Consulta a la militancia: ¿Democracia interna o cosmética?

Las formaciones políticas de izquierdas en Euskadi, pero también en España y en Europa son más propensas que las de derechas a otorgar un mayor papel a sus afiliados a la hora de conocer su opinión a través de consultas a la militancia sobre temas o decisiones de relevancia. Ejemplos recientes muestran, sin embargo, que este tipo de procesos participativos otorgan, de manera sistemática, un amplio respaldo a propuestas formuladas por las cúpulas de los partidos, y muchos no concitan gran participación, por lo que cabría preguntarse: ¿Para qué sirven realmente este tipo de consultas a la militancia? ¿Es democracia interna o pura cosmética?

El último ejemplo de este tipo de gestos que apuestan por dar voz a la afiliación tuvo lugar la pasada semana con la consulta a las bases que llevó a cabo la coalición EH Bildu, con motivo de su anunciado 'sí', por primera vez, a unos Presupuestos Generales del Estado. No hubo sorpresas. El respaldo a la posición favorable a apoyar las Cuentas que promocionó la Mesa Política de la coalición de izquierda abertzale –formada por Sortu, EA, Alternatiba y Aralar– fue abrumador. Recibió un incontestable 91,5% de apoyos y un 5,6% de votos en contra. 1.453 personas votaron 'sí', 89 se decantaron por el 'no' y 46 eligieron el voto en blanco. La cifra de participantes, 1.588 militantes fue sensiblemente inferior a la consulta sobre la investidura de Sánchez, en la que votaron 5.441 militantes de EH Bildu, de los que 4.406, un masivo 81,4%, votaron 'sí'.

Estos son los hechos recientes, pero para conocer el origen de la proliferación de este tipo de consultas a la militancia en formaciones como el PSOE, Podemos, EH Bildu, IU o ERC, –también cabría citar a los liberales de Ciudadanos por sus primarias para elegir candidatos o líderes–, hay que remontarse a los efectos del 15M. Aunque esta herramienta de participación interna se daba antes en determinados partidos, se generaliza tras el movimiento 15M, fenómeno que cumplirá una década el próximo año. Al calor de esa movilización ciudadana, y especialmente tras el surgimiento de Podemos y Ciudadanos, emergió una fiebre democratizadora en los partidos a nivel nacional y se contagió en ámbitos territoriales.

Tras las protestas del 15M, se incorporaron al panorama político partidos que exhibían una exigencia de mayor transparencia y menor jerarquización en los partidos. La novedad ejerció cierto efecto arrastre en organizaciones ya existentes que optaron por dar respuesta al mensaje que clamaba la calle con aquel «no nos representáis».

Estas consultas, muy instaladas hoy en formaciones vascas como el PSE, EH Bildu, Podemos o IU, no buscan solo saber en abstracto cuál es la opinión de los militantes o los simpatizantes sobre un tema, sino que obligan a los partidos a que los acuerdos a los que lleguen o las decisiones que tomen estén, de alguna forma, validadas por su base social. Los socialistas, por ejemplo, acordaron en el 39 congreso federal del PSOE someter a consulta obligatoria y vinculante los pactos considerados de «especial trascendencia», como acuerdos de gobierno en los que sea parte el PSOE, sobre el sentido del voto en sesiones de investidura que supongan facilitar el gobierno a otro partido político y para decidir la revocación de secretarios generales. En el caso del PSE, el último acuerdo ratificado por consulta a la militancia fue el de la coalición con el PNV en el Gobierno Vasco y lo avaló el 93,1%.

Este ejercicio de democracia interna se produjo a cinco bandas en 2019, tras las elecciones generales del 10-N, cuando PSOE, Podemos, Izquierda Unida, los comunes y ERC organizaron consultas a su militancia para definir su postura en los acuerdos postelectorales. Los cuatro primeros preguntaron sobre la alianza PSOE-Unidas Podemos para un Ejecutivo de coalición, mientras que el partido catalán lo que quería era definir su postura en una hipotética investidura de Sánchez. Se diferenciaron en los tiempos y en la capacidad de movilización. Los dirigentes del PSOE y Unidas Podemos preguntaron a sus bases una vez habían firmado el preacuerdo, mientras que ERC lo hizo como paso previo a definir una postura en la elección de presidente del Gobierno. El apoyo medio a la postura de la dirección fue del 92,8%, un amplio respaldo que algunos expertos enmarcan en la forma en que se plantearon las preguntas. Estiman que hay muchas evidencias, no solo en las consultas de los partidos, sino también en los referéndum, de que quien hace la pregunta, en cierto sentido, está condicionando qué tipo de respuesta habrá.

Si el apoyo se puede calificar de masivo, no lo fue así la participación. En el caso del PSOE, la movilización fue del 63,01%, 11 puntos más que la de la consulta de 2016 tras el pacto con Albert Rivera, pero en Podemos fue del 59%; en los comunes, 36,4%, y en IU, 31,2%.

Cada partido formuló preguntas distintas para decir casi lo mismo con el fin de reforzar las respectivas directrices políticas. La sintaxis de cada una de ellas había sido muy bien pensada para que no hubiera sorpresas. Y no las hubo.

En el caso de ERC la cuestión fue distinta. Se preguntó: «¿Estás de acuerdo con rechazar la investidura de Pedro Sánchez si previamente no hay un acuerdo para abordar el conflicto político con el Estado a través de una mesa de negociación?». La dirección de ERC recibió también amplio apoyo de sus bases. Un 95% de los votos registrados –estaban llamados a responder los 8.600 militantes– rechazaron investir a Sánchez y respaldaron la estrategia de la cúpula republicana de exigir gestos a cambio. Participó un 70%.

Si hay un partido que hace alarde de llevar en su ADN la consulta a la militancia, ese es Podemos. Las convoca cada vez que debe tomar una decisión trascendental e incluso sobre cuestiones que en ningún otro partido se podrían imaginar como fue la derivada del caso del chalé de Galapagar. En la mayoría de casos, la dirección morada recibe apoyos superiores al 90%. En pocas ocasiones se ha visualizado la existencia de una masa crítica, en torno al 30%. Una de ellas fue justamente cuando se cuestionó la continuidad del liderazgo de Iglesias y Montero tras la polémica compra del citado chalé. Un 31,58% votó a favor de su dimisión. O cuando se preguntó si se apoyaría un Gobierno monocolor del PSOE y un 30% dijo 'no'.

La anécdota la protagonizó la CUP, en 2015, con el insólito empate a 1.515 votos en la asamblea nacional extraordinaria convocada para resolver su posición sobre la investidura de Artur Mas.