ETA busca un aval internacional para su desaparición

Las votaciones en el debate interno puesto en marcha en los últimos meses por la organización ya desarmada están a punto de acabar, si no lo han hecho ya. El proceso ha contado con una amplia participación y un mayoritario apoyo a la decisión de desaparecer. Ahora será tiempo de añadir las aportaciones realizadas por los militantes y presos, y elaborar unas conclusiones que oficialicen «el cierre de ciclo y función», en el argot empleado por la organización en sus documentos de debate. Posteriormente, hará público su anuncio, probablemente en mayo o junio, a través de una metodología por decidir.

Es en la puesta en escena donde entra en juego el deseo de conseguir un aval internacional, un aspecto que hay que trabajar todavía, de cara al anuncio oficial que se prevé para antes de verano. ETA está desarrollando este camino en el marco del esquema internacional de la DDR (desarme, desmovilización y reintegración). Y en el caso de la segunda 'D', en la que se halla ahora el proceso, estos estándares de la ONU hablan de una desaparición basada en el «desmantelamiento de todas las estructuras militares, la transparencia, garantizar la seguridad de la ciudadanía» y la «cobertura internacional». En este punto se enmarcaría la necesidad de buscar el aval extranjero.

El respaldo de políticos y mediadores internacionales a las decisiones que ha adoptado ETA en los últimos años ha sido, en este sentido, una constante y esta vez no se quiere tampoco que sea una excepción, según los medios consultados. Es improbable que se repita una escenificación tan potente como la de la declaración internacional de Aiete que supuso una pista de aterrizaje en octubre de 2011 para el anuncio del final definitivo de la violencia. Aquel acto celebrado en la Casa de la Paz de San Sebastián estuvo encabezado nada menos que por el exsecretario general de la ONU Kofi Annan; el exprimer ministro irlandés Bertie Ahern; Jonathan Powell, exjefe de gabinete del exprimer ministro británico Tony Blair; el líder del Sinn Féin Gerry Adams; o la exprimera ministra noruega Gro Harlem Bruntland, entre otros. Meses después, trece expresidentes de diferentes países de América Latina se adhirieron al texto.

También hubo respaldo exterior, de menor dimensión, para acompañar el desarme el pasado 8 de abril, con presencia de la Comisión Internacional de Verificación encabezada por el ceilandés Ram Manikkalingam, y el sello eclesiástico de dos sacerdotes como el católico italiano Matteo Zuppi y el pastor protestante irlandés Harold Good. En principio, se desconoce qué políticos de otros países podrían implicarse en esta ocasión. El sudafricano Brian Currin, el principal facilitador en estos momentos del caso vasco, está trabajando, paralelamente, también en el cierre de ETA, en el que históricamente han colaborado, por ejemplo en el proceso de 2006, fundaciones europeas como la de Henri Dunant en Suiza o el propio Gobierno de Noruega.

Además del aval internacional, ETA espera que se repita el esquema del desarme de Baiona y que su decisión de desaparecer sea dada por buena por partidos e instituciones vascas, con los gobiernos vasco y navarro y la Mancomunidad de Iparralde a la cabeza. Las fuentes conocedoras del debate auguran que el calado de la decisión será de tal rotundidad que no debería quedar espacio para la duda para que fuerzas como el PNV o hasta el PSE la consideren positiva, como ocurrió con la entrega de armas de hace ya once meses.

En este sentido, en el debate ha habido síntomas que evidencian que la desaparición es irreversible. Algunas aportaciones surgidas en la reflexión interna, como la de mantener una especie de dirección de ETA simbólica o clandestina, han sido derrotadas y no se pondrán en práctica. También se ha conocido que el documento de debate desvela que están ya encarrilados algunos «intentos malintencionados» de apropiarse de la sigla.

También se descartó hace tiempo la posibilidad de refundarse en algún tipo de organización civil o política, como sí han hecho las FARC en Colombia. Los militantes de ETA están de acuerdo en que sea la izquierda abertzale quien siga manteniendo en el futuro el liderato en exclusiva del proceso independentista. ETA oficializó que delegaba en el EPPK la gestión de los presos, confirmando que la sigla de la organización deja de actuar como paraguas para los reclusos. En la banda asumen que el Gobierno central y el PP pueden poner objeciones por el hecho de que no se vaya a emplear la palabra «disolución» que exige el Ejecutivo español y determinados colectivos de víctimas. No obstante, en el precedente del desarme, con la aquiescencia del Gobierno francés, incluso el gabinete de Rajoy asumió que aquello suponía la entrega definitiva de las armas, más allá de matices.