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koldo domínguez
Lunes, 6 de noviembre 2017, 12:30
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El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha confirmado esta mañana en Bilbao que la intervención de la Generalitat por parte del Gobierno central tiene fecha de caducidad: el 21 de diciembre. Con la celebración ese día de las elecciones autonómicas y la posterior formación de un nuevo Govern, la aplicación del artículo 155 de la Constitución dejará de tener sentido. «Estas medidas tenían por objetivo restaurar la legalidad constitucional y estatutaria en Cataluña y garantizar los derechos de los ciudadanos, y esas elecciones generarán un nuevo Parlamento y un nuevo Gobierno», ha asegurado el ministro durante un desayuno informativo en el Fórum Europa.
Catalá ha dejado claro, además, que el resultado que se derive de las urnas no influirá en la prolongación de las medidas, aunque el Ejecutivo que resulte elegido sea de mayoría independentista. «Ese hecho por sí mismo ni justifica ni motiva la adopción de medidas tan importantes», ha puntualizo. Eso sí, el ministro ha dejado caer que «ojalá» los nuevos responsables autonómicos se «comporten con la lealtad institucional y constitucional con la que históricamente se ha comportado» el Govern.
En relación a este tema, Catalá ha dejado claro que el Gobierno Rajoy ha sido «prudente y mesurado» en la aplicación del 155 y que hasta que se celebren esos comicios «no modificará» las medidas ya puestas en marcha y aprobadas por el Senado. «No hay tiempo material. No tiene sentido hacerlo», ha argumentado.
El titular de Justicia ha negado de forma tajante que el Gobierno no tiene previsto ilegalizar ningún partido catalán de cara a esas elecciones y que tanto Puigdemont como cualquier de sus consellers –estén en Bélgica o en prisión provisional en España–, incluido el exvicepresidente Junqueras, «podrán ser candidatos».
Sobre el expresident, el ministro Catalá ha asegurado que «no son comparables» los procedimientos abiertos contra él y cuatro exconsellers en España y en Bélgica, por lo que las medidas cautelares «tampoco pueden ser comparables». Según ha explicado, el abierto en España es un proceso judicial y en el que se sigue en Bélgica solo debe decidirse sobre el traslado a España de los cinco exdirigentes de la Generalitat. «Estoy convencido» –ha apuntado Catalá– «de que las euroórdenes tendrán un buen fin y acabarán resueltas favorablemente y las personas que están en este momento fuera de España se presentarán ante los tribunales españoles», ha añadido.
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