El Gobierno Sánchez ha acercado al 55% de los presos de ETA a cárceles de Euskadi y Navarra

Los acercamientos se acentuaron con claridad hace cuatro años, en junio de 2018, una vez que Pedro Sánchez anunció cambios en la política penitenciaria. Al comienzo fueron avances tímidos, pero los mayores pasos se dieron el pasado año y tuvieron como principal exponente el traslado de las cárceles de Andalucía de los internos condenados por delitos de terrorismo .

Los datos son elocuentes. Del total de 188 reclusos condenados por delitos de terrorismo y que pertenecen al EPPK (163 hombres y 23 mujeres), 104 cumplen su condena en las cárceles de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de Navarra, 65 lo hacen en los centros penitenciarios del resto de España y otros 20 en Francia.

Un 35% de los presos está en cárceles situadas entre 150 y 400 kilómetros; un 3%, entre 401 y 600 kilómetros, y un 62% en un kilómetro cero, junto a sus lugares de origen o arraigo social.

Respecto a su clasificación de grados, hay seis internos preventivos o sin clasificar; 145 en segundo grado de los cuales seis tienen aplicado el artículo 100.2, que posibilita un reglamento más flexible. En tercer grado hay clasificados 16, de los cuales cinco se encuentran en prisión atenuada. En relación con el tercer grado, el Departamento de Justicia del Gobierno Vasco clasificó el pasado 14 de abril en esta categoría a Gorka Loran Lafourcade y a Jon Crespo. Anteriormente, en febrero de 2022, lo hizo con otros ocho.

Según Etxerat, 168 penados deberían estar saliendo de permiso si se les aplicara la legalidad ordinaria (1/4 de pena cumplida y buen comportamiento), pero sólo lo hacen 22. De acuerdo con este movimiento, un total de 132 presos deberían estar clasificados en tercer grado si se les aplicara la legalidad ordinaria por haber cumplido la mitad de la pena; sólo lo están 16. En su opinión, 51 reclusos podrían alcanzar la libertad condicional por haber cumplido las 3/4 partes de la condena; sólo seis lo han conseguido esta año.

Etxerat también subraya que hay más de 50 internos a los que no les ha computado el tiempo de condena ejecutada en Francia, sin tener en cuenta los que cumplen sus penas en las cárceles de ese país. Y otros 60 reclusos están condenados con la ley orgánica 7/2003 dictada por el Supremo, que dificulta las posibles excarcelaciones antes de la fecha de cumplimiento de la pena a la mayor parte de los presos de ETA que están condenados a 30 años de cárcel.

Desde Etxerat se hace una lectura crítica de la situación, más allá de los traslados. «No es asumible y consideramos que así lo entiende mayoritariamente la sociedad vasca, que nuestros familiares presos deban seguir sorteando obstáculos y trabas a la aplicación de la legislación ordinaria», señala uno de sus portavoces. «No hablamos de beneficios, hablamos de derechos», reitera.

Según señala este colectivo, en menos de un año, 71 permisos de salida autorizados a un total de 34 presos por parte de distintas juntas de tratamiento han sido posteriormente denegados por el juez central de Vigilancia Penitenciaria y la Sección Primera de la Audiencia Nacional. Es la Fiscalía de la Audiencia Nacional, se recalca desde Etxerat, la que viene recurriendo también propuestas de terceros grados. Etxerat destaca que son las juntas de tratamiento quienes mejor conocen la evolución, el comportamiento y la realidad de los internos. «Ese y no otro es el criterio que debiera ser tenido en cuenta como base para el recorrido jurídico penitenciario del preso», apunta.