España seguirá en estado de alarma por el COVID-19 al menos hasta el 11 de abril

A partir del 30 de marzo, las medidas relacionadas con esa fórmula excepcional prevista en la Constitución para casos como el que en estos momentos vive España -una gravísima crisis sanitaria que amenaza con colapsar el servicio nacional de salud (algunas UCIS ya lo están)- no tienen por qué ser ya las determinadas por el Gobierno sino las que dicte el Parlamento. Según el artículo 6.2 de la ley que regula los estados de alarma, excepción y sitio, el decreto del Ejecutivo no puede tener una duración mayor a los quince días y, pasado ese plazo, es la Cámara baja la que puede autorizar su continuidad y quien debe establecer «el alcance y las condiciones vigentes durante la prórroga».

Los cálculos del Gobierno indican que probablemente pasados esos quince días de prórroga aún sea necesario mantener buena parte de las medidas impuestas que, según Sánchez, se encuentran entre las más restrictivas de las implementadas por los países europeos. El Ejecutivo, a través de distintos representantes, lleva toda la semana advirtiendo de que lo peor está aún por llegar y anoche, cuando España había alcanzado ya casi los 25.000 contagiados oficiales y más de 1.300 muertos, el presidente compareció en televisión durante más de una hora par insistir en esa idea. «Queda la ola más dura -dijo- que pondrá contra las cuerdas nuestro sistema». Aún así, el presidente prefiere no solicitar de entrada una extensión del estado de alarma más amplia.

Al margen de los efectos psicológicos que pueda tener sobre la población, limitarse a pedir, por el momento, un plazo extra de quince días y no de un mes o más tiempo implica también la disposición del Gobierno a rendir cuentas de sus actuaciones ante el legislativo con esa periodicidad. Un gesto a tener en cuenta dado que el estado de alarma permite poner bajo sus órdenes a todas las autoridades civiles de cualquier nivel de la Administración Pública, los integrantes de los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, y los demás funcionarios y trabajadores que estén al servicio de estas.

En el encuentro de este domingo -en el que también han participado los ministros de de Sanidad, Salvador Illa; la de Defensa, Margarita Robles; el del Interior, Fernando Grande-Marlaksa y el de Transportes, José Luis Ábalos- varios presidentes autonómicos, algunos del PSOE, han reiterado las necesidades de material de protección que tienen sus hospitales y la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reclamado que no paralice la compra que su Ejecutivo ha realizado en China para proveer a los centros de la región, la más afectada por la pandemia.

Sánchez no ha aclarado en su comparecencia si se permitirá a las autonomías buscar su propio abastecimiento (una de las medidas del estado de alarma fue la centralización de las compras) pero ha asegurado que garantizar los suministros de mascarillas, batas, respiradores y test rápidos es «la principal preocupación en el primer frente de batalla» y que España «está haciendo valer todo su peso en un contexto internacional muy difícil» para conseguir proveedores.

En el cortísimo plazo el Gobierno espera distribuir 500.000 mascarillas quirúrgicas. 800.000 para pacientes (1,3 millones en total) entre todas las comunidades autónomas y en los «próximos días» asegura que está en disposición de llegar a los 4 millones. Pero Sánchez ha subrayado que su objetivo en el medio plazo es lograr el autoabastecimiento y que ya cuenta con la «complicidad de la industria», con la que se está trabajando «a contrarreloj» para poder producir en España el material necesario no solo para el momento actual sino también para tener reservas para el futuro e incluso para exportar al exterior.

Navantia y Airbus, según ha dicho, ya trabajan para producir respiradores, necesarios para las UCIS. Pero, entre tanto, a través de un equipo especial de compras públicas coordinado por los ministerios de Sanidad y Exteriores se está tratando de articular con otros países, fundamentalmente China, una línea de producción que regularmente «nos garantice varios millones de mascarillas a la semana hasta que dure la crisis».

La fabricación nacional de productos y material sanitario es una de las decisiones anunciadas por el jefe del Ejecutivo en su encuentro con los presidentes autonómicos. Las otras son: la orden de que las residencias privadas de ancianos se pongan al servicio de las comunidades para ayudar a paliar la saturación de los centros públicos, algo que ya se hizo en el ámbito de la sanidad al amparo del estado de alarma; la restricción temporal de todos los viajes «que no sean imprescindibles» y que provengan de terceros países; la participación de las fuerzas armadas en el traslado de material tanto desde el extranjero como dentro de España, pero también en el traslado de pacientes a centros sanitarios, y la dotación de recursos a los ayuntamientos para que puedan realizar reparto de comida y medicamentos a los mayores, para que no tengan que salir de sus hogares.

Varios presidentes autonómicos, también alguno del PSOE, han traslado aun así al Gobierno su deseo de que además se sea más restrictivo en algunas de las medidas tomadas y en concreto han solicitado que se limite aún más la actividad productiva o que el confinamiento sea mayor (Quim Torra lleva días reclamando el cierre de las fronteras aéreas y marítimas de Cataluña). Sánchez, ha dado a entender que no se lo plantea. Ha insistido en que las medidas en vigor son ya muy duras y ha argumentado que su obligación es buscar un equilibrio entre contener la propagación del virus y salvar vidas humanas y evitar que las consecuencias económicas sean proporcionadas.