Otegi afea al PNV por incumplir un pacto tácito de soberanistas al enmendar la Constitución

Otegi matizó su desmarque al expresar su «respeto» por la iniciativa, pero a la vez admitió cierta sorpresa porque la propuesta no ha sido consultada con nadie previamente. Los únicos partidos que, al final, han presentado alternativas han sido PNV y Junts. El acuerdo no escrito para evitar enmiendas pretendía evitar un aluvión de propuestas, propias de un período constituyente, al hilo de ese cambio 'técnico' de una palabra. En opinión de Otegi, los jeltzales han cometido «un gran error» porque «sabiendo que la enmienda no va a salir adelante, sólo van a generar frustración» .

Aunque aún no han adoptado una decisión definitiva, los aliados soberanistas de Pedro Sánchez se inclinan por apoyar la propuesta del PNV, que también ha planteado una decena de enmiendas.

Unidas Podemos no quiso este jueves valorar la propuesta jeltzale al insistir en que no les ha dado tiempo aún a estudiarla. El plazo para presentar las enmiendas finalizaba el miércoles a las seis de la tarde. Unidas Podemos defiende el derecho a decidir pactado que excluye cualquier dinámica unilateral. El fundador de Podemos, Pablo Iglesias, se ha envuelto en numerosas ocasiones con esta bandera.

El PNV ha sacado sus reivindicaciones clásicas de profundo significado político sin ocultar cierto malestar por las 'prisas' del Ejecutivo en zanjar el debate. Los nacionalistas son conscientes de que son reivindicaciones que no disponen de una relación de fuerzas favorable en el Estado español para salir adelante, pero sostienen que contribuirían a mejorar la calidad democrática y no están dispuestos a renunciar a su defensa ni a conceder a la izquierda abertzale el monopolio de este imaginario. La discusión -cuyo portazo está garantizado por parte de PSOE y PP- se convertirá previsiblemente en una pista de despegue hacia la defensa de la Directiva de Claridad que los nacionalistas buscan en la Unión Europea para presionar al Estado español. Esta nueva ley pretendería regular el reconocimiento y el derecho a decidir en las naciones sin Estado, con una serie de condiciones y garantías para su ejercicio acordado. La Directiva de Claridad no avalaría el derecho de autodeterminación unilateral, pero sí establecería la obligación de abrir una negociación entre las partes si se constata una mayoría clara que pide un cambio de estatus hacia la soberanía.

Los jeltzales vuelven a envolverse en la bandera del derecho a decidir «pactado», lo que excluye la vía unilateral por la secesión y dibuja en el horizonte la posibilidad de un referéndum acordado con el Gobierno central. Una reclamación que ya ha rechazado tajante el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. De haber alguna consulta, no será de autodeterminación sino para refrendar un acuerdo, es decir, para ratificar un nuevo pacto basado en una reforma de los estatutos de autonomía que sea viable con la Carta Magna.

En ese sentido, los jeltzales recuperan una petición histórica al pedir también que se suprima la función que el artículo 8 de la Constitución reserva al Ejército, al señalar que las Fuerzas Armadas «tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional». En opinión del PNV, este fue un artículo que se redactó en su día bajo la amenaza de una involución democrática, es decir, por el miedo al regreso a la dictadura. El criterio que han defendido en los últimos años de forma reiterada es que se trata de una disposición anacrónica que no se corresponde con una democracia madura y que otorga a las Fuerzas Armadas una facultad de tutela de los procesos políticos que no refleja la realidad del contexto europeo.

El PNV quiere potenciar, en todo caso, la vía de los derechos históricos -que consideran que es la fuente de legitimidad del autogobierno vasco- mediante la creación de una Sala Foral en el Tribunal Constitucional. Los jeltzales también proponen eliminar el articulo 155 de la Constitución, utilizado por el Estado en caso de que las comunidades autónomas hagan caso omiso a los llamamientos de las instituciones estatales, como ocurrió con el proceso soberanista puesto en marcha en Cataluña. El PNV también plantea la práctica supresión de la figura de la inviolabilidad constitucional del Rey.

A su vez, Junts ha pedido incluir una Ley de Amnistía a todos los que fueron encausados y condenados por el procés soberanista de 2017 y que anule todas las condenas del mismo. Junts propone también que la Constitución prohíba que el TC u otros jueces remitan mandatos en ejecución de sus resoluciones a los parlamentarios estatales o autonómicos.

Junts pretende añadir un apartado en la Constitución para establecer que «los vocales del Consejo General del Poder Judicial cesarán en todas sus funciones una vez haya finalizado el mandato de cinco años para el que fueron nombrados.