La cuenta atrás

El procesamiento del exvicepresident Oriol Junqueras, nueve de sus exconsejeros y la que entonces dirigía aquellos insólitos plenos en el Parlament, Carme Forcadell, entre otros, pone el reloj en marcha para que la Justicia dicte sentencia sobre unos hechos que en la España contemporánea no habían ocurrido nunca: la declaración de la independencia de una comunidad autónoma al margen de la legalidad vigente. No deja de ser positivo que la instrucción no se haya visto perjudicada en este caso por el mal endémico de la dilación que tantas veces suele contaminar los procedimientos penales. Ha pasado un año del encarcelamiento de los dirigentes secesionistas y ya está previsto que se sienten en el banquillo a principios de 2019.

La próxima semana se conocerán los escritos de acusación de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía, que serán la primera piedra de toque para conocer las intenciones procesales de ambas partes acusadoras. Y también se verá en el tiempo sus posibles cambios de criterio hasta el visto para sentencia.

A nadie escapa que en el debate entrarán de lleno la discusión jurídica de si en la actuación de los procesados se cometió el ilícito de rebelión -castigado con hasta 25 años-, o si esa tipificación puede rebajarse a sedición -con hasta 15 años - u otros delitos también con menos pena, como el de la conspiración para la rebelión.

A Torra no le hizo la menor gracia que el procedimiento para el juicio haya comenzado a andar y de su boca salieron varios avisos a navegantes nada conciliadores. A pesar de que el propio Sánchez y su mano derecha en el Gobierno, Carmen Calvo, pongan en duda la comisión del delito de rebelión en el desafío secesionista y que la Abogacía del Estado pueda tomar nota de ello, no parece que este bálsamo a las heridas del cada vez menos cohesionado soberanismo catalán pueda asegurar su apoyo a los Presupuestos del Gobierno Sánchez.

Siete jueces del Tribunal Supremo juzgarán los presuntos delitos que concurrieron en aquellas fechas en Cataluña y al final se conocerán cuáles son las consecuencias penales de haber transgredido la legalidad vigente de forma unilateral. La espera será tensa, sin duda.