El PSN se desmarca de sus socios de gobierno al apoyar la iniciativa de Na+ para una Ley de Símbolos

El pleno del Parlamento foral aprobó la toma en consideración de la nueva ley que promueve Na+ con los votos a favor de esta coalición y del PSE, mientras que Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E votaron en contra. «Traemos una nueva ley porque el Gobierno nacionalista de la pasada legislatura derogó la que había para poder colocar la ikurriña», aseguró el portavoz parlamentario de Na+, Javier Esparza. También recordó que a aquella decisión del Ejecutivo de Barkos le siguió una manifestación apoyada por UPN, PSN y PP y a la que acudieron «más de 25.000 personas», entre ellas «la actual presidenta», en referencia a María Chivite. «Se trata -añadió Esparza- de recuperar una regulación sobre el uso de los símbolos para preservar la identidad navarra».

«El Partido Socialista va a votar a favor, sorpresa. Esto desmonta la campaña de descrédito y mentiras de Navarra Suma», replicó el portavoz socialista, Ramón Alzórriz, quien precisó que su partido defiende «dignificar y respetar» los símbolos de Navarra. También reprochó a Na+ que «prefiera la confrontación» y «confundir a la ciudadanía sobre la postura de otros partidos en cuestiones identitarias», y añadió que los símbolos «son de todos».

Koldo Martínez (Geroa Bai) señaló que el anterior Gobierno derogó la ley foral de Símbolos para «impulsar una política de tolerancia e integración» y afirmó que desde entonces los símbolos de Navarra «han estado presentes siempre en las instituciones» forales.

«Surrealismo», sentenció el portavoz de EH Bildu, Maiorga Ramírez, quien denunció que el PSN vaya «en contra de su propio Gobierno» al apoyar una iniciativa a la que éste se ha opuesto. «Vaya desnortación» y «papelón» para sus socios, dijo.

Chivite no participó ayer en el debate de la Ley de Símbolos, pero sí que se refirió a la sentencia del Tribunal Superior de Navarra que ha anulado los capítulos de un decreto que premiaba el euskera en el acceso a empleos públicos en las zonas mixta y no vascófona de la comunidad foral. La presidenta aseguró que su Gobierno estudia la posibilidad de presentar un recurso contra la sentencia y advirtió que «hay concursos-oposiciones vigentes y más de mil personas que podrían verse afectadas», por lo que «tenemos que garantizar plena garantía jurídica». También dijo que la resolución judicial «invalida toda la política lingüística de los últimos veinte años».