Los presos piden al Gobierno poder salir del primer grado para avanzar en la reinserción

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Los reclusos de ETA acogen con expectativas el anuncio de Sánchez de una nueva estrategia

Jorge Sainz
JORGE SAINZ

Los presos de la desaparecida ETA acogen con expectativas pero con cierta cautela los dosificados mensajes del nuevo Gobierno del PSOE sobre su intención de flexibilizar la política penitenciaria. La sorpresiva salida del Ejecutivo del PP, que no contemplaba mover ficha en las cárceles, ha abierto una puerta de esperanza para los reclusos. Los internos de la banda están dispuesto a dar pasos para avanzar hacia la «reinserción», como les pide el Ejecutivo. Pero para ello reivindican que antes debe acabarse la legislación de «excepción que se les aplica» y, sobre todo, reclaman al nuevo Ejecutivo socialista que se les abra la puerta a progresar de grado y tener la opción de acceder a beneficios penitenciarios. «Si se logra quitar el tapón del primer grado se abriría un nuevo escenario en el que podría haber nuevos avances», señalan fuentes independentistas autorizadas.

El régimen carcelario se revisa cada seis meses y son las Juntas de Tratamiento de cada cárcel, dependientes de Instituciones Penitenciarias, el órgano gubernamental, las que marcan una pauta que en última instancia debe ser aprobada por el juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional. Por ello, en el mundo independentista creen que el Gobierno tiene mucho que decir a la hora de comenzar a destaponar la salida del primer grado.

Reglamento penitenciario

Artículo 100.2
El equipo técnico que sigue a cada recluso podrá proponer a la Junta de Tratamiento «un modelo de ejecución en el que puedan combinarse aspectos característicos» de los distintos grados penitenciarios, en función de un «programa específico» de resocialización. Esta «medida excepcional» requiere de la aprobación «ulterior» del juez de Vigilancia Penitenciaria.
Artículo 102.5.c
Se califica en primer grado a los presos de organizaciones delictivas o bandas armadas «mientras no muestren signos inequívocos de haberse sustraído a su disciplina interna».
Artículo 90 del Código Penal
Fija los requisitos para la libertad condicional -hay que estar en tercer grado-, agravados en los casos de terrorismo: repudio de la violencia, petición de perdón a las víctimas, su resarcimiento y colaboración con la Justicia.

La libertad de los presos enfermos, el acercamiento a cárceles vascos y poder pasar del primer al segundo grado penitenciario son las tres primeras medidas que los reclusos urgen al gabinete de Pedro Sánchez a adoptar. Entienden que estas reivindicaciones pueden llevarse a la práctica de forma inmediata siguiendo el criterio de «legalidad» que reclaman las víctimas del terrorismo y que ha puesto como línea roja el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska.

De uno en uno

Además de la clásica demanda del fin de la dispersión, una herramienta «política» que ya no tendría ninguna justificación desaparecida tanto la violencia como la propia organización que la practicaba, insisten las fuentes consultadas, los reclusos y la izquierda abertzale se centran en la batalla política y jurídica para que a los reos se les permita salir del primer grado. Es el régimen más estricto y en el que están clasificados el 95% de ellos, y reclaman acceder al segundo, donde tienen ya la opción de optar a permisos y se atisba el tercer grado, en el que ya existe la opción de la semilibertad.

Prisiones marca la pauta sobre el régimen de cada preso, pero la Audiencia Nacional tiene la llave final

Los presos aceptan que se analice cada situación de forma «individualizada», renunciando a la histórica reivindicación colectiva. Y en ese marco de «individualidad», reclaman que «se respete la voluntad de cada preso» y no se les «impida recorrer la trayectoria de resocialización o reintegración que las leyes prevén», señala la izquierda aber-tzale en distintos documentos internos. Se empieza, en este sentido, a utilizar tímidamente el término «reinserción», hasta ahora tabú, junto a otros más empleados como «resocialización» o «reintegración».

Disuelta ETA, además, se cae el argumento de la pertenencia a una «organización terrorista», que justificaría el mantenimiento de estos presos en el régimen más restrictivo. Los presos entienden que es clave la «voluntad política del Gobierno», que si bien ha avanzado su intención de flexibilizar la política penitenciaria no ha concretado en qué términos lo haría. En este sentido, sí esperan que tras la llegada del Gobierno de Sánchez se termine con las respuestas administrativas y judiciales denegatorias que los abogados de reclusos están denunciando que se basan «en un patrón general que contradice, además, la exigencia a los presos de actuar caso a caso».

El acercamiento a cárceles vascas o los enfermos son otras demandas, en las que prevén algunos gestos

Las fuentes consultadas insisten en que los condenados, organizados en torno al colectivo EPPK, ya «no suponen un riesgo para la vida diaria de la cárcel ni presentan problemas de adaptación», conviviendo de hecho con presos sociales que ya se hallan en segundo grado. La consigna interna de los reclusos de ETA es desde hace meses la de evitar todo tipo de conflictividad. Numerosos internos, además, han comenzado a pedir destinos, es decir, a desempeñar trabajos en prisión en bibliotecas, el economato o las tareas de limpieza. Con todos estos ingredientes, el mundo de Sortu y los presos entienden que es hora de permitir a los reclusos de ETA pasar al segundo grado.

En ese nuevo régimen más flexible, los presos aseguran que podrían avanzar en cuestiones como el «reconocimiento del daño causado», el acercamiento a las víctimas de sus atentados o una postura más avanzada que se ajuste a la demanda legal de «repudio de la violencia», con las líneas rojas del «arrepentimiento y la delación». Los colectivos de víctimas, que se reunieron con el ministro de Interior la pasada semana, exigen a los antiguos miembros de la banda un «rechazo claro y sin trampas del terrorismo». Así lo hace, por ejemplo, una de las principales asociaciones, la vasca Covite, que cree que con ese «rechazo claro» podría procederse a acercamientos, eso sí, siempre expediente por expediente. En el caso de la colaboración con la Justicia para resolver los asesinatos sin esclarecer, otra gran reivindicación de los damnificados por la violencia, aparecen dificultades para demostrar que tal o cual preso conoce efectivamente datos de los casos sin resolver, aunque las víctimas seguirán incidiendo en ella. A la espera de que el Gobierno del PSOE materialice sus primeros gestos, en las cárceles no se espera un cambio radical de la noche a la mañana, aunque sí confían en movimientos parciales, siguiendo la estela de Francia.

El nombramiento como ministro de Interior de Grande-Marlaska, un juez caracterizado en su día por su firmeza contra todo ese mundo, cayó como un jarro de agua fría, aunque las posteriores palabras de Sánchez, y la elección de perfiles como Ángel Luis Ortiz (Prisiones) o Jesús Loza (que hoy toma posesión como nuevo delegado del Gobierno central en el País Vasco) han atenuado esas malas sensaciones iniciales.

Evitar casos como en Vitoria

En el mundo de la izquierda abertzale también se asume la necesidad de cuidar determinados gestos y evitar en lo posible polémicas como la conocida la pasada semana por el recuerdo en un programa de fiestas de un barrio de Vitoria a un preso condenado por el asesinato en el año 2000 del parlamentario del PSE-EE Fernando Buesa y su escolta, Jorge Díez Elorza. En el seno independentista no son pocas las voces que apelan a combinar con modulación la reivindicación y el recuerdo a los reclusos con el respeto a las víctimas de ETA.

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