El Gobierno Vasco presiona al gabinete de Sánchez al activar la comisión de abusos policiales

El consejero portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, informa en rueda de prensa los asuntos aprobados tras la reunión del Consejo de Gobierno/EFE
El consejero portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, informa en rueda de prensa los asuntos aprobados tras la reunión del Consejo de Gobierno / EFE

La puesta en marcha del órgano que empezará a reparar a las víctimas en septiembre llega justo cuando ambos ejecutivos deben acordar si se retira el recurso ante el TC

Miguel Villameriel
MIGUEL VILLAMERIEL SAN SEBASTIÁN.

El Gobierno Vasco constituyó ayer la comisión de valoración prevista en la conocida como ley de víctimas policiales a pesar de que, en estos momentos, «tiene limitadas sus capacidades» a causa del recurso que el anterior Gobierno de Rajoy interpuso contra algunos puntos de esta norma ante el Tribunal Constitucional (TC). Este movimiento del Ejecutivo de coalición de PNV y PSE coincide en el tiempo con la reclamación directa al Gobierno de Pedro Sánchez para que retire el citado recurso, de tal forma que la comisión de valoración pueda comenzar a reconocer y reparar a todas las víctimas de abusos policiales según establece la norma recurrida. El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, evitó encuadrar ayer la puesta en marcha de la comisión como una medida de presión al Ejecutivo central en vísperas de que un grupo de trabajo bilateral aborde este asunto, aunque reconoció que, «si la creación de este órgano administrativo contribuye a que el Gobierno central se convenza de que es mejor retirar el recurso contra la ley, bienvenida será».

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Erkoreka aseguró que la retirada del recurso contra la ley de víctimas policiales es una de las «prioridades» que el Ejecutivo de Urkullu quiere abordar con el gabinete de Sánchez antes de que acabe julio. Este asunto fue tratado por el lehendakari tanto con el presidente del Gobierno, en su encuentro en la Moncloa del 25 de junio, como en la reunión que mantuvo la semana pasada en Lehendakaritza con el nuevo delegado del Gobierno en Euskadi, Jesús Loza. El Ejecutivo central es partidario de que algunos puntos conflictivos de esta ley se «adapten» para poder retirar el recurso, aunque el Gobierno Vasco confía en que el «desistimiento» del recurso por parte de Sánchez se produzca sin introducir ninguna modificación en la ley aprobada por el Parlamento en 2016, con los votos favorables de PNV y PSE y la abstención de EH Bildu.

Traslado del argumentario

Las expectativas del Gobierno Vasco son tan positivas respecto a la consecución de un acuerdo que incluso el propio Erkoreka ha trasladado al Gobierno central un «argumentario» en el que se podría apoyar para razonar la retirada del recurso ante el TC. En cualquier caso, el portavoz y consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno recordó que, aunque el Gobierno decidiera desistir del recurso de inconstitucionalidad, el TC aún podría mantener abierto el procedimiento si considera que se pueden vulnerar disposiciones constitucionales. Aunque Erkoreka apuntó que la retirada del recurso «sería un primer paso importante».

Sobre los argumentos para la retirada del recurso que el Gobierno Vasco ha trasladado al Ejecutivo central, Erkoreka explicó que, a su juicio, «la comisión de valoración de abusos policiales tiene un carácter meramente administrativo que no pretende suplantar a la labor judicial», por lo que confió en que el Gobierno socialista acabe compartiendo ese argumentario, sin menoscabo de los razonamientos que pudieran aportar los servicios jurídicos del gabinete de Sánchez.

Erkoreka mostró su confianza también en que el grupo bilateral permanente que formarán ambos gobiernos en las próximas semanas pueda encontrar una salida satisfactoria a este conflicto competencial lo antes posible. Mientras eso sucede, el Gobierno Vasco ha decidido constituir la comisión de valoración para que pueda empezar a trabajar en todo aquello que sea posible, que por el momento solo son los casos de abusos policiales sobre los que ya pesa una sentencia judicial, que se empezarán a estudiar a partir de septiembre. Por eso Erkoreka señaló que la comisión «tiene muy limitadas sus capacidades». Sin embargo, si el Gobierno retirara el recurso, «podría actuar en todo el abanico de facultades que le confiere la ley».

La comisión de valoración constituida ayer está formada por la directora de Víctimas y Derechos Humanos, Monika Hernando; el jurista Jon Landa, los forenses Paco Etxebarria, Benito Morentín y David del Valle; el experiodista Sabino Ormazabal; el historiador Luis Salas; las expertas en mediación judicial Juana Balmaseda y Elo Mayo; y la psicóloga Mariam Elicegui.

 

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