86 funcionarios dejan hoy las cárceles vascas

Según ha confirmado este periódico, hoy se dan de baja 35 trabajadores de la cárcel de Zaballa, 20 de Basauri (Bizkaia) y otros 29 en Martutene (Gipuzkoa). Asimismo, un par de técnicos de Aukerak -la agencia vasca de reinserción social- también enfilan este carril de salida. Otros siete funcionarios harán las maletas en tres meses, el plazo pactado en un primer momento para dar tiempo a Lakua a encontrar y formar los suficientes sustitutos. De esta forma, el número definitivo de bajas definitivas cuando llegue junio ascenderá a 93 personas. Lo nunca visto.

Hace meses que centrales sindicales como ACAIP-UGT, CC OO y CSIF denuncian el desaliento de estos funcionarios, todos procedentes de la administración central y muy experimentados. A grandes rasgos se quejan del trato recibido tras ser absorbidos por el Gobierno vasco en octubre de 2021. Hablan de «hastío», «enfado» y «ninguneo» con los sucesivos equipos directivos, primero del PNV y en la actualidad, del PSE.

Con su marcha hacia otras comunidades autónomas mediante un concurso de traslados organizado por el Gobierno central, los funcionarios vascos en cartera se reducen a alrededor de unos 480. En un principio, Justicia había previsto su sustitución paulatina gracias a ese supuesto colchón de tres meses que finalmente se ha quedado en 24 horas. Ayer llegó la confirmación de estas marchas inmediatas.

La consejería dirigida por la socialista María Jesús San José activará desde ya unos 40 interinos que completaron su formación a finales del año pasado. Ellos serán los primeros en incorporarse. Justicia confía en tirar ya con ellos porque «los funcionarios que cambian de destino no trabajaban todos mañana (por hoy). Hay turnos y lógicamente hay unos que ahora están de libre y otros en sus puestos de trabajo», emplazan medios oficiales.

En segundo lugar miran a otros «55-60» interinos que finalizaron su formación el 21 de febrero. Este grupo, no obstante, anda pendiente aún de cumplimentar algún paso burocrático que impide su incorporación inmediata. Como solución de urgencia si este grupo tardara en activarse, se ofrecería la opción de acumular «horas extras» entre la plantilla actual, una solución muy recurrida y criticada por las centrales sindicales.