El archivo de ETA en Francia podría ayudar a esclarecer once atentados con 17 asesinados

La clave está en la fecha. Las autoridades judiciales francesas, en colaboración con el Gobierno galo, entregaron el pasado mes de febrero a España más de 300 armas y miles de documentos incautados a la banda terrorista en los últimos 20 años y que se hallaban en los procedimientos judiciales instruidos por el país vecino. El 'archivo de ETA' recoge, entre otros efectos, sumarios, grabaciones magnetofónicas de testimonios de dirigentes históricos, interrogatorios a empresarios secuestrados y hasta escuchas telefónicas. Pero todo ello, posterior al 98.

«Anteriores no hay», advirtió Azcárraga en una entrevista con este periódico. «Esclarecer casos previos a dicho año con los elementos que nos han llegado de Francia no va a ser posible», añadió. El fiscal para los crímenes sin resolver aseguró que, pese a dicho hándicap, se revisarán todos los casos teniendo en cuenta «las herramientas informáticas» de las que se dispone actualmente y el conocimiento que se tiene sobre la forma de actuar de la banda.

¿Cuál es la situación judicial de los atentados de ETA posteriores a 1998? Desde el 9 de enero de dicho año hasta el 30 de julio de 2009, cuando la banda causó sus dos últimas víctimas mortales en España -los guardias civiles Carlos Sáenz de Tejada y Diego Salvá-, los terroristas cometieron 62 asesinatos. Con un periodo de tregua: entre septiembre del 98 y diciembre del 99, cuando los contactos con ETA de PNV y EA culminaron en el Pacto de Estella.

De dichos crímenes, un total de 17 permanecen a día de hoy sin resolver, según los datos que barajan los servicios jurídicos de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT). En concreto, se trata de once atentados. Parte cuentan con condenas a colaboradores necesarios, pero ninguno de autor material.

En dicha lista figuran, entre otros, los casos del los ertzainas de Beasain Ana Isabel Arostegi y Javier Mijangos, el concejal socialista Froilán Elespe, el juez José María Lidón, el presidente del PP de Aragón Manuel Giménez Abad, y los policías nacionales Julián Embid y Bonifacio Martín, asesinados en Sangüesa.

Se da la circunstancia de que todos los sumarios se encuentran ya reabiertos. Salvo uno, apuntan desde la AVT. Se trata del asesinato en 1998 del que fuera concejal del PP en Errenteria Manuel Zamarreño, cuyo caso fue sobreseído provisionalmente un año después del atentado. La inmensa mayoría de los expedientes se retomaron judicialmente a partir de 2011 -el de Froilán Elespe fue en 2008-.

A modo de curiosidad, cabe destacar que cuatro casos se reabrieron hace tan solo tres años. Fueron los del magistrado del Tribunal Supremo Francisco de Querol y Lombardero -en el atentado fallecieron también su escolta, Jesús Escudero; su chófer, Armando Medina, y Jesús Sánchez, conductor de autobús-, el del político del PP Manuel Jiménez Abad, el del juez José María Lidón y el de los policías Julián Embid y Bonifacio Martín.

El último sumario reabierto recientemente por la Audiencia Nacional -se conoció hace apenas unos días- ha sido el asesinato del funcionario de prisiones Máximo Casado, perpetrado en 2000 en Vitoria y cuya autoría se desconocía. Varios informantes sí habían sido condenados por estos hechos.

Los documentos enviados desde Francia a las autoridades españolas apuntan al que fuera jefe del 'comando Donosti' José Ignacio Guridi Lasa, detenido en 2001, y a dos miembros de la banda como posibles responsables. Los tres se encuentran en prisión por otros atentados.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional y las Fuerzas de Seguridad del Estado multiplicaron los esfuerzos para acelerar cualquier trámite relacionado con los crímenes terroristas sin resolver a partir de 2011. Uno de los detonantes fue el minucioso listado que hizo público la entonces presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Maite Pagazaurtundua, junto con la exportavoz de Covite, Cristina Cuesta, y la abogada Carmen Ladrón de Guevara, y que cifraba en 349 el número de asesinatos de ETA sin autor conocido. Todos ellos posteriores al 77.

Con este estudio en la mano, arrancaron el compromiso de Ángel Juanes, en aquel momento presidente de la Audiencia Nacional, de estudiar individualmente cada uno de los casos. Desde entonces, se ha conseguido resolver la autoría de once asesinatos, con la condena de una quincena de etarras. Se trata, entre otros, de los asesinatos de Cecilio Gallego y Silvia Martínez (Santa Pola), Isaías Carrasco, Luis Conde, Inaxio Uria y Eduardo Puelles.