El Gobierno Vasco interpone un recurso de inconstitucionalidad contra una ley estatal que afecta al reparto de los fondos europeos

El portavoz del Ejecutivo autónomo, Bingen Zupiria, ha explicado al término del Consejo de Gobierno que los servicios jurídicos centrales, adscritos al Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno dirigido por Olatz Garamendi, consideran que se vulneran las competencias vascas, ya que se produce una imposición por parte del Estado de herramientas informáticas para la realización de tareas ejecutivas del Gobierno Vasco en procedimientos de subvenciones y contratos.

El precepto que se recurre es la disposición adicional 112 de la Ley estatal de Presupuestos para 2023, que, «sin previa consulta, impone a la Comunidad Autónoma Vasca el uso de un aplicativo de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) en la tramitación de todas las subvenciones y contratos que los órganos vascos otorguen en la ejecución de los fondos del Plan de Recuperación,Transformación y Resiliencia»

Esta herramienta informática estatal, ha explicado Zupiria, tiene por misión evaluar de forma automatizada el riesgo de posibles conflictos de interés que cargos y personal empleado públicos vasco pudieran tener con las personas solicitantes de ayudas o licitadoras en el reparto de estos fondos europeos. «Incluso los miembros de este Consejo de Gobierno están sujetos al escrutinio de la plataforma de la Agencia Tributaria a la hora de conceder subvenciones directas», ha señalado el portavoz.