Covite envía una carta a Juncker para «desmontar la campaña de falsedades» en el caso Alsasua

La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide penas de hasta 62 años de prisión para los ocho acusados de la agresión. Les imputa cuatro delitos de lesiones terroristas y a otros dos procesados amenazas por el ataque a dos guardias civiles y sus parejas.

Covite, que interpuso ante la Audiencia Nacional la denuncia por delitos de terrorismo y de odio contra los presuntos agresores, pretende que tanto la versión de las víctimas sobre lo ocurrido como los argumentos de su denuncia «lleguen a las más altas instancias de la Unión Europea para frenar la manipulación que la izquierda abertzale, amparada en otras fuerzas políticas, están haciendo del caso».

Ordóñez recuerda que la organización a la que pertenecen los presuntos agresores, Ospa Mugimedua, «fue creada al amparo de la campaña de ETA Alde Hemendik!, que persigue la expulsión de las Fuerzas de Seguridad» de la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra. El colectivo detalla «las estrategias de hostigamiento y presión, desde los atentados contra sus hogares hasta su caracterización como agentes torturadores».

Se refiere también a las acusaciones de «montaje policial-judicial» y recuerda que Ospa afirmó en un comunicado que los guardias civiles fueron «increpados» y hace referencia a las manifestaciones convocadas en apoyo a los detenidos. También relata los insultos que recibieron cuatro víctimas de Covite que acudieron a Alsasua con pancartas pidiendo que «se desterrara el odio del pueblo». Como respuesta, los manifestantes les espetaron gritos como «¡Fascistas!», «¡Aquí no pintáis nada!», «¡Asquerosos!», «¡Fuera de aquí!» e incluso la frase «¡Vete a tu pueblo!» a Concepción Fernández, viuda de un guardia civil asesinado y oriunda de Alsasua.

En el dossier enviado a Juncker menciona «las campañas de odio contra las Fuerzas de Seguridad, jornadas, señalamiento de los lugares donde se practican controles de tráfico, difusión de mensajes incitando al odio y la utilización de niños en la celebración del Ospa Eguna.

Covite se hace eco de las acusaciones en torno a la «desproporcionalidad» tras la petición de penas para los acusados. El colectivo afirma que el Código Penal español es «uno de los más benignos y garantistas de Europa» y explica que, incluso en el caso de que los agresores no fueran acusados de terrorismo, sino de delitos de odio, atentado contra la autoridad, lesiones y amenazas, la petición de penas «sería similar». Piden a Juncker que la Comisión «transmita su cercanía y apoyo a las víctimas, que además de las secuelas, siguen padeciendo señalamiento y acoso, y continúan desatendidas por autoridades e instituciones nacionalistas, volcadas en dar voz a los agresores y a su entorno».