Un Concierto difícil de concertar

1 Es posible, aunque es una decisión que debe partir del cumplimiento de condiciones de partida importantes. La extensión del modelo implicaría apostar por un diseño que se asemejara al federalismo fiscal que se basa en la idea de que, si los entes de Gobierno no centrales tienen competencias para recaudar y son responsables de las políticas públicas, será más fácil conseguir buenos resultados que con una gestión centralizada.

2 Nuestra tradición foral implica que los vascos aceptamos y asumimos el riesgo de no recaudar lo suficiente para poder llevar a cabo las políticas públicas necesarias en épocas de recesión, que nuestras diputaciones forales asumen la responsabilidad de tener que ejercer una tarea, la recaudación de impuestos, que no siempre es bien recibida por los ciudadanos y que creemos que una gestión propia de los impuestos y gastos puede ser mejor que una gestión centralizada. Esto no ha sido así en todas las comunidades autónomas. Por otra parte, hay que reconocer que no ser foralista no implica no querer una descentralización fiscal bien diseñada. Combinar nuestro Concierto con un nuevo modelo de financiación exige analizar bien las particularidades y las exigencias de todas y cada una de las autonomías.

3 El Concierto Económico, recogido en la Ley 12/1981, fue analizado por el Gobierno catalán de la época y desechado. Por lo que sé, las razones para el rechazo eran del estilo «gravar impuestos no es una tarea agradable para ninguna institución pública», lo cual es cierto a no ser que cuente con la confianza plena de los ciudadanos, o la idea de que sin Concierto, pero con un grupo parlamentario catalán potente, también sería posible conseguir lo que Cataluña fuera a necesitar. Por estas razones creo que el modelo foral puede ser asimilable pero que necesitará de un análisis cuidadoso antes de poder implantarlo.

1 No, por razones fiscales, financieras y redistributivas. En el ámbito fiscal, España sería el único país del mundo donde el Gobierno central no podría establecer impuestos y dependería de los Cupos de las comunidades autónomas. Esto implicaría que no habría política fiscal en el país y que si los Cupos se definen como en la Comunidad Autónoma del País Vasco el Estado no podría pagar las competencias que tiene. Las empresas tendrían que tratar con 17 administraciones tributarias (21 con territorios forales y ciudades autónomas) que, además, deberían coordinarse a efectos de inspección y diseño de los impuestos.

2 Desde la perspectiva de las comunidades autónomas de régimen común, el problema que plantean los sistemas vasco y navarro no es tanto que recaudan los impuestos como que tienen muchos más recursos per cápita. Una de las razones es que la aportación a la solidaridad del Cupo y la aportación navarra son pequeñas cuando se trata de aportación a las cargas del Estado y casi nula cuando se trata de aportación a los gastos de otras autonomías. Ante esto caben dos opciones. La primera es aceptar que el País Vasco debe contribuir más a la solidaridad con otras comunidades. Una forma de hacerlo sería que la CAPV pagara vía Cupo una parte del Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales que es un fondo que se utiliza para financiar la educación, la sanidad y los servicios sociales en las comunidades de régimen común. La segunda opción sería argumentar que el Concierto es un acuerdo político que regula el encaje del País Vasco dentro del Estado y que, por tanto, no debe compararse con los acuerdos de otras autonomías.

3 Es casi imposible. El problema esencial de aplicar el modelo foral a Cataluña es financiero. Incluso en una estimación muy cauta, un Cupo bien definido supondría a Cataluña una ganancia de no menos de 7.000 millones de euros. Este dinero debería detraerse de lo que reciben otras comunidades o de un aumento de impuestos en toda España (salvo la CAPV y Navarra). Y esto es inviable.

1 El régimen del Concierto tiene problemas de imagen. Hay una suspicacia general que viene de la tendencia uniformizadora que curiosamente comparten la izquierda y la derecha. La izquierda por el temor al privilegio y la derecha por la inclinación homogeneizadora, que fácilmente le lleva a pensar que España se rompe. Desde esta perspectiva no se entiende del todo bien el reconocimiento constitucional de los derechos históricos, del que la especificidad fiscal viene a ser una consecuencia. Esto es una cosa y otra que el cálculo del Cupo y su renovación sean un modelo de claridad; y que la tramitación de su aprobación como ley con urgencia y lectura única sea la más indicada. Estas reticencias son compartidas por la opinión de un buen número de expertos que insisten en la sobrefinanciación comparativa de los poderes públicos vascos en comparación con el resto de las autonomías, que les permite afrontar con mayor facilidad el desempeño de las prestaciones más solicitadas del estado social

2 Es perfectamente posible admitir la licitud constitucional de los dos sistemas: el régimen general y el foral. Sin embargo, hay que aumentar la transparencia del Cupo y dar cuentas de cómo se calcula; flexibilizar la tramitación de la ley admitiendo enmiendas; y revisar si es suficiente la solidaridad a los fondos de compensación.

3 Es muy discutible que los problemas del sistema de financiación española se resuelvan con tratamientos más bien confederales, que complican su mecanismo de actuación y que reducirán su eficiencia. Creo que es un mal consejo, que aumentaría los factores centrífugos del Estado y pondría en peligro la igualdad de los españoles. Creo que es irresponsable sugerir la fragmentación de la Hacienda, como lo sería la de la organización judicial. Por lo que hace a los problemas de financiación de Cataluña, parecen razonables sus demandas en relación con la observancia del principio de ordinalidad y, quizás, con la solicitud de una hacienda propia para la gestión de los tributos propios y cedidos. Pero no parece prudente ir más allá, por lo menos en estos momentos, hasta que no se restaure el principio mínimo de funcionamiento de las formas descentralizadas políticamente, que es el de la lealtad federal.