Etxerat asegura que 132 presos debieran estar ya en tercer grado

El colectivo de familiares de presos de ETA ha expresado esta mañana su «hartazgo» por lo que entiende que es la conculación de la legalidad penitenciaria que impide, por ejemplo, que 132 reclusos que han cumplido gran parte de sus condenas accedan a tercer grado cuando tendrían derecho a ello. «No estamos hablando de beneficios, mienten quienes sostienen que han obtenido beneficios o aseguran que nunca se les han aplicado, ni se les aplican, medidas de excepción. Estamos hablando de derechos, los que contemplan la ley y el reglamento penitenciario que a nuestros familiares les corresponden y que se les niega de manera interesada y vengativa», han señalado portavoces de este colectivo.

Según los datos que han ofrecido en una comparecencia pública ofrecida en Bilbao, en menos de un año, las autoridades penitenciarias ha dado luz verde a 71 permisos de salida autorizados a un total de 34 presos por parte de las juntas de tratamiento de Álava (24); El Dueso (18); Martutene (12); Burgos (8); Basauri (6); Logroño (1); Zuera (1). Estos permisos, según denuncian, han sido posteriormente denegados por parte del juez central de Vigilancia Penitenciaria y la Sección Primera de la Audiencia Nacional; 168 presos deberían estar saliendo de permiso si se les aplicara la legalidad ordinaria, según Etxerat, «pero sólo están saliendo 22».

Al mismo tiempo, este colectivo señala que el juez central de Vigilancia Penitenciaria ha dictado tres regresiones de tercer a segundo grado, lo que ha supuesto el reingreso a prisión de tres personas que disfrutaban ya de semilibertad. En su opinión, 132 presos deberían estar en tercer grado si se les aplicara la legalidad ordinaria por haber cumplido la mitad de la pena; sólo lo están 14. El movimiento de familiares de los reclusos sostiene que 51 presos podrían alcanzar la libertad condicional por haber cumplido las tres cuartas partes de la condena, mientras que solo seis lo han logrado este año.

«Han transcurrido casi cinco años desde que nuestros familiares presos y presas, 190 en la actualidad, se comprometieran con la resolución y la convivencia e iniciaran su recorrido jurídico penitenciario, que se ha convertido en una continua carrera de obstáculos, primero para ser acercados, después para disfrutar de los permisos, ser clasificados en tercer grado y finalmente, para acceder a la libertad condicional», han señalado. «Estamos hartas de que siempre se haga salvedad con nuestros familiares y no se les aplique la legalidad. Cansadas de que se les exijan cuestiones no sujetas a ley e indignadas por tantas excusas políticas, mediáticas y judiciales para mantener la excepcionalidad penitenciaria», han afirmado. «No podemos esperar más tiempo sorteando diariamente obstáculos y trabas a la aplicación de la legislación ordinaria», han concluido.

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