El Constitucional admite a trámite el recurso de Cs contra la ley vasca de abusos policiales

El Constitucional admite a trámite el recurso de Cs contra la ley vasca de abusos policiales

Gobierno y Parlamento Vasco tienen quince días para personarse en el proceso y formular alegaciones tras la decisión judicial, que no paraliza la normativa

LORENA GIL

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad de Ciudadanos contra la ley vasca de abusos policiales. El alto tribunal ha dado traslado de la demanda y de los documentos presentados al Congreso, al Senado y al Gobierno central, así como al Ejecutivo y Parlamento vascos, para que en el plazo de 15 días puedan personarse en el proceso y formulen las alegaciones que consideren convenientes.

La formación que lidera Albert Rivera presentó el pasado 31 de mayo un recurso de inconstitucionalidad contra ley de abusos policiales que el PSE y el PNV aprobaron en el Parlamento vasco. La normativa salió adelante a comienzos de abril gracias a la abstención de EH Bildu y Elkarrekin Podemos. La normativa busca reconocer y resarcir a aquellas personas que sufrieron abusos policiales en Euskadi entre 1978 y 1999 en un contexto de motivación política. El texto de la ley, inicialmente aprobada en 2016, fue modificado parcialmente al no poder aplicarse tras ser en su día recurrida ante el Constitucional por el Gobierno de Mariano Rajoy. Con la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa, los socialistas lograron llegar a un acuerdo con el PNV para desbloquear la normativa, puliendo algunas de las cuestiones que pudieran no pasar la criba de los jueces. Por ejemplo, las solicitudes para ser reconocido como víctima no podrán derivar en denuncias judiciales contra los supuestos autores. Es más, solo abordará a casos prescritos, datados antes de 1999.

A diferencia de lo que ocurriera con el recurso registrado por el Ejecutivo de Rajoy, que paralizó de manera automática el desarrollo de la ley, en esta ocasión, al haber sido presentado por un partido, la normativa podría seguir adelante su tramitación. Es más, está previsto que el Gobierno vasco apruebe en los próximos meses el decreto que permitirá hacer efectiva la ley y abrirá a partir de septiembre el plazo para la presentación de solicitudes para ser considerado a nivel institucional víctima de abusos policiales. El riesgo, cabe señalar, es que el proceso judicial se alargue en el tiempo hasta el punto de que Lakua culmine los reconocimientos, o parte de ellos, y que el TC los eche a posteriori por tierra.

Ciudadanos alegó en su recurso de inconstitucionalidad que la ley puede invadir competencias reservadas al Poder Judicial y vulnerar garantías constitucionales como el derecho a la tutela judicial efectiva ya que, remarcaron, «en democracia, quien determina si han existido o no abusos son los jueces y no puede ser que lo determinen miembros de una comisión política integrada por el PNV y Bildu». La formación naranja llegó a tildar la normativa de «infamia» por buscar, advirtieron, «criminalizar la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, especialmente en su lucha contra el terrorismo». Esta misma tesis la expusieron también diferentes sindicatos policiales y el PP.