Fiscal y defensas negocian una condena para los principales acusados del caso De Miguel

Fiscal y defensas negocian una condena para los principales acusados del caso De Miguel
IGOR AIZPURU

Quieren cerrar un pacto con penas menores antes de que el lunes se reanude el juicio a la presunta trama de corrupción vinculada al PNV

ANTONIO SANTOSSAN SEBASTIÁN.

Aceptar la comisión de algunos delitos a cambio de una pena menor. La Fiscalía y las defensas de los principales procesados por el caso De Miguel negocian una condena que ponga punto y final al juicio que desde el pasado enero sienta en el banquillo a 26 acusados, entre ellos el que fuera diputado foral de Administración Local y 'número dos' del PNV en Álava hasta su detención en 2010, Alfredo de Miguel. Las partes mantienen conversaciones desde hace días y, según ha podido saber este periódico, tienen avanzado el pacto. La idea, en principio, era cerrar el acuerdo antes de que la vista oral se reanude el próximo lunes, después del parón por las vacaciones estivales.

A falta de limar algunos flecos, las conversaciones giran en torno al tiempo de prisión y los años de inhabilitación que aceptarían Alfredo de Miguel, al que todos conocen por 'Txitxo', y los líderes de la presunta trama. La Fiscalía acusa al ex 'número dos' de los peneuvistas de 27 delitos entre los que figuran asociación ilícita, prevaricación, cohecho y malversación de caudales públicos. En total, sumarían 54 años y once meses de reclusión, aunque fuentes judiciales aseguran que, como máximo, la pena real que les podría imponer el tribunal presidido por el magistrado Jaime Tapia giraría en torno a algo más de diez años.

Se entiende que el acuerdo entre Fiscalía y defensas quedará por debajo de esa cifra, si las conversaciones culminan en un acuerdo. Fuentes conocedoras de la negociación aseguran, incluso, que los abogados de De Miguel pretenden que su cliente y los principales cabecillas de la presunta trama eviten la cárcel o que, en el peor de los escenarios para ellos, pisen la prisión muy poco tiempo. Sí estarían dispuestos a una condena que suponga bastantes años de inhabilitación para desempeñar un cargo público.

Se pondría así el broche al mayor proceso por corrupción investigado en Euskadi y con el PNV como principal protagonista. Lo haría, además, apenas unos días después de que se haya conocido el desenlace de otro juicio, el del caso Margüello. El exjefe de Calidad del Hospital de Cruces, José Carlos Margüello, y dos de sus colaboradores han sido condenados a penas de entre 9 y 7 años de inhabilitación, pero eludirán la cárcel. La sentencia, conocida la semana pasada, considera probado que los principales acusados -entre los que también figura el exresponsable del Departamento vasco de Sanidad de Bizkaia José Ramón Elorriaga (PNV)- se pusieron «de común acuerdo» para beneficiar a las empresas de Margüello con la «adjudicación» de contratos públicos que eludían los «principios de legalidad, objetividad y publicidad». Pese a ello, el tribunal entendió que no se les podía condenar por malversación de caudales públicos porque los servicios contratados se habían dado a los pacientes.

Los abogados del ex 'número dos' jeltzale en Álava pretenden evitar su ingreso en prisión

Fuentes judiciales aseguran que el tribunal nunca les impondría más de diez años de pena real

El caso De Miguel tendría, de esta manera, un desenlace algo parecido, aunque la Fiscalía conseguiría que fueran los principales encausados quienes reconocieran algunos de los delitos que se les imputan. Hasta el momento pregonaban su inocencia. En el banquillo, además de 'Txitxo' de Miguel se sientan su mujer, para la que se piden 30 años; Koldo Ochandiano, exmiembro del Araba Buru Batzar y promotor de alguna de las sociedades supuestamente corruptas, para el que se solicitan 32 años; los mismos que reclamaba el Ministerio Público para Aitor Tellería, ex alto cargo del PNV y responsable de una empresa en el parque tecnológico de Miñano.

La investigación de esta presunta trama se remonta al 17 de marzo de 2010, cuando De Miguel fue detenido por la Ertzaintza. El juez de instrucción Roberto Ramos consideraba que quien estaba llamado a liderar el PNV en Álava y sustituir a Iñaki Generabarrena era el líder de un «entramado societario» creado para cobrar comisiones a cambio de adjudicar proyectos urbanísticos.

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