La Fiscalía de la Audiencia Nacional recurre otros tres terceros grados a presos de ETA
Marlaska defiende en el Congreso que «no se negocia» la aplicación de la ley penitenciaria «ni se beneficia» a presos de ETA
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha recurrido la progresión a tercer grado concedida por la secretaría general de Instituciones Penitenciarias a otros tres presos de ETA. En caso de que prosperaran, se sumarían a las tres revocaciones que se han conocido en las últimas fechas, la de los presos de la banda terrorista Unai Fano Aldasoro, Jon Crespo Ortega e Iñigo Gutiérrez Carrillo. La Fiscalía ha interpuesto recurso en el caso de siete terceros grados concedidos por el Ejecutivo de Sánchez: cinco en 2021 y otros dos en 2022. De ellos, la Audiencia Nacional ya se ha pronunciado en cuatro casos. Uno lo desestimó, pero otros tres fueron favorables, como es el caso de Fano, Crespo y Gutiérrez que han tenido que regresar a la cárcel en fechas recientes.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha concedido 24 terceros grados o semilibertad a presos de ETA desde 2019. Desde el traspaso efectivo de Prisiones a Euskadi, el pasado enero, será el Gobierno Vasco quien deberá aprobar o no las propuestas que hagan las juntas de tratamiento de las prisiones vascas. De hecho, el Ejecutivo de Iñigo Urkullu ya tiene encima de la mesa los primeros expedientes sobre la concesión de terceros grados para presos de ETA, sobre los que se ha comprometido a seguir exclusivamente criterios técnicos y de legalidad, «y nunca criterios políticos».
Tras las críticas recibidas por la concesión de semilibertades a presos de ETA, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, defendió ayer en el Congreso que «no se negocia» la aplicación de la ley penitenciaria ni se beneficia a presos de ETA. Pidió respeto a todas las decisiones judiciales y, a modo de comparación, citó los casos de los presos de ETA Pedro José Pikabea Ugalde y Antonio Troitiño Arranz, ya que en estos casos fueron progresados al tercer grado por decisión del titular del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis Castro, a pesar de contar con el rechazo del Ministerio del Interior. Grande Marlaska expuso que Pikabea alcanzó la semilibertad en marzo de 2019, mientras que Troitiño lo consiguió por decisión del juez en enero de 2021.
Sare remarca que «el único propósito» de la interlocución con Interior «es avanzar hacia una verdadera convivencia»
El ministro habló también de un tercer etarra, Juan Carlos Herrador, aunque fuentes de Interior matizaron que es uno de los casos donde la propuesta de progresión al tercer grado de la junta de tratamiento de la cárcel quedó rechazada directamente, sin intervención del juez, por el centro directivo de la secretaría general de Instituciones Penitenciarias.
Grande Marlaska dio estos datos deseando que Vox «se calle» en sus «falsedades» y «deje de frivolizar» con el terrorismo, recordando que en el informe de la Guardia Civil que recoge contactos entre el entorno de los presos de ETA y el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, no dice que se haya incumplido la ley. El ministro del Interior defendió que, derrotada ETA, «no tiene sentido mantener la dispersión de presos de la banda terrorista». «La aplicación de la ley no se negocia», reiteró, pidiendo que no se desconfíe de un sistema judicial «legal y de garantías».
Piden «una solución justa»
La red de apoyo a los presos de ETA Sare, por su parte, salió ayer al paso de las informaciones relativas a los contactos mantenidos con representantes del Ministerio del Interior y la política penitenciaria en torno a los traslados y progresiones de grado de presos de ETA y aseguró que entran dentro de un diálogo «normal». La plataforma que lidera Joseba Azkarraga apuntó que la interlocución de sus representantes con instituciones y formaciones políticas tienen como «único propósito» avanzar en el camino hacia «una verdadera paz y convivencia». Tras reclamar «una solución justa a la situación de las cárceles», afirmó que no pueden «permanecer en silencio cuando, tras más de 10 años del fin de ETA, se continúa aplicando a los presos una política penitenciaria de excepción».
La AVT se manifestará el 2 de abril contra el Gobierno de Sánchez
La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) se manifestará el 2 de abril en Madrid contra la política penitenciaria del Gobierno de Pedro Sánchez relativa a los presos de ETA con los que, a su juicio, ejerce un «trato preferencial». «Decimos basta ya, hasta aquí hemos llegado, señor Sánchez», asegura la asociación que agrupa a la mayoría de las víctimas del terrorismo. La marcha partirá a las 12.00 horas desde la Puerta del Sol y culminará en la Plaza de Colón bajo el lema: 'No todo vale, Gobierno traidor. Justicia para las víctimas del terrorismo'. Este colectivo que preside Maite Araluce denuncia al Gobierno de PSOE y Unidas Podemos y al Ministerio del Interior por «mercadear» con las víctimas del terrorismo. Critica además las informaciones sobre el informe de la Guardia Civil que revela contactos del entorno de los presos de ETA y el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, así como que el Congreso rechazara el martes una proposición de ley del PP para cambiar el Estatuto de la Víctima.
