La Justicia alemana acepta extraditar a Puigdemont solo por malversación

La Justicia alemana acepta extraditar a Puigdemont solo por malversación

Descarta de nuevo la rebelión porque no se dio la violencia necesaria, según el Código Penal germano, ni el orden constitucional español fue amenazado

Mateo Balín
MATEO BALÍNMadrid

La Audiencia territorial del estado alemán de Schleswig-Holstein ha resuelto extraditar a España al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont por un delito de malversación de caudales públicos, pero no por rebelión, tal y como había adelantado en una primera resolución.

El tribunal, en contra del criterio de la Fiscalía del Land, también ha decidido que Puigdemont, procesado en rebeldía por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, siga en libertad provisional mientras se tramita su entrega a las autoridades judiciales españolas.

En línea con la decisión tomada hace pocos meses, el tribunal de Schleswig-Holstein, estado alemán donde fue detenido Puigdemont, ha señalado que el grado de violencia para imputarle rebelión es insuficiente según el Código Penal germano, cuya comparación es el delito de alta traición. Por este motivo, considera que los hechos sucedidos en Cataluña el 20 y 21 de septiembre y el 1 de octubre no alcanzan el grado de violencia requerible por la legislación penal alemana.

Puigdemont no ha sido un «líder espiritual» de la violencia, señala la resolución; el orden constitucional español no ha sido amenazado, ni se ha violado la paz social. El delito de rebelión por el que sí será juzgada el grueso de la cúpula secesionista conlleva penas de hasta 15 años de prisión y el de malversación, hasta ocho años de cárcel.

No es un perseguido político

Sin embargo, la Audiencia territorial de Schleswig-Holstein sí consideró «admisible» la petición de extradición por un presunto delito de malversación de fondos públicos en relación con la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre.

El escrito del tribunal asegura que Puigdemont pudo haber tenido una «corresponsabilidad» en decisiones que supusieron una carga para las arcas públicas, un extremo que, no obstante, subraya que se deberá sustanciar en un juicio en España.

Asimismo, el tribunal rechazó los argumentos de la defensa del líder soberanista, que pedía no extraditar a España porque era un perseguido político y no iba a poder tener allí un juicio justo. La Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein concluye que tiene una «confianza ilimitada» en que la Justicia española actuará en este caso dentro de los estándares que se esperan de la «comunidad de valores» y del «espacio de derecho común» de la Unión Europa.

La petición de Llarena

El tribunal alemán responde así al escrito que Llarena remitió el pasado mes de mayo, donde le recordaba que los delitos de rebelión y malversación no son los únicos por los que Puigdemont puede ser juzgado en el Supremo. Así, el juez destacaba que las conductas que se le atribuyen también podrían ser objeto de petición de condenas por otros tipos penales como la sedición o la conspiración para la rebelión. Por lo tanto, añadía, también se aceptaría la entrega de Puigdemont para juzgarle por estos delitos.

Con este movimiento, Llarena pretendía superar el obstáculo que supuso la decisión inicial del tribunal alemán, con el criterio en contra de la Fiscalía superior de Schleswig-Holstein, de rechazar la extradición del exmandatario catalán por un delito de rebelión pero no de malversación de caudales públicos, como finalmente ha sucedido.

La petición de Llarena tuvo lugar a finales de abril y ya se recoge su sentido en su último auto, en el que rechazó los recursos de reforma presentados tanto por Puigdemont como por otros 22 procesados en la causan del 'procés'. La resolución señalababa la posibilidad de que los hechos puedan ser calificados como conspiración para la rebelión o sedición, si bien no rechazaba el de rebelión al reafirmarse en que concurre el requisito de la violencia. La sedición, en cambio, conlleva penas más leves que la rebelión, hasta 15 años de prisión, y la conspiración para la rebelión reduciría la condena máxima a unos siete años.

Piden la intervención del Gobierno para sacar el 'procés' de los tribunales

El vicepresidente del Govern catalán, Pere Aragonés (ERC), ha defendido este jueves la intervención del Ejecutivo de Pedro Sánchez para sacar el 'procés' de los tribunales y derivarlo a una mesa de negociación política.

En rueda de prensa tras reunirse con la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha señalado que en reiteradas ocasiones han planteado al Ejecutivo que use los instrumentos de los que dispone para «aligerar esta situación», en alusión a la investigación judicial que mantiene en prisión preventiva o huidos en el extranjero a los responsables políticos del 'procés'.

«Lo que hemos planteado es que el Gobierno sabe que hay muchos instrumentos para poder sacar la cuestión del referéndum y de los hechos de octubre de los tribunales a la mesa de negociación política. Lo hemos dicho y saben de sobra los instrumentos que tienen», ha señalado ante los medios de comunicación en la sede de la delegación del Govern en Madrid.

Estos instrumentos son la Fiscalía, que presentó la querella contra los miembros del Govern, pero también la Abogacía del Estado, personada como parte en varios procedimientos que guardan relación con la misma causa, ha precisado.

Aragonés ha aprovechado la decisión de la justicia alemana de extraditar a España al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont sólo por el delito de malversación de fondos públicos, y no por rebelión, para presentarla como la prueba de que los conflictos políticos requieren una solución política y no se pueden dejar en manos de los tribunales.

Demuestra además, bajo su punto de vista, que la acusación de rebelión por la que están en prisión preventiva diez responsables del 'procés', entre ellos el expresidente Oriol Junqueras o la expresidenta del Parlament Carmen Forcadell, ambos de ERC, «no se aguanta» porque se trata de una «construcción jurídica artificial que no pasa la prueba del algodón en otras jurisdicciones europeas».

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