El Gobierno Vasco eleva a más de 500 los concejales amenazados por ETA

Jonan Fernández ha presentado el informe junto a los autores Gorka Urrutia y José Ramón Intxaurbe./EFE
Jonan Fernández ha presentado el informe junto a los autores Gorka Urrutia y José Ramón Intxaurbe. / EFE

Un informe encargado por la Secretaría de Convivencia recoge que el hostigamiento provocó «un sufrimiento intenso» que se extendió a las familias

Elisa López
ELISA LÓPEZ

Durante décadas sufrieron la amenaza constante de ETA y su entorno. Más de 500 concejales vascos, mayoritariamente del PSE-EE y el PP, tuvieron que vivir escoltados por la intimidación y el hostigamiento al que se vieron sometidos, y que se extendió también a sus familias. Un acoso sufrido en el día a día y sin interrupción que provocó en los ediles sensación de soledad y aislamiento. Ataques en sus propias casas, llamadas amenazantes, pintadas con sus nombre y sus rostros. Una situación que afectó a la salud de estas víctimas del terrorismo. Hasta qué punto esa coacción sostenida en el tiempo transcendió a la labor de representación ciudadana y afectó a sus relaciones familiares, sociales o laborales, así como a la salud y a la del resto de miembros de sus familias es uno de los aspectos principales que recoge de un informe del Gobierno Vasco. Una violencia de persecución brutal que los números corroboran.

El Ejecutivo de Urkullu ha presentado este viernes el 'Informe sobre la injusticia padecida por concejales que sufrieron violencia de persecución (1991-2011)', que eleva a más de 500 los ediles que tuvieron que vivir escoltados en los picos en los que ETA generalizó su hostigamiento contra los cargos públicos del PSE y el PP, especialmente. El documento pretende arrojar luz sobre la realidad de los ediles vascos, uno de los colectivos más golpeados por el terrorismo, bajo la presencia de la banda. El estudio da continuidad a una serie de informes que vienen elaborándose en las dos últimas legislaturas y que «configuran una contribución, ordenada por piezas, al derecho a la verdad sobre las vulneraciones de derechos humanos y al derecho al reconocimiento de la injusticia padecida por las víctimas», según ha destacado el secretario general de Derechos humanos, Convivencia y Cooperación, Jonan Fernández. Ese último trabajo desarrolla –y centra en el colectivo de concejales– un estudio anterior, presentado 31 de marzo de 2016 bajo el título 'Informe sobre la injusticia padecida por las personas amenazadas por ETA (1990-2011)'.

La Secretaría General de Derechos humanos, Convivencia y Cooperación encargó a principios de 2018 al Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe de la Universidad de Deusto, un informe que reflejase y analizase la injusticia padecida por aquellas personas que ocuparon puestos de concejal en Euskadi y que sufrieron violencia de persecución o amenazas por parte de ETA, mayoritariamente del PSE y del PP. También refleja el acoso específico padecido, a partir de 2003, contra concejales de todos los partidos que ocupaban concejalías que podían haber sido ostentadas por las candidaturas ilegalizadas.

El estudio ofrece una descripción cuantitativa y cualitativa del sufrimiento injusto provocado a concejalas y concejales que sufrieron amenazas y acoso directo en el marco de la violencia de ETA. Asimismo, el informe persigue extraer conclusiones en materia de clarificación de derechos humanos vulnerados mediante la amenaza y en materia de reparación a sus víctimas.

En el informe se recoge un total 24 personas que, en el ejercicio de su función de concejales de ayuntamiento, fueron asesinadas por ETA. Hasta 1991, 8 personas; y entre ese año y 2011, otras 16 personas. El impacto de la amenaza sobre el colectivo de concejales señalados no era solo una percepción subjetiva, sino una realidad objetiva y con efectos permanentes sobre la totalidad de su vida personal y la de sus familias.

En el trabajo, a modo de referencia, se refleja el número de concejalas y concejales por año que llevaron escolta en el periodo 1991-2011, y que fueron protegidos por el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. La mayor parte de estas personas estuvieron escoltadas en un periodo como mínimo de 1 año y hasta 13 años. En el inicio de la década de los 2000, el número de concejales escoltados en Euskadi superaba el medio millar.

Ruptura de la tregua

La gran mayoría tuvieron que comenzar con estos operativos a partir del año 1999, que es el punto de inflexión en el que se recrudece la estrategia de acoso, intimidación e incluso asesinato del colectivo de concejalas y concejales y que también coincide con el final de la tregua de ETA 1998.

Además de los datos cuantitativos, el equipo redactor del informe ha llevado a cabo un análisis cualitativo a través de 14 entrevistas personales. La mayoría de las personas entrevistadas ejercieron el cargo de concejal en municipios del País Vasco entre los años 1991 y 2015. Adicionalmente, también se recoge el punto de vista de familiares de estos cargos públicos para reflejar el impacto que este acoso tuvo en las personas con las que convivían.

Las amenazas fueron constantes, en muchas de las ocasiones en espacios públicos, y con una clara intención de amedrentar a sus destinatarios y destinatarias cuyos nombres y apellidos con frecuencia eran explicitados en la amenaza.

Toda esta presión y acoso sufridos día tras día, sin interrupción, «provocaron sufrimientos intensos, profundos y prolongados con sentimientos de aislamiento, soledad y amenaza constante». Algunas de las personas entrevistadas relatan que las afecciones a la salud no tardaron en manifestarse, incluso, en ciertos casos, años después con un diagnóstico de estrés postraumático.

También queda reflejado en estas entrevistas el caso de personas que, tras sufrir ataques en su propia casa, se vieron obligadas a cambiar de domicilio y vivir escoltadas en su residencia fuera de Euskadi. Las entrevistas ponen de manifiesto que la principal fuente de ansiedad tuvo que ver con la afección que en sus familiares tuvieron las coacciones y la violencia ejercida contra las concejalas y concejales.

Jonan Fernandez ha concluido señalando que «con estos informes no hablamos solo de datos cuantitativos, hablamos de personas concretas, de familias enteras y de un sufrimiento inmenso, prolongado y poco visibilizado. Con la presentación de este informe queremos que aquellas personas que fueron concejalas y concejales, mayoritariamente del PSE y del PP, amenazadas o perseguidas por el hecho de serlo, sepan tres cosas: que conocemos el sufrimiento que padecieron, que afirmamos la injusticia de aquel sufrimiento, y que este informe registra aquella realidad de modo oficial en la construcción de la memoria, y es expresión de solidaridad hacia sus víctimas».

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