El Gobierno central retirará los recursos contra la ley de víctimas policiales y los Presupuestos vascos
Una comisión bilateral con el Gobierno Vasco cierra también las tranferencias de dos líneas de ferrocarril y avanza en dos tramos de autopista y en el Puerto de Pasaia
Los gobiernos central y vasco han puesto fin este martes a seis años de sequía en los acuerdos bilaterales al cerrar varios pactos que permitirán la retirada de los recursos contra la ley de abusos policiales y los Presupuestos vascos, así como el traspaso de dos líneas de ferrocarril y el avance en la transferencia de dos tramos de las autopistas AP-1 y AP-68. También han abordado la posible descatalogación del Puerto de Pasaia como de interés general del Estado para poder acometer su traspaso, aunque esta cuestión requerirá de un mayor tiempo de negociación.
El portavoz del Gobierno Vasco y consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno, Josu Erkoreka, ha explicado este martes que ha informado al Consejo de Gobierno de que este lunes se celebró en Madrid una comisión bilateral de cooperación entre ambos ejecutivos, que es la que ha cerrado un primer acuerdo técnico. Posteriormente, estos pactos deberán ser refrendados por una comisión mixta de transferencias que se reunirá en septiembre, y donde el propio Erkoreka y la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, deberán firmar los acuerdos alcanzados.
En la reunión de la comisión mixta celebrada este lunes se abordaron dos áreas de trabajo: transferencias pendientes y conflictividad en el Tribunal Constitucional. En este último capítulo, ambos gobiernos han acordado no materializar el recurso contra la Ley Vasca de Presupuestos de 2018, sobre la que existía un requerimiento ejecutado por el anterior Ejecutivo de Rajoy. El Gobierno español tenía plazo para sustanciar el recurso hasta el 29 de setiembre de este año, pero finalmente ha desistido de hacerlo, lo que permitirá al Ejecutivo de coalición de PNV y PSE «comenzar a trabajar, con plena seguridad jurídica, en la subida salarial del personal público».
Subida de salarios
Erkoreka ha explicado que, tan pronto como tengan los informes elaborados, «aportaremos al Consejo de Gobierno los acuerdos necesarios para subir el salario un 1,5% con efectos a 1 de enero de 2018 y otro 0,25% adicional entre el mes de julio y diciembre de 2018«. También ha recordado que »desde enero el Gobierno Vasco ha recuperado las aportaciones a Itzarri con un 0,5%« y ha indicado que »nuestra previsión es elevar esta aportación hasta el 1% a finales de año«.
Además, el Gobierno Vasco trabaja ya para «garantizar el cobro del 100% del salario desde el primer día de Incapacidad Temporal a las personas que trabajan en la Administración Pública Vasca».
Ley de abusos policiales
Ambos ejecutivos han acordado también el desistimiento, por parte del Gobierno español, del recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra denominada ley de abusos policiales. Este acuerdo conlleva una doble actuación:
El Gobierno central se compromete a aprobar en un próximo Consejo de Ministros, antes de las vacaciones, la retirada del recurso de inconstitucionalidad. Mientras que el Gobierno Vasco «promoverá una reformar de la ley de abusos policiales para incluir las modificaciones acordadas».
El delegado del Gobierno en Euskadi respalda la ley de abusos policiales
El delegado del Gobierno en el País Vasco, Jesús Loza, ha mostrado su «satisfacción» por el acuerdo alcanzado entre los gobiernos central y vasco. Ha recordado que en la reunión que mantuvo con el lehendakari, Iñigo Urkullu, a finales de junio, advirtió de la necesidad de modificar «algunas cuestiones». «Se trata de pocas cuestiones en número, pero muy importantes en cuanto a su contenido», ha explicado. En concreto, ha explicado la necesidad de suprimir atribuciones a la Comisión de Valoración «para que no la conviertan de facto en un órgano jurisdiccional», y fundamentalmente, todas las referidas al esclarecimiento de presuntas vulneraciones y también a los medios de investigación que la ley desarrolla en este sentido. De esta forma, ha detallado que los cambios incluyen la modificación de los artículo 4.2c, 14.2e y 14.4. Asimismo, se introduce «de forma expresa» la manifestación explícita del respeto al honor, a la presunción de inocencia, así como lo previsto en la Ley de Protección de datos. En este sentido, se modifican los artículos 4.2d y 12.2c de la Ley 12/2016. También se suprime la disposición adicional sexta que «introducía el término de culpabilidad» y se da una nueva redacción al artículo 7 «para que resulte más modulada y se conciba, exclusivamente, con el buen fin de los expedientes administrativos».
Loza ha rechazado «de manera rotunda» que esta ley «pueda ahondar en la teoría del conflicto» porque «se niega expresamente en la exposición de motivos, en la que se establece nítidamente que no puede haber ningún tipo de equiparación con las víctimas de ETA y tampoco, evidentemente, ningún tipo de justificación».
Preguntado por las criticas de algunas asociaciones de víctimas y sindicatos policiales sobre la decisión de retirar el recurso, Loza ha explicado que ha mantenido reuniones con estos colectivos para informarles del «doble» objetivo de este acuerdo con el Gobierno Vasco, que busca «que las víctimas que existieron pueda ser reconocidas y reparadas, y que se haga con absoluto respeto a la legalidad».
Loza ha insistido en que, «si existieron vulneraciones de derechos humanos por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado --algunas tienen ya sentencia judicial---, lo fueron de forma aislada y no sistemática».
El portavoz ha señalado que esos cambios pactados no modifican el contenido de la ley y son «puntuales y muy concretos» para «despejar las dudas» de la Administración del Estado. «El objetivo es reforzar las garantías jurídicas y constitucionales de esta ley», ha asegurado Erkoreka, que lo ha calificado de «un buen acuerdo porque conseguimos salvaguardar el contenido y operatividad de la ley y garantizar que las víctimas de vulneraciones de derechos humanos puedan ser reconocidas y reparadas». Erkoreka ha dado por seguro que las modificaciones introducidas en la norma serán aprobadas por el Parlamento Vasco ya que el Gobierno de PNV y PSE ha perfilado un acuerdo en ese sentido tanto con EH Bildu como con Elkarrekin Podemos.
Transferencias
En tercer lugar, la comisión técnica abordó la cuestión de las transferencias pendientes para el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika y adoptó los siguientes acuerdos: Convocar una comisión mixta de transferencias en septiembre para traspasar las dos líneas de ferrocarril ya acordadas (Bilbao-Basauri y Alonsotegi-Barakaldo), así como comenzar los trámites y las conversaciones con las concesionarias de la AP-68 y la AP-1 para transferir los dos tramos de autopistas pendientes. Además, también se convocará una nueva reunión técnica y específica para analizar la descatalogación de interés general del Puerto de Pasaia. Aunque este traspaso aún va para largo, porque esta descatalogación conllevaría la elaboración de un decreto-ley por parte del Gobierno español que requiere de un trabajo y preparación, tanto técnico como jurídico.
Erkoreka ha valorado que estos acuerdos «son positivos para Euskadi» y se convierten en «un paso importante para abrir una vía bilateral y permanente de colaboración, negociación y acuerdo entre ambos gobiernos«.
