Los gobiernos vasco y central tratarán de desbloquear este mes la ley de víctimas policiales

Los gobiernos vasco y central tratarán de desbloquear este mes la ley de víctimas policiales

Urkullu y Loza buscan fórmulas para retirar el recurso ante el TC y que las víctimas «puedan ser reconocidas y reparadas»

Miguel Villameriel
MIGUEL VILLAMERIEL

Julio puede ser el mes del desbloqueo de unas cuantas materias que habían enconado las relaciones institucionales entre los gobiernos vasco y central en los últimos años. Ambos ejecutivos intentarán solucionar este mismo julio el conflicto legal que les enfrenta sobre la conocida como ley vasca de víctimas de abusos policiales, que fue aprobada por el Parlamento Vasco en 2016, pero que no ha podido desarrollarse en su integridad porque varios de sus artículos están suspendidos temporalmente por el recurso presentado ante el Tribunal Constitucional por el anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy. Su inminente desbloqueo es una de las primeras consecuencias de la reunión que han mantenido este miércoles en Vitoria el lehendakari, Iñigo Urkullu, y el nuevo delegado del Gobierno de Sánchez en Euskadi, el socialista Jesús Loza.

El anuncio ha corrido a cargo del propio Loza tras mantener su primer encuentro oficial con Urkullu en Lehendakaritza. El lehendakari no ha comparecido ante los medios tras la reunión, mientras que Loza ha resumido brevemente los asuntos analizados entre ambos, relativos a la inmigración, al acercamiento de presos de ETA y a la ley vasca de Reconocimiento y Reparación de Víctimas de Vulneraciones de Derechos Humanos en el contexto de la violencia política en la Comunidad Autónoma Vasca entre 1978 y 1999, conocida como ley de abusos policiales.

El Gobierno de Rajoy recurrió esta normativa ante el Constitucional porque, entre otros razonamientos, argumentaba que la comisión de valoración que crea la ley, encargada de definir qué personas pueden considerarse víctimas, no puede entrar a valorar casos de violencia policial porque es una labor que compete a los jueces. Por contra, el Gobierno Vasco defiende el encaje de la ley en los requerimientos del derecho internacional, su constitucionalidad, su plena seguridad jurídica y la competencia de Euskadi para ejecutarla.

Así, el Ejecutivo de Urkullu, tal como argumentó en sus alegaciones contra el recurso, sostiene que el reconocimiento y reparación de estas víctimas compete al ámbito administrativo y no al penal, asegura no que no hay invasión de competencias jurisdiccionales y que el objetivo de la norma es el reconocimiento y la reparación de las víctimas, por lo que no interfiere en el proceso penal.

Loza ha avanzado tras su reunión con Urkullu que tanto el Gobierno de Pedro Sánchez como el lehendakari coinciden en la necesidad de buscar una solución para desbloquear esta ley «pensando fundamentalmente en las víctimas», ya que su paralización hace que «no puedan ser reconocidas ni compensadas». Ambos dirigentes han acordado buscar una solución para desbloquear la aplicación de la normativa, a ser posible, «este mes», que pasaría por «una fórmula de adaptación que posibilite la retirada del recurso», ha indicado sin precisar más al respecto.

«Se trata de buscar acuerdos y consensos, y pensar en las víctimas», ha manifestado el delegado del Gobierno en Euskadi, que ha calificado el encuentro con el lehendakari de «extraordinariamente cordial» y ha asegurado que el deseo de ambos es buscar la «mayor colaboración posible» en este y en otros ámbitos.

Medidas de acercamiento

Otra de las cuestiones abordadas en la reunión entre Urkullu y Loza ha sido la relativa a la política penitenciaria y a la posibilidad de que el Gobierno impulse medidas para el acercamiento de presos de ETA a cárceles vascas o próximas a Euskadi. Loza ha trasladado a Urkullu la intención del Gobierno de Sánchez de compartir toda la información sobre este tema con el Ejecutivo vasco pero desde la «discreción», aunque ha dejado claro que la «directriz fundamental» la establecerá el Ministerio de Interior. «Lo importante es que las cosas salgan bien. Están bien orientadas y en breve plazo se puede ver alguna cosa», ha remarcado.

Loza y Urkullu también han coincidido en la necesidad de colaborar en temas de inmigración y el delegado del Gobierno ha sugerido al lehendakari la posibilidad de hacer un pacto interinstitucional en este campo impulsado por el Ejecutivo vasco que pueda servir de ejemplo a otras comunidades por el carácter «profundamente solidario» de Euskadi.

Ambos han hablado también de las transferencias pendientes. Ayer el portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, dijo que espera que este mes se pueda constituir el grupo de trabajo bilateral para abordar este asunto. Loza ha explicado que en este aspecto la Delegación del Gobierno tiene un papel «subsidiario» dado que las transferencias deben abordarse directamente entre ambos ejecutivos, aunque ha ofrecido su colaboración al lehendakari para «ayudar» en todo lo que sea posible.

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