La Diputación sancionará a quienes incumplan su código de transparencia

Imanol Lasa, diputado de Gobernanza y Comunicación con la Sociedad. /DV
Imanol Lasa, diputado de Gobernanza y Comunicación con la Sociedad. / DV

Con la aprobación de la norma foral de buen gobierno, los altos cargos de Gipuzkoa podrán ser condenados a multas de hasta 12.000 euros

Macarena Tejada
MACARENA TEJADA

Las personas que tengan la consideración de alto cargo o personal asimilado en la Diputación de Gipuzkoa podrán ser económicamente sancionadas en caso de cometer alguna infracción legal. La norma foral de buen gobierno, recientemente aprobada, incluye sanciones para los diputados, directores y gerentes de las fundaciones y organismos de la Diputación como últimos responsables de la infracción cometida. Las que estén dentro del grupo de las 'muy graves' podrán ser castigadas con una multa de hasta 12.000 euros.

El capítulo tres de esta norma, titulado 'Garantías de transparencia y régimen sancionador', clasifica las infracciones en tres grupos: las muy graves, las graves y las leves. Las primeras podrán ser sancionadas con multas de entre 6.001 y 12.000 euros, pero también con la «declaración de incumplimiento y publicación en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Gipuzkoa». Para no ser multados, los altos cargos deben publicar la información que les pide el comité de reclamaciones y que garantiza la transparencia: las funciones que desarrollan, la normativa que les es de aplicación, su estructura organizativa, la relación de los bienes inmuebles que sean de su propiedad o sobre los que ostente algún derecho real, con indicación del uso o servicio al que están destinados, y el departamento o ente al que están adscritos, o entidad a la que están cedidos, así como la información relativa al parque móvil, entre otras.

Según la norma, serán condenados quienes incumplan las obligaciones sobre «publicidad activa, cuando se haya desatendido más de tres veces, en un período de dos años, el requerimiento expreso de la comisión de reclamaciones en materia de transparencia». También estará condenado de esta manera el «incumplimiento reiterado, más de tres veces, en un período de dos años, de las resoluciones dictadas en materia de acceso por la comisión de reclamaciones en materia de transparencia en las reclamaciones que se le hayan presentado».

«Un gran paso adelante»

Las infracciones graves podrán sancionarse con multas comprendidas entre los 1.001 euros y los 6.000 y también con la declaración del incumplimiento y publicación en el boletín oficial de Gipuzkoa. Las leves, por su parte, con «amonestación» o teniendo que pagar entre 200 y 1.000 euros. La aprobación de la norma foral de buen gobierno es «un gran paso adelante» para el diputado de Gobernanza y Comunicación con la Sociedad, Imanol Lasa. «Hasta ahora teníamos un código de conducta y un comité que, en caso de que hubiera alguna denuncia, tenía que ver si esta se podía considerar una infracción o no», explica Lasa. «Con esta norma queremos recoger los avances de la buena gobernanza y darle al comité un respaldo legal», añade. Por tanto, la norma foral de buen gobierno será de «obligado cumplimiento» en todo Gipuzkoa.

 

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