Medios de la negociación admiten que ha habido al final algunos «flecos pendientes» en la redacción definitiva del texto, en concreto, compromisos para afrontar la pandemia con medidas para reforzar la Sanidad pública y la atención a los mayores. El documento hace dos menciones que pueden ser interpretadas como mensajes dirigidos a satisfacer al PSE: una apuesta por el diálogo social y un llamamiento expreso a la colaboración con el Gobierno de Sánchez para lograr fondos europeos. Una trastienda decisiva que ha pesado en la fumata blanca.
La negociación, en la que en algún momento se ha tensado la cuerda, no ha encontrado dificultades insalvables. Había voluntad de llegar a un acuerdo y de formar cuanto antes un Ejecutivo fuerte. La elección del 3 de septiembre para el pleno de investidura del lehendakari daba pistas sobre la rapidez del proceso y desconcertaba en el PSE.
El capítulo del estatus de autogobierno ha quedado aparcado en la práctica ya que las bases del pacto solo hacen una somera referencia al apostar por el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika y por un «nuevo pacto estatutario para una nueva generación». La primera alusión ya forma parte de los compromisos del Gobierno Sánchez. El segundo debate -políticamente más sensible- se librará en la Ponencia de Autogobierno del Parlamento, no en el Consejo de Gobierno. Pese al entendimiento en torno a la actualización del Estatuto y su adaptación a la realidad europea, el gran caballo de batalla es el derecho a decidir que el PSE rechaza.
Los socialistas han confirmado que Urkullu no tiene prisa en esta coyuntura económica tan delicada en tensar una cuerda identitaria que puede provocar la división social. Pero intentará reforzar el perfil bilateral con el Estado. El PNV, además, espera a ver en qué queda la oferta territorial de Sánchez, sobre todo en Cataluña. La política vasca surfea hace tiempo en esa permanente contradicción.
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