Las bases del nuevo estatus no contemplan la figura de aforado

Los diputados socialistas Adriana Lastra y Rafael Simancas hablan en el Congreso durante el pleno con los jeltzales Aitor Esteban y Mikel Legarda. /EFE
Los diputados socialistas Adriana Lastra y Rafael Simancas hablan en el Congreso durante el pleno con los jeltzales Aitor Esteban y Mikel Legarda. / EFE

La reforma exprés que plantea Sánchez no afectaría a Euskadi, que solo podría suprimir este régimen jurídico especial mediante un cambio estatutario

Ainhoa Muñoz
AINHOA MUÑOZSAN SEBASTIÁN.

Suprimir el régimen de aforado en la Comunidad Autónoma Vasca es un viejo debate que vuelve a estar candente desde que Pedro Sánchez plantease el lunes abordar una reforma exprés de la Constitución para eliminar el aforamiento de los cargos públicos, aunque solo en parte, ya que la propuesta del Gobierno central solo afectaría a los delitos cometidos por senadores y diputados -los únicos políticos a los que afecta esta medida en la Carta Magna- que no se hayan perpetrado «en el ejercicio estricto del cargo». En cualquier caso, Euskadi ya ha marcado el camino para erradicar este régimen jurídico especial al no incluir esta figura en las bases del nuevo estatus que han pactado PNV y EH Bildu en la ponencia de autogobierno del Parlamento Vasco. Un primer paso para acabar con los más de 400 aforados que hoy por hoy existen en el País Vasco.

La ausencia de la figura del aforado en las bases del nuevo estatus fue destacada ayer por el portavoz del Ejecutivo vasco, Josu Erkoreka, tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno. El también consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno recordó que las bases aprobadas por la ponencia no incluyen referencia alguna a esta figura, por lo que Erkoreka consideró que «se puede interpretar» que el borrador del nuevo estatuto autonómico pactado por las dos formaciones abertzales apunta en la dirección de eliminar los aforamientos.

El dato

400 aforamientos.
En Euskadi hay más de cuatro centenares de personas que están respaldados por este régimen. Entre ellos, los 75 parlamentarios vascos, el lehendakari y sus consejeros, el Ararteko, 230 jueces y 95 fiscales.

La reforma planteada por el presidente del Gobierno central no afectaría en ningún caso a Euskadi, ya que la supresión del régimen de aforado autonómico solo podría materializarse mediante una reforma estatutaria acordada en el Parlamento Vasco. El actual Estatuto de Gernika, de hecho, sí incluye la figura de aforado, por lo que habría que modificar los artículos 26.6 y 32 de la Carta autonómica que precisan que, tanto los miembros de la Cámara de Vitoria -los 75 parlamentarios-, como los miembros del Gobierno Vasco -el propio lehendakari, Iñigo Urkullu, y sus once consejeros- solo podrán ser juzgados durante su mandato por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, y no encausados por un tribunal ordinario si dichos cargos públicos cometen cualquier acto delictivo en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma Vasca.

Una vez que Sánchez ha vuelto a abrir el melón de la reforma de la Constitución, y siempre y cuando siga adelante en los mismos términos la reforma estatutaria pactada entre el PNV y EH Bildu, los políticos vascos que ejerzan su cargo en Euskadi se verán despojados de este régimen jurídico especial que muchos consideran un privilegio.

El Parlamento, favorable

Euskadi cuenta hoy con alrededor de 400 aforados. Entre ellos se encuentran los 75 parlamentarios que conforman la Cámara vasca, el lehendakari y todo su equipo de consejeros y el Ararteko (defensor del pueblo), así como 230 jueces y 95 fiscales. Por su parte, los 153 junteros de las tres cámaras forales -51 por cada territorio- no cuentan con este régimen jurídico especial, aunque sí están respaldados por la figura de la inviolabilidad. Todo un abanico de cargos que podrían ver su condición de aforados suprimida, en tanto en cuanto el propio Gobierno Vasco ya se ha mostrado en más de una ocasión favorable a suprimir esta figura jurídica y todos los grupos parlamentarios también.

El estatuto vasco

Artículo 26
6. Los miembros del Parlamento Vasco serán inviolables por los votos y opiniones que emitan en el ejercicio de su cargo. Durante su mandato, por los actos delictivos cometidos en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, no podrán ser detenidos ni retenidos sino en caso de flagrante delito, correspondiendo decidir, en todo caso, sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Fuera del País Vasco, la responsabilidad penal será exigible en los mismos términos ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
Artículo 32
2. El Presidente del Gobierno (lehendakari) y sus miembros, durante su mandato y por los actos delictivos cometidos en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, no podrán ser detenidos ni retenidos, sino en caso de flagrante delito, correspondiendo decidir, en todo caso, sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Fuera del País Vasco, la responsabilidad penal será exigible en los mismos términos ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

El Parlamento de Vitoria, de hecho, ya exigió por unanimidad durante la pasada legislatura acabar con este fuero especial, aunque jamás llegó a materializarse. Fue de la mano de UPyD cuando en la Cámara vasca se debatió, entre otras, suprimir la institución del aforamiento en el País Vasco como medida para combatir la corrupción. Aunque dicha reforma no llegó a salir adelante. Lo que sí se aprobó fue una enmienda presentada por el PSE-EE en la que se consideró «procedente» abrir un «proceso de examen, reflexión y adecuación del régimen de garantías de los cargos públicos y sus límites».

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