La Fiscalía investiga la entrega de menores a Marruecos y Podemos ataca a Marlaska

La entrega de más de 700 menores a Marruecos amenaza con convertirse en un dolor de cabeza para Pedro Sánchez y para el ministro Fernando Grande-Marlaska. La repatriación de los jóvenes que entraron el pasado mes de mayo en Ceuta y que continuaban en la ciudad forma parte del acuerdo firmado entre Madrid y Rabat para reconducir la crisis diplomática abierta en los últimos meses. Pero el gesto puede generar nuevos frentes. A las críticas de las ONG se sumaron ayer el anuncio de la Fiscalía de que investigará lo sucedido y el malestar que trasladó Podemos desde dentro del propio Gobierno por una decisión de la que no había sido informado a pesar de estar al frente del Ministerio de Derechos Sociales.

El encontronazo entre los dos socios de Gobierno no es nuevo. De hecho, es uno más en una larga lista de rifirrafes y roces que en muchos casos llegan a lo personal. La subida de la luz y la advertencia de Podemos de que está dispuesto a salir a la calle para protestar había sido el último ejemplo. Pero lo sucedido en Ceuta amenaza con tensar todavía más la cuerda.

La realidad es que la repatriación de los menores cogió con el pie cambiado a Podemos. El malestar se hizo oficial en una carta remitida por el Ministerio de Derechos Sociales a Interior. El primero en manos de Ione Belarra, líder de Podemos. En la misiva, desvelada por 'El Confidencial' y firmada por el secretario de Estado Nacho Álvarez, uno de los hombres fuertes de la formación morada, se sugiere que el departamento tuvo conocimiento de las repatriaciones a través de las diferentes ONG y, sobre todo, se deja claro que la responsabilidad es «única y exclusivamente» de Interior. O lo que es lo mismo, de Marlaska.

Desde Interior y desde el PSOE se subraya que todo se está realizando de forma legal y que se están respetando los derechos de los menores. En teoría, el paraguas legal para proceder a la repatriación de los 700 'menas' es un convenio bilateral entre España y Marruecos, un documento que no se había activado desde 2012. Pero, aun así, diversas asociaciones de derechos humanos han cuestionado la validez jurídica de la entrega. Básicamente, porque el sistema cuando son menores edad es muy garantista y se exige que se analice caso por caso de forma individualizada y aquí se estaría hablando de centenares de jóvenes, llevados en autobús en grupos de 15 personas.

El problema para Pedro Sánchez es que la masiva repatriación también habría enojado al Ministerio Público. La Fiscalía General del Estado y la de Ceuta trasladaron ayer que en ningún momento habían sido informadas de la decisión adoptada por el Ministerio del Interior. Según su versión, la única comunicación oficial recibida sobre esta iniciativa había sido muy genérica y en ella no se cifraba el número de menores a repatriar ni tampoco cuándo daría comienzo. De hecho, la Fiscalía ha decidido abrir una investigación.

El desconocimiento del Ministerio Público es más chocante aún al tener en cuenta que la primera persona que dejó entrever lo que iba a suceder fue el lunes la delegada del Gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos, quien anunció que las relaciones entre Marruecos y España habían mejorado y «se iba a notar en los próximos días».

También se han manifestado en contra de la entrega el Defensor del Pueblo y el Consejo General de la Abogacía. Este últimos organismo ha exigido «el cese inmediato de las repatriaciones de menores sin garantías jurídicas», ya que duda de que se estén «cumpliendo estrictamente los convenios internacionales y el propio convenio bilateral».

El Gobierno ya había tratado de reagrupar a los niños con sus familiares pero, en plena tensión diplomática, Rabat se negaba a colaborar, alejando incluso a los padres de la valla fronteriza. El objetivo de la operación puesta en marcha el viernes es garantizar la reunificación de los menores con sus familias y, en el caso de que no sea posible, facilitar su entrega a un centro próximo a Tetuán.

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