Juan José Solozabal: «Ni el Gobierno ha demolido el Estado ni el PP ha secuestrado el Senado»

– ¿Qué opinión le merece que el TC haya paralizado la reforma legislativa que precisamente desbloqueaba su renovación?

– Es una decisión grave y un exceso. El tribunal debería haber ponderado entre los derechos cuya vulneración reclamaban los diputados del PP y el daño que sufre el sistema por la interrupción del proceso legislativo. Se ha perturbado el funcionamiento autónomo de un poder del Estado. Las injerencias son sin duda una anomalía.

– ¿Usted se alinea con las voces que hablan de que se ha 'secuestrado' el Senado?

– No me gustan las exageraciones ni el alarmismo. También se ha dicho que el Gobierno está demoliendo el Estado con los indultos. En el caso que nos ocupa, se habla de que ha forzado el procedimiento de urgencia utilizando las enmiendas para evitar una tramitación más pausada, atentando así contra el Estado de Derecho. En ambos casos se entra en un tremendismo carente de sentido.

– ¿Qué cabe hacer para corregir la situación?

– Hay que cuidar que el TC entienda que realiza una función clave dado que en caso de conflicto establece lo que dice la Constitución, pero tiene sus límites, porque no es el dueño de la Constitución. Por tanto, debe respetar la autonomía de los poderes del Estado. Y, por su parte, el Gobierno debe cumplir con los procedimientos, que no dejan de ser una manera de respetar el fondo constitucional de las actuaciones.

– ¿Habrá propósito de enmienda o el bloqueo se perpetuará?

– Creo que se abre una oportunidad para que tanto el TC como el Gobierno reflexionen sobre el asunto. Estamos frente a una crisis que arrancó hace mucho tiempo, pero espero que de esta situación se aprenda y se corrija. Soy optimista.

– ¿Pero, quién tiene más responsabilidad en el conflicto, el Gobierno por intentar 'colar' una reforma legislativa vía enmiendas o el PP por maniobrar para que un TC con mayoría afín tumbe el proceso?

– La causa más visible es el incumplimiento por parte del PP de su obligación de renovar el Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial. Este es el origen de la avería, el haber utilizado los acuerdos del Gobierno con ERC para paralizar la renovación es una excusa. No tiene nada que ver una cuestión con la otra. La realidad es que existe una obligación constitucional de renovar el tribunal y ahí no hay interpretación posible, porque establece plazos perentorios. La renovación de estos órganos debería realizarse en los términos más institucionales posibles, aunque quizá los sesgos sean inevitables.

– El problema es que estamos más que ante un sesgo, porque el TC se divide en bloques de magistrados nombrados unos por el Gobierno y otros por el PP. ¿Este reparto por cuotas no resulta letal para la independencia que cabe exigir a la Justicia?

– Sí, desde luego. Lo que debería prevalecer es la actitud, la exigencia del deber, la profesionalidad y la dedicación. Los partidos deberían esforzarse en proponer para estos cargos a personas competentes e irreprochables. En Alemania o Canadá estas divisiones no se dan, porque se propone a gente independiente, que la hay. Ahora bien, lo que se busca aquí son personas afines a una determinada línea de interpretación y esto no está bien cuando hablamos de tribunales que deben utilizar únicamente argumentos jurídicos y técnicos.

–¿Y esto no ocurre aquí?

– Tengo la esperanza de que esta situación nos coloque ante el espejo y nos preguntemos a dónde vamos si seguimos por este camino. Ahora bien, el balance es positivo. El Constitucional es un órgano imprescindible y su funcionamiento en general ha sido óptimo y goza de prestigio, con una consideración parangonable con los mejores tribunales de la Unión Europea.